Xalapa, Ver. | 20 junio de 2016
Tribuna Libre.- En los últimos dos
meses su carga de trabajo se había incrementado de manera considerable. Desde
su cargo de proyectista del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV), donde
asistía a magistrados a emitir sus fallos sobre controversias electorales,
vislumbró los problemas electorales de Veracruz en 2013.
Tras los comicios
de julio, la entidad reportó más impugnaciones que ninguna otra en el país. Y
la carga de trabajo elevaba las horas dentro de la oficina. Quizás conscientes
de esto, la madrugada del 15 de agosto, tres sujetos desconocidos lo esperaron
afuera de su casa, ubicada en la colonia Buenavista, de Xalapa, capital del
estado.
Apenas bajó de su
vehículo, un Chevorlet Malibu 2008, dos hombres se le acercaron y después de un
forcejeo Rafael Espinosa Gutiérrez fue subido de nuevo al auto, en el asiento
de copiloto. Atrás, un carro apuntaba la escena con fanales, luces que se usan
en caso de escasa visibilidad. También muy cerca, pero dentro de la casa,
Claudia Ruíz, esposa de Espinosa Gutiérrez, observaba por una ventana hasta que
fue descubierta por la tercera persona que participó en la operación. Una
mujer, quien al verla chifló para alertar a sus compañeros y la obligó a
esconderse. En minutos todo terminó. Los tres sujetos partieron llevándose a su
marido con rumbo desconocido.
La familia del
abogado Espinosa inició las primeras diligencias para dar con su paradero. No
tardaron en acudir al Ministerio Público de la capital del estado. Aún de
madrugada, Ruíz llegó y se encontró con que no había personal de guardia; sólo
estaba el policía que cuidaba del recinto. De esta forma, las primeras horas de
la desaparición transcurrieron sin el conocimiento oficial de las autoridades.
“Yo he estado en
toda esa acotación de la búsqueda y cuando tenemos algún caso de desaparición
nosotros tenemos un camino para recorrer inmediatamente, y si yo tuviera un
jefe Magistrado lo que esperaría de él es que le hablara al Procurador y al
director de Seguridad Pública, y que vigilaran la carretera. Independientemente
de que recibieran la denuncia o no”, dice María Elena Gutiérrez Domínguez, tía
de Rafael.
Espinosa, de 37
años, fungía en el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta como subalterno del
Magistrado José Lorenzo Álvarez Montero. Hoy, en retrospectiva, la familia
considera que el funcionario no hizo nada por dar aviso, pese a que ellos le
informaron de la desaparición.
Un oficio
realizado por Rosalía Gutiérrez Domínguez y dirigido al entonces Procurador de
Justicia local, Amadeo Flores Espinosa –hoy presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– hizo que el mandatario
las refiriera con a la Unidad Especializada del Combate al Secuestro (UECS),
bajo el mando de Jorge Arturo Rodríguez Pucheta.
La denuncia número
VIPJ/MPT/91/2013 no fue clasificada como un secuestro. No obstante, la UECS se
limitó a proporcionar coadyuvancia en las investigaciones.
“Dicen que no,
porque como no han recibido una llamada de extorsión no es tipificado como
secuestro. Así es aquí. Tienen que recibir la llamada, haberla grabado o
entregar el número del teléfono desde donde se hace la extorsión”, relata Elena
Gutiérrez.
Entre tanto otros
funcionarios de la Fiscalía consideraron que por el tipo de luz del vehículo
pudo ser la policía la que perpetró la captura. “Es un comentario fuerte,
aunque no lo haya grabado ni nada, aunque no hayan vuelto a reconocerlo, yo lo
escuché”, afirma la tía de Rafael González.
De enero del 2011
hasta septiembre del 2013 hubo en Veracruz 234 denuncias de secuestro, de
acuerdo con cifras de la asociación civil México Unido contra la Delincuencia.
En noviembre del
2013, el vehículo de Rafael Espinosa es hallado quemado. Las autoridades dieron
con el auto gracias a la denuncia de un poblador de la localidad de
Soyacuautla, municipio de Actopan. De acuerdo con la versión de la familia, una
declaración ministerial apuntó a que el vehículo estuvo parado desde septiembre
en un terreno baldío de la comunidad.
A partir de ahí,
una nueva reunión con personal de la UECS levantó las suspicacias de la familia
de Rafael.
“Yo me imagino que
con el carro quemado dijeron: ‘estas viejitas ya no van a seguir preguntando’
[en referencia a la madre y tía de Rafael]. Pero se equivocaron. De repente, en
el expediente apareció una foto donde entran a una casa que está cerca de donde
apareció el carro, como a 100 metros. Ahí tenían secuestrado a un niño”.
