La justicia electoral se ha sistematizado para formar el derecho procesal electoral: Flavio Galván Rivera
*El Magistrado del TEPJF indicó que el Derecho
Procesal Electoral puede blindar el sistema real de elección y garantizar que
el voto ciudadano determine los resultados.
*Hace falta tener más control del dinero en la
política y saber de dónde llegan las aportaciones, señaló.
Toledo, España. | 19 julio de 2016
Tribuna Libre.- Flavio Galván
Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que la Justicia Electoral se ha
sistematizado para formar el Derecho Procesal Electoral, que incluye los medios
de impugnación, así como la tutela de los derechos político-electorales del
ciudadano y la organización electoral.
El magistrado
Flavio Galván ofreció la cátedra “Garantías constitucionales y garantías
electorales”, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España, en donde indicó que el Derecho
Procesal Electoral puede blindar el sistema real de elecciones y garantizar que
efectivamente sea el voto ciudadano el que determine el resultado.
Explicó que, en
México, la misma Constitución federal tiene la previsión de que debe existir un
sistema de medios de impugnación, que garantice la constitucionalidad de todos
los actos y resoluciones en materia electoral, así como la definitividad de los
actos electorales y de las etapas constitutivas del procedimiento electoral.
Destacó que el
Derecho Procesal Electoral tiene un desarrollo importante en República
Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y México, países en los cuales se ha
establecido un sistema jurisdiccional de garantía o de protección de los
derechos político-electorales de los ciudadanos.
Para poder hablar
de justicia electoral, no sólo se incluye la parte impugnativa, sino la defensa
de los derechos político-electorales y políticos de los ciudadanos, así como la
parte organizativa. El Derecho administrativo sancionador electoral, en México,
tiene una evolución importante, que incluye la revisión de la conducta de los
partidos políticos, de los ciudadanos, de las coaliciones y autoridades, para
poder determinar si su actuación está o no ajustada a Derecho.
“Lo que se busca
es garantizar que todo el procedimiento electoral, es decir, todas las etapas
preparatorias de las elecciones se lleven a cabo conforme a Derecho, conforme a
la Constitución y conforme a las leyes aplicables en cada caso”, agregó el
Magistrado.
Hace falta tener
más control del dinero en la política y saber de dónde llegan las aportaciones
Galván Rivera
comentó que en los procedimientos electorales hace falta tener mayor control
sobre la información del dinero en la política, es decir, conocer de dónde
vienen las aportaciones, quién las hace; además cómo y cuánto se gasta, incluso
se ha solicitado a los candidatos tanto de partidos políticos como los
postulados de manera independiente, que rindan informes sobre sus gastos de
campaña.
En este sentido,
señaló que: “el informe oportuno de gastos de precampaña y de campaña, así como
la sanción de pérdida del registro como candidato o negativa, en su momento,
del registro como candidato si no se otorga esta información oportunamente, es
correcto”, porque contribuye a tener un mayor control de los recursos
destinados para tal fin.
En su exposición
mencionó que el sistema electoral de garantías constitucionales se ha ido
ampliando y perfeccionando desde una reforma de 1977, “de alguna manera para
hacerlo también con la reforma del 2011 a la Constitución de México al
reconocer como derechos constitucionales a los derechos humanos”.
El Magistrado de
la Sala Superior dijo que se ha empoderado a los ciudadanos, quienes, incluso,
pueden impugnar la omisión legislativa que consideren vulnera alguno de sus derechos
político-electorales, a partir del juicio para la protección de derechos
político-electorales del ciudadano.
En este sentido,
refirió que, ante la omisión del Congreso del Estado de Coahuila de expedir la
legislación sobre candidaturas independientes, se promovieron juicios para la
protección de derechos político-electorales del ciudadano y la Sala Superior
del Tribunal Electoral ordenó al Congreso local convocar a un periodo
extraordinario de sesiones y emitir la normativa para que los ciudadanos puedan
tener certeza jurídica de participar o votar por un candidato independiente.