Ciudad de México. | 06 julio de 2016
Tribuna Libre.- El Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los gobernadores electos que aclaren y
castiguen a los servidores públicos corruptos de las administraciones salientes.
Los empresarios
aseguran que no puede consentirse que ningún funcionario, del nivel que sea,
esquive responsabilidades mediante simulaciones con las que se busque
protegerlo y continuar con la impunidad en México.
“Los gobernadores
electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las
acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una
exigencia ciudadana y debemos de proceder como Estado mexicano”, afirmó Juan
Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE, en su comentario semanal.
El Consejo
Coordinador Empresarial agregó que tanto “el desarrollo económico, político y
social de una nación dependen de la capacidad del Estado y de la sociedad para
generar condiciones de certeza de generar, por una parte, incentivos y
condiciones de certeza para el cumplimiento de los acuerdos, y por otra parte,
consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan
sus obligaciones”.
Aseguró que vale
la pena tener en cuenta las conclusiones de estudios que indican ¿por qué
fracasan las naciones? Y dijo que lo hacen cuando “tienen instituciones
económicas extractivas, basadas en instituciones políticas extractivas que
impiden o incluso bloquean el crecimiento económico”.
Dijo que están
unidos y comprometidos a acompañar al país en este “largo camino que debemos
recorrer juntos”.
Además, mencionó
que está por concluirse la fase de procesamiento legislativo para construir el
Sistema Nacional Anticorrupción y se dará paso a un nuevo capítulo, de implementación
y exigencia de cumplimiento, para que éste pueda consolidarse y rendir los
resultados que esperamos los mexicanos.
“Esta es la
‘prueba de fuego’ de la Reforma Anticorrupción que se ha aprobado”, dijo
Castañón y añadió que aunque como toda como toda reforma, es siempre
perfectible, se ha logrado un paso en el sentido correcto.
“Necesitamos un
Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin
pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni
permitirse el que se violenten los derechos de terceros, como arma de
negociación política o con cualquier otro fin -legítimo o no- como hoy ocurre
en relación con el conflicto magisterial en el sur del país”, indicó el líder
empresarial.