Aquiles Córdova Morán | 18 abril de 2016
Tribuna Libre.- Durante la celebración del cuarenta
aniversario del Movimiento Antorchista Nacional, señalamos reiteradamente el
influjo negativo que sobre la pobreza y las desigualdades sociales ejercen una
política fiscal regresiva y un gasto social enfocado hacia los estratos más
ricos de la población. Señalamos también que cada día se hace más evidente y
urgente la necesidad de cambiar el modelo económico vigente por otro que
instrumente, entre otras medidas, una producción que preste más atención al
mercado nacional, un esquema recaudatorio esencialmente progresivo y una
enérgica reorientación del gasto social hacia los grupos económicamente más
vulnerables.
Pues bien, con gran preocupación hemos leído
el anuncio de la Secretaría De Hacienda (SHCP) de que se avecina un “ajuste
adicional” al gasto público, que esta vez será de 175 mil 100 millones de
pesos, medida indispensable ante la severa caída de los precios del petróleo.
Este recorte será el cuarto en un lapso de apenas un año y medio y, sumado a
los tres anteriores, hace un escalofriante total de 528 mil 400 millones de
pesos menos para el presupuesto de la federación. Según la misma Secretaría de
Hacienda, la pérdida afectará al 50% (18 de 36) de los programas a cargo de la
Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría
de Agricultura (SAGARPA); y no hay que ser adivino para entender que se habla
de cuantiosos recortes a programas destinados a aliviar la situación de los
menos favorecidos, es decir, que una vez más serán los pobres quienes paguen
los platos rotos que ellos no rompieron.
Puede ser que alguien piense que, puesto que
todo obedece a la caída de los precios del petróleo, sobre los cuales el país
no ejerce ningún control, la situación no es responsabilidad de nadie, y que
tampoco pudimos ni podemos hacer nada para evitarla, como nada puede hacerse
frente a un terremoto. Pero no es así. En primer lugar, es cosa sabida desde
hace mucho que una economía excesivamente dependiente de la exportación de
materias primas es una economía vulnerable, que estará siempre expuesta a los
vaivenes cíclicos del mercado de dichas materias, la cual, a su vez, depende
enteramente de los vaivenes del crecimiento económico mundial. Su recaudación
fiscal estará sujeta, por tanto, a esos mismos vaivenes: subirá en las fases de
auge y descenderá irremediablemente en las fases de contracción o recesión. El
remedio, difícil pero seguro, es un modelo económico que corra el acento, de la
exportación de materias primas a la fabricación de productos de alto valor
agregado, tanto para el mercado interno como para el mercado exterior. Es
decir, es el mismo remedio del que inútilmente habló el Movimiento Antorchista
en su cuarenta aniversario.
Pero en México nos aferramos a seguir
dependiendo de las exportaciones petroleras. El último informe de la CEPAL
titulado “Panorama Social de América Latina” y publicado en marzo de este año,
dice: “El escenario económico actual de caída de precios de materias primas
constituye una alerta a este respecto, pues los ingresos fiscales de varios
países de América Latina dependen en buena medida de productos no renovables.
Muestra de ello es que, entre los años 2005 y 2008, en promedio, el grado de
dependencia fiscal del sector de recursos no renovables de Bolivia
(hidrocarburos), Chile y Perú (minería), Colombia, Ecuador, México y Venezuela
(petróleo) fue del orden del 30% de los ingresos fiscales totales,
correspondientes a más del 7% del PIB”. Y podemos preguntarnos a la vista de
esto: ¿cuánto ha cambiado la situación desde entonces, es decir, desde 2008? La
respuesta nos la da, sin lugar a dudas, el anuncio de nuevos recortes que acaba
de hacer la SHCP. Y sigue la CEPAL: “Esto último es preocupante en el contexto
actual de desaceleración económica y sugiere la necesidad de apelar a medidas
de política fiscal que permiten asegurar los niveles de gasto social necesarios
para financiar en forma sostenible políticas sociales que garanticen los
derechos, y fortalecer su institucionalidad”.
