* Otro documento interno * El comisionado y
el desastre financiero * Los “aviadores” * Héctor Yunes y la
denuncia penal * Tendrá que ir a la PGR por el caso de sus hermanos
“escoltas” * Tania Ponce no será suplente de María Inés * Rosalinda
y la inhabilitación * Papantla: más policías criminales * Rotter
insiste por el Verde * Perderá en tribunales * Yunes azul y su
propuesta de seguridad
Mussio Cárdenas Arellano | 02 abril de 2016
Tribuna Libre.- Todo se filtra en
el IPAX: fichas de control, permisos de portación de armas, implicados los
parientes policías de Héctor Yunes en un trámite fraudulento, su condición de
“escoltas del senador”, las pistolas, las matrículas, el engaño a la Sedena,
las listas de “aviadores”. Y ahora el adeudo del gobierno de Javier Duarte y el
PRI por 300 millones de pesos.
Nada cuida y nada
sabe resguardar Fernando González Ortiz, comisionado del Instituto de la
Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, hectoryunista que usa al IPAX como
ariete de sus ambiciones, para promover al candidato del PRI al microgobierno
de Veracruz, que obliga a la tropa a potenciar a Héctor Yunes, que amaga con
recortar personal si hay resistencia y que advierte que si su gallo priista no
gana la elección, el IPAX desaparecerá.
De su círculo más
cercano se filtran documentos que comprometen al comisionado y lo exhiben como
una nulidad en el cargo, violentada la secrecía, el sigilo de lo inconfesable,
evidencia pura del caos administrativo que vive el IPAX, dejando de cobrar
servicios de seguridad y del engaño a la Secretaría de la Defensa Nacional para
asignar permisos de portación de armas a los hermanos y el padre del candidato
Héctor Yunes, la asignación de armas, las Pietro Beretta, los dos cargadores y
los 30 cartuchos a cada una. (Ver: http://mussiocardenas.com/informe-rojo/112702/papa-hermanos-escoltas-hector-yunes
).
Del caos
financiero da cuenta una relación de pagos, pasada por las manos del “clan de
las novias”, documento que evidencia lo que no atiende Fernando González Ortiz,
casi 300 millones de pesos en servicios de seguridad que no recupera para
solventar la economía del IPAX. No es ese su objetivo. No es lo suyo hacerlo
rentable.
Su mayor deudor es
el gobierno de Veracruz, intocable para el comisionado, así escasee el recurso,
así tenga que despedir personal.
Debe el gobierno
de Veracruz más de 230 millones de pesos, sumado a ello los más de 4 millones
del PRI, 55 millones de deuda corriente y casi 7 millones de cobranza en
litigio. En total 298 millones 460 mil 503 pesos.
Detalla el
documento que de todas las dependencias citadas, la de mayor adeudo es la Secretaría
de Salud de Veracruz con 129 millones 843 mil 935 pesos.
Le sigue la
Secretaría de Gobierno, cuyo titular es Flavino Oaxaco, alias Flavino Ríos
Alvarado, con 58 millones 378 mil 542 pesos.
Otros deudores del
IPAX son: Secretaría de Educación, 8 millones 719 mil pesos; Secretaría de
Finanzas y Planeación, 11 millones 824 mil 484; Secretaría de Desarrollo
Social, 690 mil 293, y la Secretaría de Medio Ambiente, 440 mil 865.
Debe la Secretaría
de Seguridad Pública al IPAX, un millón 582 mil 225 pesos; la Coordinación de
Comunicación Social, 777 mil 431; Contraloría General, 371 mil 907;
Procuraduría General de Justicia (Fiscalía General), 3 millones 486 mil 313, y
la Secretaría de Protección Civil, 323 mil 611.
La Secretaría de
Desarrollo Agropecuario debe un millón 813 mil 929 pesos; Oficina del Programa
de Gobierno, 85 mil 738; Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 84 mil
661; Secretaría de Turismo y Cultura, 888 mil 821; DIF, 8 millones 188 mil 360;
COBAEV, 191 mil 824; COVECA, 62 mil 251; Congreso del Estado, 466 mil 840;
ICATVER, 3 millones 636 mil 815; IVEC, 229 mil 526; Instituto Veracruzano del
Deporte, 154 mil 428, y Radio Televisión de Veracruz 84 mil 086.
Cita el documento
el adeudo del PRI: 4 millones 94 mil 562 pesos. Y obvio, no lo cobra el
comisionado del IPAX. Es el partido de Fernando González Ortiz.
Por concepto de
deuda corriente, 55 millones 330 mil 157 pesos, y por cobranza en litigio, 6
millones 709 mil 35 pesos.
