*A tres días de que se venza el plazo para la
entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, estas entidades tienen
rezagos en la implementación.
Ciudad de México. | 16 junio
de 2016
Tribuna Libre.- Los estados
tuvieron ocho años para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal, pero a
tres días de que se agote el plazo para la entrada en vigor en todo el país,
hay siete entidades que tiene rezagos en la puesta en marcha.
De acuerdo con
cifras de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador de Implementación del
Sistema de Justicia Penal (Setec), hasta el pasado martes, Baja California,
Baja California Sur, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Nayarit
operaban parcialmente el nuevo sistema, aunque este último estaría por estar al
100% este mismo día.
En ocho años, la
reforma penal aprobada en 2008 avanzó lento: En 2012, solo 3 estados habían
implementado el sistema totalmente, 9 parcialmente y en 20 no operaba, para
mayo de 2016, a días de la entrada en vigor en 25 estados operan totalmente y 7
de manera parcial.
En entrevista,
María de los Ángeles Fromow, titular de la Setec, señaló que con este avance,
el porcentaje de población cubierta por el nuevo sistema en las entidades es
del 94.6 por ciento, lo que equivale a 114 millones 469 mil 201 habitantes del
país.
Para Fromow uno de
los retos es la profesionalización, pues señala que no basta la capacitación
pues ahora se deben garantizar que haya profesionales en todas las áreas clave
del nuevo sistema.
“Hay que lograr
tener profesionales en las áreas esenciales de este sistema, no sólo los
policías sino también los peritos, los policías de investigación, los
ministerios públicos, los jueces y los magistrados”, señala en entrevista con
Expansión.
El nuevo sistema
de justicia debe implementarse por mandato constitucional en los estados para
atender delitos federales y del fuero común y a nivel federal, la reforma penal
ya se implementó en todo el país.
Millones para infraestructura
Para poder llegar
con la infraestructura correcta a la entrada el vigor el 18 de junio, las
entidades han recurrido a planes de arrendamiento y remodelaciones de
instalaciones para poder llevar a cabo el nuevo sistema acusatorio a través de
los juicios orales.
Sobre esto, Fromow
prevé que en dos o tres años se tendrá la infraestructura al 100% y señala que
se requerirá una inversión constante para mantener el equipo tecnológico
actualizado, ya que se calcula tiene una vida de 5 años.
De acuerdo con un
esquema elaborado por la Setec, hasta el 2030 se deberán invertir 50,000
millones de pesos para que el sistema de justicia se mantenga actualizado en
equipamiento e infraestructura.
“Tuvimos que
partir prácticamente de cero para lograr lugares dignos y modernos para que la
ciudadanía acceda a la justicia, tenemos que mantenerlos y fortalecerlos,
tenemos que lograr la interconexión de todas las bases de información de todo
el país”, aseguró.
Rezago preocupante
Para
organizaciones de la sociedad civil, adías que se cumpla el plazo fatal para la
implementación, hay pendientes que son preocupantes.
De acuerdo con
Guadalupe Álvarez, coordinadora de Investigación de la organización Asistencia
Legal por los Derechos Humanos, que conforma el Observatorio Ciudadano del
Sistema de Justicia, el tema de ejecución de sentencias es el que presenta
mayor rezago.
La activista
señala que no hay instalaciones adecuadas en esta materia en centros
carcelarios y juzgados de sanciones ni buenos programas de reinserción social,
ya que se han atendido otros temas y se ha dejado de lado el eslabón del
Sistema Penitenciario.
“Sobre reinserción
no se ha hecho nada porque debería haber un seguimiento post penitenciario y
cambiar la forma en que se ve el tratamiento dentro y fuera de prisión”,
enfatiza.
Por su parte,
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad,
Justicia y Legalidad, considera que la capacitación a los operadores del
sistema no ha dado los resultados esperados, pues continúan conductas
arbitrarias en ministerios públicos y policías que no se apegan al debido
proceso, además de que sigue habiendo fallas en la cadena de custodia.
“Sigue habiendo un
pendiente en materia de capacitación sustantiva, no porque la gente haya sido
capacitada quiere decir que hemos logrado darle la vuelta a conductas que son
las que no queremos ver en nuestros ministerios públicos, seguimos viendo
actitudes y acciones donde nos parece que lo que sigue sucediendo es la
arbitrariedad en las acciones del Ministerio Público y policías”, señala.
Los beneficios
A pesar de los
rezagos en su implementación, el nuevo sistema de justicia penal ya comenzó a
arrojar beneficios como la resolución de casos a través de mecanismos alternos
de solución de controversias.
En 2014, al menos
120 mil asuntos fueron resueltos a través de estos mecanismos, reduciendo a 30
días la solución, además que aproximadamente 15 mil personas evitaron la
prisión.
Con el sistema
anterior, un caso tardaba en resolverse entre 170 y 180 días, mientras que con
la reforma, suponiendo que se llegue a la etapa de juicio oral, el proceso
tardaría 96 días.
A esto, se suman
los beneficios económicos, ya que antes una averiguación previa costaba 15,198
pesos y ahora 1, 566pesos a través de las salidas alternas o medidas
anticipadas.