En la foto aparece
la madre del secuestrador, de nombre Antonio Domínguez, entregando unas llaves
y un celular. La esposa de Rafael reconoció que la llave podría corresponder al
Malibu, relata María Elena.
“La mamá del
secuestrador dice que cuando llega la policía tomaron la llave y el chip del
celular, que estaba ahí. Es importante porque si había un vínculo [entre el
secuestrador y la desaparición de Rubén] a lo mejor estaba en esa sábana del
chip y aparecían las llamadas, pero nunca han aceptado que existió el chip”. En
un primer momento, la UECS dijo a la tía de Rafael que tenían el chip; sin
embargo, tiempo después negaron tenerla.
CONTROVERSIA ELECTORAL
Un día había
pasado desde la desaparición del proyectista del Tribunal, cuando el presidente
de esa institución accedió a hablar con los medios. Era el 16 de agosto del
2013 y Daniel Ruíz Morales salió a negar que la desaparición estuviera
vinculada con la resolución de los conflictos electorales de los comicios
realizados el 7 de julio.
Apenas unas horas
antes de la desaparición de Espinosa, el TEEV había decidido hacer un recuento
de 19 casillas de las votaciones por la Presidencia Municipal del municipio Río
Blanco.
Pero ésta no fue
la única localidad donde hubo controversias. A una semana de la celebración de
los comicios, el Tribunal contabilizó 183 impugnaciones, el 26 por ciento de
las presentadas en 14 entidades. La jornada electoral en municipios como Alto
Lucero, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Cosoloeacaque, Chalma y Las Choapas
estuvo marcada por el robo y la quema de casillas. En los procesos referidos al
TEEV, sin embargo, la línea electoral no fue abordada por las autoridades.
El Artículo 7 (2) (i)
del Estatuto de Roma define el delito de “desaparición forzada de personas”
como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o
una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia”.
“Y se deja esa
línea de investigación de que fuera por una situación electoral de fuera. Nunca
la tomaron como línea de investigación. Personas nos decían, no quiten el dedo
del renglón. En esa época entraban cajas y cajas de dinero al Tribunal. No lo
creíamos. Pero ahora acabamos de ver en Internet que hay una maleta llena de
dinero que tiene la secretaria de Héctor Yunes. Entran muchas cajas sin dinero,
ahí está el origen de la desaparición de Rafael. El estado hace todo lo posible
porque sea desaparición”, dice Gutiérrez.
“Yo creo que fue
una desaparición forzada por el Estado, el origen no sé. A lo mejor sabía
mucho. A lo mejor fue un problema de delincuencia electoral, no sé no tengo
ningún elemento. Pero lo que sí sé es que el Estado desde el principio no hizo
las cosas como las tenía que hacer”, considera María Elena Gutiérrez.
BÚSQUEDA EN LAS FOSAS
En abril los
familiares de desaparecidos en el estado emprendieron para visitar fosas. En la
imagen otras fosas clandestinas, ubicadas en Medellín de Bravo.
Una fosa
descubierta en el Puerto de Veracruz hizo que en abril del año pasado María
Elena, miembro del Colectivo por la Paz, encabezara una misión de búsqueda de
desaparecidos.
“Nosotros casi
obligamos a la Fiscalía de Veracruz a que nos llevaran a ese lugar. Estaba en
el recinto portuario. Y se había declarado que ahí había cuerpos enterrados.
Tampoco éramos especialistas en búsquedas de fosas clandestinas, era nuestro
primer enfrentamiento con esa situación horrible”, recuerda Elena Gutiérrez.
En marzo, la
Fiscalía del estado reconoció que al menos 80 cuerpos que se encontraban en el
Servicio Forense de Boca del Río habían sido inhumados en el área. Pero el
cuerpo de Rafael no apareció.
“La Dirección
General de Servicios Periciales inhumó restos de 80 cadáveres en el panteón
municipal de Veracruz, después de haberse recabado sus muestras biológicas para
los análisis periciales correspondientes, en cumplimiento a los protocolos
nacionales de identificación de personas”, informó la dependencia.
Los familiares
presumen que la mayoría de estas personas fueron víctimas de violencia.
Después de un largo
recorrido por las oficinas de diferentes dependencias de procuración de
justicia, el caso de Rafael se encuentra a punto de ser llevado a la
Organización de Naciones Unidas (ONU). Un asesoramiento legal del Colectivo Por
la Paz, región Xalapa, impulsa el caso para tipificarlo como una desaparición
forzada, explica la tía del abogado. www.revistarepublica.com