*Al menos 107 ayuntamientos, deberán avalar las
reformas constitucionales para que –previa declaratoria- sean promulgadas en la
Gaceta Oficial del Estado.
Xalapa, Ver. | 21 mayo de 2016
Tribuna Libre.- Luego que el pleno
de la LXIII Legislatura de Veracruz aprobó -en su segunda etapa-
las reformas constitucionales para eliminar el fuero a servidores públicos; la
creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la
disposición para que el Congreso del Estado designe al titular de la
Contraloría General del Estado, ahora corresponde que al menos 107 (de los 212)
ayuntamientos avale este decreto, precisó la diputada Marcela Aguilera Landeta.
La presidenta de
la Comisión Permanente de Procuración de Justicia refirió que los miembros del
Congreso del Estado aprobaron este 19 de mayo durante la tercera sesión
ordinaria las reformas a los artículos 33, 49, 67, 76 y 78 para crear el
Sistema Estatal Anticorrupción.
Al tratarse de
reformas a la carta magna del estado y luego de la segunda aprobación -sostuvo-
toca el turno a los ayuntamientos para que en un plazo máximo de 60 días
realicen una sesión de Cabildo para emitir el sentido de su voto y enviarlo a
la Secretaría General del Congreso del Estado a fin de conjuntar el total
de la votación y enlistarla en alguna sesión para conocimiento del Pleno.
De darse una
aprobación mayoritaria por parte de los Cabildos a estas tres reformas
constitucionales la LXIII Legislatura emitirá la declaratoria y la remitirá al
Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y por
ende entrarán en vigor.
La diputada –vocal
de la comisión de Transparencia y Acceso a la Información- manifestó que no
habrá la retroactividad de la ley dado que el artículo 14 de la Constitución
General de la República lo prohíbe. Por regla general solo las reformas en
beneficio de las personas son retroactivas, añadió.
La modificación a
los artículos 76 y 78 de la Constitución local, advirtió la legisladora, fue
para eliminar el fuero conferido al Ejecutivo estatal, a los secretarios de
despacho, al contralor general, presidentes municipales y síndicos, o miembros
de los Concejos, así como el secretario ejecutivo y consejeros y del Instituto
Electoral Veracruzano (Organismo Público Local Electoral) y de igual
modo, los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
(IVAI).
Los diputados,
magistrados y los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) conservan el fuero constitucional
es porque -explicó la diputada- la reforma traía esa consideración de origen,
“los diputados no manejamos recursos como sucede con las autoridades
municipales, que es ahí donde más aluden al fuero para no rendir cuentas”.
Para el caso de
diputados, magistrados, fiscal general y el titular de la CEDH la
legislación actual contempla el procedimiento marcado en la Ley de Juicio
Político y Declaración de Procedencia. Por lo que en caso de algún delito
cometido por estos si pueden perder el fuero constitucional, previo
procedimiento apegado a principios de legalidad y audiencia, dijo Aguilera
Landeta.
La reforma al
artículo 67 constitucional, manifestó, es para crear una Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción cuyo titular –además de reunir los requisitos de
ley- durará en cargo 5 años y podría ser removido por el fiscal general. El
objetivo de esta instancia será coadyuvar a la disminución de los índices de
corrupción.
Al detallar los
beneficios que traerá consigo el Sistema Estatal Anticorrupción, la diputada
refirió que la reforma a los artículos 33 y 49 de la Constitución es para que
por las dos terceras partes de los miembros del Congreso local designar a quien
ocupará la titularidad de la Contraloría General del Estado.
Aunado a esta
disposición está la instauración de un Comité Coordinador Anticorrupción, mismo
que estará integrado por los titulares en el Estado del Órgano de Fiscalización
Superior, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la CGE,
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la CEDH y del IVAI, un
miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal y un
representante ciudadano destacado por su contribución en el combate a la
corrupción.