En suma, lo que ha
dejado de cobrar el IPAX son 298 millones 460 mil 503 pesos.
Tampoco cuida el
comisionado la información clave, explosiva, letal para el grupo en el poder.
Hay una relación de pagos a “aviadores”. Hay otros que por no hacer nada cobran
una fortuna. Hay cobro de servicios de seguridad que se ignora si alcanzaron
registro contable.
Cobran en el IPAX
“aviadores” menores y personajes ligados al poder, una juez, un notario, un
constructor, un dueño de antro que se habla con los malosos.
Van algunos,
incluido personal que sí trabaja en el IPAX pero cobra como ejecutivo, tomada
la relación de la cuenta de un usuario de Facebook: Ana María Cortés Martínez,
7 mil 734 pesos; la juez y “mujer del Muerto”, el ex líder estatal del PRI y ex
director de Tránsito, operador hectoryunista, Edmundo Martínez Zaleta, Edith Maribel
Flores López, 10 mil; Irais Benavides Bello, 8 mil 100; Martha Laura Contreras
Sánchez, 7 mil 700; Monserrat Ochoa Vega, 5 mil 400; Ofelia Landa Fuentes 7 mil
600; Sonia Lili López, 4 mil 700; Jesús Omar Romero Zapata, dueño de antro, 16
mil; Zaira Fabiola del Toro Olivares, 6 mil 200; Erika Castillo Salas,
secretaria particular, 40 mil; Berenice Castillo Salas, cuñada del capitán
Fernando González, 18 mil, y Fernando González Ortiz, alias el “Capitransas”,
alias “El Gavioto” por todas las propiedades que tiene, 80 mil.
Fernando González
es fan y verdugo de Héctor Yunes. Su descuido permitió la filtración de las
fichas de control con que se dio de alta a César y Rafael Yunes Landa, y a
César Yunes Faisal, vestidos de policías, trámite exigido en el IPAX para
incorporarlos a la licencia colectiva para portación de armas. O sea, una
simulación, un fraude, un engaño a la Sedena, una violación a la Ley de Armas
de Fuego y Explosivos.
Lunes 28. Ese día
queda radicada oficialmente la denuncia interpuesta el viernes 18 por el Grupo
Parlamentario del PAN en el Congreso de Veracruz para hallar a los responsables
del engaño de los Poliyunes, a la vista la consecuencias legales.
No fue un exhorto
de los diputados panistas a la Fiscalía General de Veracruz sino una denuncia
formal que consta de 22 fojas útiles. La recibió por parte de la Fiscalía,
Yolanda Olivares Pérez.
Otra denuncia se
canalizó hacia la Procuraduría General de la República por las implicaciones
federales del mal uso de la licencia colectiva otorgada por la Sedena a la
Policía Auxiliar de Veracruz, que inscribe en su estructura a particulares, los
disfraza de policías, los incorpora a la nómina, cobran salario o alguien
dispone de esos recursos, lo que equivale a peculado y hasta les asigna armas.
Así se construyó
el escándalo de los parientes policías de Héctor Yunes. (Ver:http://mussiocardenas.com/informe-rojo/112651/hector-yunes-los-parientes-policias-ipax-las-armas).
No invocaba
originalmente esas denuncias a Héctor Yunes. No estaba señalado como infractor.
Pero sí lo estará.
Cuando arremetió
el líder estatal del PRI, Felipe Amadeo Flores Espinoza, diciendo que lo
publicado en INFORME ROJO contenía información “falsa”, cuando la senadora
Ericka Ayala expreso que el caso Poliyunes era para “sembrar duda e
incertidumbre”, cuando el diputado José Ramón Gutiérrez de Velasco aseguró que
había confirmado que los hermanos y el padre del candidato del PRI no estaban
en nómina, cuando Héctor Yunes tildó la información que implica a su familia de
“señalamiento perverso”, provocaron que otro documento saliera a la luz
pública: la asignación de tres armas a los parientes de Héctor Yunes, ahí la
evidencia de que fueron acreditados como “escoltas del senador”. En ese
entonces Héctor Yunes era legislador, hoy candidato al gobierno de Veracruz.
Por eso tendrá que
comparecer ante la Procuraduría General de la República, quizá a media campaña.
Ahí habrá de explicar Héctor Yunes cómo su parentela policíaca tenía calidad de
escoltas suyos.
Y hay más.
