*Con 28 votos a favor, 15 en contra y ninguna
abstención, diputadas y diputados avalaron esta ley a fin de dar cumplimiento a
la Ley General de Transparencia.
Xalapa, Ver. | 27 mayo de 2016
Tribuna Libre.- Las diputadas y
diputados de La LXIII Legislatura de Veracruz aprobaron por mayoría de votos la
nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado que
regulará y garantizará el derecho del ciudadano para acceder a la información y
mediante la cual los sujetos obligados deberán brindarla.
Con 28 votos a
favor, 15 en contra y ninguna abstención avalaron esta ley a fin de dar
cumplimiento a la Ley General de Transparencia que mandata incorporar en las
legislaciones estatales una ley que regule y garantice al ciudadano el libre
acceso a la información pública.
Toda persona tiene
el derecho de obtener información, así como de consultar documentos y a obtener
copia o reproducciones gráficas o electrónicas, simples o certificadas. No será
necesario acreditar interés legítimo para solicitar y acceder a la información
pública.
Esta nueva ley
considera que el acceso a la información pública es gratuito y sólo podrá
requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de la entrega de
reproducción y entrega solicitada.
Los sujetos
obligados procurarán reducir los costos por reproducción, proporcionando la
información a los particulares por medios electrónicos o electromagnéticos.
Son sujetos
obligados de esta ley, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como
ayuntamientos o concejos municipales; organismos descentralizados y
desconcentrados de la Administración Pública Estatal y Municipal; los sistemas
operadores de agua y saneamiento; organismos autónomos del Estado;
universidades públicas e instituciones de educación superior pública dotadas de
autonomía y partidos políticos y asociaciones.
También los
fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público, parcial
o total, o con participación de entidades de gobierno; organizaciones de la
sociedad civil constituidas conforme a las leyes mexicanas; los sindicatos; los
candidatos independientes y cualquier persona física o moral que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los
municipios.
Notarios Públicos no son sujetos obligados
No incluye a los
notarios públicos en el listado de sujetos obligados, pues sólo les señala
obligaciones específicas y no comunes, como al resto de quienes tienen tal
carácter. Su función es delegada y no los convierte en servidores públicos, por
no recibir remuneración con cargo al erario público.
El objetivo de
esta ley, -indica el dictamen- es promover,
fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la
función pública, el acceso a la información y la participación ciudadana, así
como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas
públicas.
Para dar
cumplimiento a esta norma, los sujetos obligados tendrán que constituir el
Comité y las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento;
designar a los titulares de dichas unidades y nombrar a los servidores públicos
que la integren; proporcionar capacitación continua y especializada al
personal; mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental;
permitir a los servidores públicos del Instituto el acceso a la información
pública y a los archivos administrativos, para verificar el cumplimiento de las
obligaciones que les impone esta Ley, entre otros.
Es considerada
como información reservada y no podrá difundirse lo relativo a lo que pueda
poner en riesgo a la vida, seguridad o salud de una persona física; lo que
obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; que
obstaculice la prevención o persecución de delitos.
La que vulnere la
conducción de los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio; investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante la Fiscalía General del Estado y la contenida en las
revisiones y auditorías realizadas por los órganos de control o de
fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten ante la autoridad
competente las conclusiones respectivas en los procedimientos consecuentes.
Posicionamientos
En la etapa de
posicionamientos del Dictamen, el diputado Domingo Bahena Corbalá, luego de
reconocer el trabajo de las comisiones de Justicia, de Transparencia y las
aportaciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y de
los ciudadanos que acudieron al palacio legislativo para fortalecer esta
ley, celebró la aprobación de esta
norma, porque –añadió- la transparencia y la rendición de cuentas van
vinculadas.
Dijo que esta
legislación permitirá a los ciudadanos conocer si es verdad o no lo que hace la
autoridad. “Acabó el tiempo cuando el ciudadano creía todo lo que dice el
gobierno, hoy todo podrá ser revisado por los ciudadanos”, expuso.
Sin embargo, el
voto de su bancada fue en contra porque el dictamen de Ley de Transparencia,
-indicó- no da cumplimiento a la Ley General de Disciplina Financiera, en
relación a la responsabilidad hacendaria.
El presidente de
la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputado Ciro Gonzalo Félix
Porras sostuvo que la transparencia es una exigencia social y Veracruz da un
gran paso en el cumplimiento a las peticiones de la población.
En el análisis de
esta ley, aseguró, fue incluido el 95 por ciento de las propuestas de todos los
que participaron. Esta legislación no tiene siglas partidistas, sino que
representa una respuesta a las demandas de los veracruzanos por conocer
números, movimientos y todo lo relacionado con el uso de los recursos públicos.
Discusión en lo General
El diputado
Francisco Garrido Sánchez expresó que al no dar lectura al dictamen desconocía
si sus aportaciones fueron incorporadas, por lo tanto su voto fue en contra.
El legislador José
Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos expuso que esta legislación no es exclusiva de Veracruz, sino de varias
entidades del país. Criticó la postura de los diputados que votaron en contra
porque –dijo- sus aportaciones fueron tomadas en cuenta para que los ciudadanos
tengan las herramientas en información de los actos públicos y ello garantizará
la confianza social.
En su segunda
intervención, el diputado Domingo Bahena Corbalá expresó que no hay razones
para reservar la información de las auditorías del Órgano de Fiscalización
Superior del estado (Orfis).
La vocal de la
comisión de Transparencia y Acceso a la Información, diputada Marcela Aguilera
Landeta explicó que el Congreso de Veracruz adecúa esta ley a la normatividad
general para transparentar el quehacer gubernamental para responder a la
sociedad que exige que los servidores públicos trabajen correctamente.
Reserva de artículos
La diputada Ana
Cristina Ledezma López reservó el artículo 68 al considerar que no debe haber
una simulación y restringir el acceso a la información pública. “Nuestra
responsabilidad es adecuarnos a lo que marca la ley general de transparencia y
aquí le estamos colocando una traba para reservar información del Orfis”.
Con relación al
artículo 88, el legislador Jorge Vera Hernández anotó que es necesario que
además del Informe anual, el presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, debe comparecer ante el
Congreso del Estado para ampliar la información.
Ambas propuestas
fueron desechadas por la mayoría del Pleno legislativo.