*No se puede postergar la transparencia en los
gobiernos municipales y la rendición de cuentas, señala el presidente de la
Comisión Permanente de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez.
Xalapa, Ver. | 04 diciembre de 2015
Tribuna Libre.- La prevención y el
combate a la corrupción son prioridad en la agenda legislativa y en los
distintos órdenes de gobierno, a fin de reducir los espacios de
discrecionalidad que propician prácticas corruptas, afirmó el diputado local
Francisco Garrido Sánchez.
Durante la Quinta
Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, mediante un
pronunciamiento, el Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia
consideró que no se puede postergar la transparencia en los gobiernos
municipales y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Recordó que con la
promulgación de la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional
Anticorrupción, el pasado 27 de mayo, se estableció las bases para que los
servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción sean
sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.
Destacó que para
alcanzar el mayor grado de eficacia, esta reforma contra la impunidad requiere
una armonización jurídica de las entidades federativas, y Veracruz no puede
permanecer rezagado ni atrincherado.
Exhortó a los
integrantes de la Legislatura local a asumir responsablemente la función
encomendada y apoyar la iniciativa del Gobernador del estado para que los
servidores públicos se apeguen a los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Dijo que, al
eliminar el fuero al titular del Gobierno del Estado, a sus secretarios de
despacho, presidentes municipales, síndicos y representantes de organismos
autónomos, se fortalece el Estado de Derecho y se da a la ciudadanía certeza de
que ningún funcionario estará protegido y puede ser sometido a juicio de manera
inmediata, como cualquier otro ciudadano.
Ponderó que con la
creación del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité Coordinador
Anticorrupción y la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, se
armoniza el sistema normativo y el andamiaje institucional, con la normativa
constitucional federal.
Por cuanto al
nombramiento del Contralor y la aprobación del mismo por el Congreso del
Estado, Garrido Sánchez externó que se afianza la obligación del Gobierno del
Estado, para cumplir como sujeto al escrutinio puntual de la sociedad.
“El ciudadano debe
tener garantizado su derecho constitucional de exigir a sus servidores el
debido cumplimiento de las funciones que le fueron confiadas en beneficio del
interés público”, concluyó.