*Este martes 31 de mayo a las 24:00 vence el plazo
de entrega en la Secretaría General del Congreso del Estado.
Xalapa, Ver. | 31 mayo de 2016
Tribuna Libre.- Más de 5 mil
servidores públicos, titulares y mandos medios del Poder Legislativo;
organismos autónomos y de los 212 ayuntamientos de la entidad, así como organismos
paramunicipales operadores de agua, presentarían su declaración de situación
patrimonial, cuyo plazo concluye este martes 31 de mayo a las 24:00 horas,
informó el secretario general del Congreso del Estado, Francisco Portilla
Bonilla.
El funcionario explicó
que con esta obligación los servidores públicos dan cumplimiento a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 80, que establece que la
declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes
plazos: dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión; en
los 30 días naturales siguientes a la conclusión del encargo y durante el mes
de mayo de cada año, como es el caso que hoy ocupa.
La declaración
-contenida en un formato establecido-
deberá presentarse acompañada, en su caso, de una copia de la
declaración anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.
Portilla Bonilla
precisó que hasta ahora han entregado sus declaraciones diputados y mandos medios
de la LXIII Legislatura Local; de la Fiscalía General del Estado; las
comisiones estatales de Derechos Humanos (CEDH) y para la Atención y Protección
de los Periodistas (CEAPP); la Universidad Veracruzana (UV), el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).
El Secretario
General del Congreso mencionó que en la oficina a su cargo, personal
administrativo recibe los documentos citados para su revisión, clasificación y
archivo que serán útiles cuando la autoridad competente y el servidor público
deseen consultarlos para fines de comparación de ingresos y egresos.
De incumplir con
la entrega -afirmó Francisco Portilla- las sanciones a las que pueden ser sujetos los servidores es la
inhabilitación para ocupar cargos públicos y la destitución, en su caso.