Es decir, el informe no solo muestra que
vivimos en una economía que depende de las exportaciones de petróleo; también
aclara que si hoy nos vemos precisados a recortar el gasto social en programas
destinados a mejorar los niveles de bienestar
de los menos favorecidos, ello se debe, además, a una política fiscal
regresiva que no ingresa los recursos suficientes para financiar tales
programas. La CEPAL no vacila en calificar como derechos de la población vulnerable las necesidades que atienden
las políticas sociales, y afirma en consecuencia que esas políticas no deben
estar sujetas a los vaivenes de los ingresos fiscales, sino que deben
institucionalizarse, es decir, que se debe garantizar su permanencia
cualesquiera que sean los avatares de la economía. En otro lugar se dice que “…
en términos generales, el gasto social deberá ser neutro respecto al ciclo
económico (acíclico): los servicios de calidad para garantizar derechos
sociales como la educación, la salud y la protección social no deben depender
del ciclo económico”. Y se añade: “Complementariamente, en situaciones de
crisis económica, el gasto social debe ser contracíclico en lo que se refiere a
los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de políticas de
erradicación de la pobreza y protección del empleo”. Según nosotros, esto
significa que la crisis económica y la consiguiente baja de los ingresos
fiscales no solo no deben ser nunca justificación para reducir el gasto social,
sino que incluso deben provocar su incremento en sociedades donde la pobreza y
la desigualdad son graves y agudas, justamente como en el caso de México.
El informe no olvida la estabilidad
macroeconómica. El gasto social sostenido no debe poner en riesgo dicha
estabilidad. ¿Cómo lograr esto en época de crisis y en una economía
exageradamente dependiente de la venta de materias primas? La respuesta es
reformar la política fiscal. “La composición de los ingresos fiscales en
América Latina -explica- se caracteriza
por el peso cada vez mayor de los impuestos generales sobre el consumo de
bienes y servicios, y, en menor medida, por el incremento del peso de los
impuestos sobre ingresos y utilidades”. Es decir, como sostiene el Movimiento
Antorchista, se trata de una política fiscal regresiva que grava el consumo sin
hacer distinción alguna entre los consumidores y, en cambio, toca muy poco las
grandes utilidades. Más adelante se dice: “Los ingresos tributarios han
aumentado en las últimas décadas, pero este incremento ha sido paulatino y ha
dependido en gran medida de los impuestos al consumo, por un lado, y de los
ingresos generados por la tributación de las sociedades, por otro,
especialmente de las empresas del sector de recursos naturales”. Esto es un
financiamiento regresivo de las políticas sociales que depende de los productos
básicos. Palabras adelante se concluye: “…uno de los grandes desafíos de la
región, es fortalecer el impacto redistributivo del sistema tributario
(reformando el impuesto a la renta, combatiendo la elusión y la evasión fiscal
y reduciendo los tratamientos preferenciales).” O sea, hay que hacer de la
política fiscal una herramienta eficaz de la redistribución del ingreso, como
hemos sostenido nosotros.
De esto (y mucho más que dice el informe de
la CEPAL) se deduce que los aprietos de la SHCP para financiar los programas
sociales no derivan de una catástrofe natural, como un terremoto por ejemplo,
sino de un modelo económico que nos encadena a la exportación de petróleo y de
una política fiscal regresiva. Ambos obligan al presupuesto federal a seguir los
vaivenes del ciclo económico. Se trata, pues, de un problema conocido cuyo
remedio también se conoce: cambiar el modelo económico; hacernos menos
dependientes de las materias primas y cambiar la política fiscal actual por una
progresiva, que grave las grandes utilidades y no solo el consumo. Se dirá, y
es cierto, que hacer esto no es fácil porque hay poderosos intereses que se
oponen; pero nosotros pensamos que eso lo único que demuestra es la necesidad
de que el Gobierno se apoye en el pueblo organizado en vez de mirarlo como a un
enemigo más temible que quienes se oponen al progreso sostenido y sustentable
del país, con todos los peligros que semejante oposición incuba y acabará
desatando tarde o temprano.