Archivo muerto
Ayer mal, hoy
peor. Miles de votos tendrá Miguel Ángel Yunes Linares, pero en contra, con la
imposición de la ex priista —¿de veras habrá renunciado al PRI?— María Inés
Núñez Moreal, la zacatecana, como candidata de ese mazacote llamado alianza
PAN-PRD en el distrito Coatzacoalcos Urbano. Y otros miles de sufragios al
congelar a Tania Ponce Salinas, la joven estudiante de la Universidad
Veracruzana que habría de ser su suplente. Será compañera de fórmula —y de
derrota— Rosalinda Tolentino Escayola, ex secretaria general del PAN en Coatzacoalcos,
sí aguerrida, sí chambeadora, sí conciliadora con las tribus azules, sí
comprometida con Yunes Linares, pero con dos inhabilitaciones para desempeñar
cargo público federal en sus días en que ocupaba la Delegación de Migración,
una por acoso a migrante y la otra por negligencia administrativa (expedientes
ER-071/04 y ER-129/04). Húrguele tantito y ahí hay pus. A eso se le llama
dinamita pura: María Inés tiene pasado priista y su suplente revienta de un
momento a otro. Dinamita para estallar en el seno del PAN y en plena campaña.
Se suponía que María Inés, la zacatecana, sería propuesta del PRD pero terminó
siendo propuesta del minatitleco Edel Álvarez Peña, magistrado, ex líder del
PRI estatal y ex alcalde de Coatzacoalcos. Pero en sí María Inés Núñez Monreal
no aporta un sólo voto y sí resta a granel. Tania Ponce arrastraría el voto
universitario, el voto joven, mermando a Víctor Rodríguez, priista y
marcelista, que se nutre del voto-porro, de los pseudolíderes estudiantiles, y
a Amado Cruz Malpica, de Morena, con fans entre los universitarios por su
calidad de catedrático de la UV. Tania representaba el 40 por ciento del apoyo
que requería María Inés, pero no lo quisieron. ¿Qué despeñó a Tania Ponce
Salinas? Su simpatía por Juan Bueno Torio, esquirol duartista en la contienda,
con el que caminó hasta que el hoy candidato independiente, impugnado por el
fraude de las firmas de apoyo, se fue del PAN. Lo que son las incongruencias:
por ser buenista, Tania Ponce no pasa, y en otras regiones de Veracruz el PAN a
los buenistas les da cabida, caso Córdoba donde aún permanece en la disputa por
la candidatura Gely Sahagún contra Leticia López. A velocidad de ráfaga se
despeña Miguel Ángel Yunes Linares en Coatzacoalcos. Y los suyos le ayudan. Ni
Fidel Herrera ni Javier Duarte lo habrían hecho mejor… Criminal, la policía de
Javier Duarte sigue levantando inocentes y remitiéndolos a la muerte, a los
malosos, a la delincuencia de alto nivel. Ahora es Papantla, como antes fue
Tierra Blanca, donde más de 40 policías fueron intervenidos tras la
desaparición de tres jóvenes, y a siete de los uniformados, incluido el
comisario, se les imputa el levantón y quizá la muerte de las víctimas. Esa es
la policía duartista, que en norte, centro y sur de Veracruz actúa fuera de la
ley, sembrando angustia y dolor, ira y rencor, provocando la repulsa social.
Criminal, la policía de Arturo Bermúdez Zurita, el “general” postizo de
Seguridad Pública de Veracruz, ni siquiera aprueba los exámenes de control de
confianza, y ahí siguen. Ahora fue Papantla, con tres jóvenes desaparecidos a
manos de la policía de la pandilla duartista. Y así quiere el PRI ganar la
elección de gobernador… Una buena y una mala para Armando Rotter Maldonado: la
próxima semana será ungido candidato del Partido Verde a diputado local por el
distrito Coatzacoalcos Urbano, y su candidatura no tardará en ser cancelada.
Tiene la bendición del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y de su hijo Javier
Herrera Borunda, futuro sucesor de Héctor Yunes Landa si llegara a ganar la
microgubernatura el 5 de junio. Héctor le abrirá el camino al cachorro fiel.
Sólo que Armando Rotter incurre en una violación al Código Electoral: quien se
registra como precandidato de un partido no puede obtener registro por otro.
Así le ocurrió a Marcelo Ebrard, en la elección federal intermedia, en 2015,
primero contendiendo al interior del PRD y luego pretendiendo postularse por
Movimiento Ciudadano. Lo impugnaron, se fue al tribunal y perdió la
candidatura. A punto está Rotter de caer en ese supuesto legal… Lunes 4 de
abril. Presentará Miguel Ángel Yunes Linares su propuesta en materia de
seguridad. Lo hará en Coatzacoalcos, acompañado de María Elena Morera,
presidenta de la asociación Causa en Común, una de las más críticas del
desastre duartista, cuyo consejo es que Javier Duarte sea investigado y llamado
a explicar la barbarie, la violencia y la responsabilidad de su policía en el
baño de sangre que agobia a los veracruzanos…
