*El Ejecutivo del Estado propondrá una terna de
nuevos magistrados y el Poder Judicial deberá nombrar a los integrantes de la
Sala Anticorrupción.
Xalapa, Ver. | 01 julio de 2016
Tribuna Libre.- Las diputadas y
diputados de la LXIII Legislatura de Veracruz aprobaron la reforma a la Ley Orgánica
del Poder Judicial que crea la Sala Especializada en Materia Anticorrupción del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuya función será conocer las
responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares e
impondría las sanciones correspondientes.
Durante la novena
sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno aprobó este dictamen con
30 votos a favor de los diputados de los grupos legislativos del PRI, PVEM y
Nueva Alianza; 14 en contra –de los
diputados de las bancadas del PAN, PRD-MC, del legislador del PT, Eladio del
Ángel Zumaya; del PRI, Ricardo Ahued Bardahuil; del PVEM, Jesús Vázquez
González- y cuatro abstenciones –de los diputados Gerardo Fuentes Flores, de
Nueva Alianza; Octavio Pérez Garay y José Ramón Gutiérrez de Velasco, del PRI,
así como de Domingo Bahena Corbalá, independiente.
Esta modificación
legal instaurará la Sala Especializada en Materia Anticorrupción, misma que
recibirá las denuncias clasificadas como faltas graves promovidas por la
Contraloría General del Estado (CGE) los órganos de control interno de los
entes públicos estatales o municipales o por el Órgano de Fiscalización
Superior del estado (ORFIS) y establecer la sanción que harían acreedores
quienes infrinjan la legislación.
También fincará a
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al
Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
Sancionará a
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas
graves con la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos
del orden estatal, municipal o intermunicipal, según corresponda.
Los magistrados de
esta Sala podrán solicitar el auxilio de las salas regionales para la
realización de diligencias fuera de su jurisdicción territorial; proponer
reformas al reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y
rendir a éste un informe bimestral de actividades.
Tendrán como
atribuciones admitir, prevenir y proveer la acción de responsabilidades
contenida en el informe de presunta responsabilidad administrativa. Al igual
que solicitar la debida integración del expediente para un mejor conocimiento
de los hechos en la búsqueda de la verdad material.
Podrán acordar la
exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la
práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la
prueba pericial cuando planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiese
sido ofrecida por las partes en el procedimiento de investigación.
Esta sala podrá
conocer de los juicios contra particulares donde se les impute responsabilidad
administrativa por actos vinculados con otros servidores públicos.
Las resoluciones
definitivas de la sala especializada en materia anticorrupción la tomarán por
mayoría de votos, por lo que para la validez de las sesiones se requerirá
siempre de la presencia de tres Magistrados.
Para llevar a cabo
la creación de esta Sala Anticorrupción la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) deberá hacer los ajustes presupuestales correspondientes y dotar al
Poder Judicial del Estado de los recursos necesarios.
Por única ocasión
el Ejecutivo estatal deberá proponer en una sola terna a tres aspirantes a
magistrados.
A través del
artículo séptimo transitorio indica que es atribución del Poder Judicial del
Estado nombrar a los magistrados de la Sala Especializada en Materia
Anticorrupción, quienes mantendrán su adscripción al menos durante los primeros
cincos años del ejercicio de su encargo
sin perjuicio que puedan permanecer en dichas adscripciones durante todo el
periodo para el cual fueron elegidos.
Una vez designados
los magistrados de esta Sala, deberán proponer al Consejo de la Judicatura, por
conducto del presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el
nombramiento del Secretario de Acuerdos, de los secretarios de Estudio y
Cuenta, Actuarios y el personal especializado correspondiente.
-DEBATE-
En los
posicionamientos, los diputados del grupo legislativo del Partido de la
Revolución Democrática-Movimiento Ciudadano (PRD-MC) Cuauhtémoc Pola Estrada y
del Partido Acción Nacional (PAN) Julen Rementería del Puerto, al fijar su voto
en contra, coincidieron que este Dictamen representa una intromisión del
Congreso del Estado en el Poder Judicial al asignarles nuevos magistrados.
Ambos calificaron
este decreto de inconstitucional porque la Constitución Política del Estado no
faculta al gobernador asignar magistrados a este poder.
Julen Rementería dijo que el Sistema Nacional
Anticorrupción está integrado por seis leyes, una de las cuales es la Ley
General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma que aún no está
vigente, por lo que los nuevos magistrados de la Sala Anticorrupción no tendrían
con qué actuar, advirtió.
El diputado
Francisco Garduza Mazariegos expuso que el Dictamen contiene inconsistencias en
el articulado. Manifestó estar a favor de la legalidad pero –indicó- todo acto
que realice el Congreso de Veracruz debe estar ajustado a derecho.
El diputado Jesús
Alberto Velázquez Flores expuso que no tiene sentido crear una nueva sala, dado
que en el Poder Judicial hay magistrados que son visitadores, que van de
juzgado en juzgado para revisar las acciones. Estos, indicó, podrían ocupar el
espacio y con ello evitar el nombramiento de tres nuevos magistrados.
El legislador José
Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos anunció su voto en abstención por desconocer
el alcance político de este decreto.
El diputado
Alejandro Zairick Morante expuso que la creación de la sala especializada en
combate a la corrupción y el nombramiento de tres magistrados viola la Ley
General de Disciplina Financiera al incrementar los recursos para el pago de
más personal. Exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia emprender
las acciones legales para evitarlos.
La diputada Ana
Cristina Ledezma López explicó que es el Poder Judicial quien debe elegir a los
nuevos magistrados, indicó “en la entidad no debe haber leyes a modo para crear
figuras de protección a favor de servidores públicos”.
Esta acción
significa un atraco a las finanzas del estado porque instruye realizar ajustes
para dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios a efecto de dar
cumplimiento al decreto que nombra a tres magistrados, reiteró.
El legislador
Marco Antonio del Ángel Arroyo refirió que la primera regla de la democracia es
el gobierno de las mayorías con respeto de las minorías, “aquí he escuchado en
reiteradas ocasiones el resultado del 5 de junio”. Sobre la figura de la Sala Anticorrupción
manifestó que quienes hayan hecho mal uso de los recursos públicos deben acatar
la ley y él como diputado no protegería a alguien que la infrinja.
El diputado Jorge
Vera Hernández calificó como negativo dar más carga financiera al Poder
Judicial para la creación de esta Sala y expuso que no se trata de complacer al
gobernador saliente o al gobernador que entrará en funciones el 1° de
diciembre, dado que el pueblo de Veracruz es quien sufre las consecuencias,
acotó.