Amatlán de los Reyes, Ver. | 20 julio de 2016
Miguel Ángel León Carmona
Tribuna Libre.- Han pasado tres
meses desde que la Brigada Nacional de Desaparecidos ventiló el olor a muerte
en Veracruz añejado en 15 cocinas clandestinas. Los familiares esperaban un
informe de la Fiscalía General, conocer si entre el regadero de osamentas se
hallaba una parte de los suyos. Sin embargo, la respuesta de Luis Ángel Bravo
es que todavía les resta embalar 10 mil fragmentos óseos.
El discurso fue
ofrecido por Uriel Moreno Mendoza, Fiscal del Distrito de Córdoba, quien,
aseguraron los familiares de la zona, es un funcionario desconocido para ellos.
“La próxima vez
que vengan traigan resultados. Ya no jueguen con nuestro dolor. El tiempo que
nos han quitado lo hubiéramos ocupado para buscar. No perdimos una casa, un
carro, perdimos a un hijo, a un esposo, a un hermano” reprochó María Herrera,
de la Red Nacional de Enlaces.
Lo anterior,
registrado en el cierre de la conferencia de prensa ofrecida en los salones de
la Parroquia de los Santos Reyes, Amatlán. Evento que no inició, sino hasta el
arribo del empleado estatal, 60 minutos posteriores a lo establecido en la
orden del tercer día de actividades de la Brigada Nacional.
Por su parte,
Mavil López Casamichana, directora general de laboratorios de la Policía
Federal, declaró que los restos recuperados en El Porvenir ya fueron analizados
por su equipo. Sobre la responsabilidad, en el punto de San Rafael Calería, “ya
está del lado de la cancha de la FGE”.
Un momento
embarazoso vivió el emisario del Fiscal General, pues en los 20 minutos
dedicados a preguntas y repuestas, no atendió un solo cuestionamiento,
respaldado en lo que llamó, sus funciones jurídicas. Aseguró que sí habrá un
resultado, pero hasta dentro de 96 horas, sin prensa; en privado y para ello,
los remitentes serán los fiscales cuarto y sexto en delitos diversos.
De acuerdo, con
Anselmo Apodaca Sánchez, director general de criminalística de campo, de la
división científica, “los análisis llevan un tiempo, desafortunadamente, sin
los indicios, no podemos crear perfiles genéticos y confrontarlos con los
resultados de su búsqueda. Ellos, La FGE, llevan la investigación, nosotros ya
estamos listos”.
DE LA BRIGADA AL
CASO TIERRA BLANCA
Han transcurrido
98 días desde el primer hallazgo en el predio de San Rafael Calería, Córdoba.
La FGE, tiene atada de manos a la Policía Federal, asegura, dado que no han
inventariado, si quiera, los fragmentos cercenados. Sin embargo, en un lapso
menor en tiempo, los padres del caso Tierra Blanca obtuvieron conclusiones,
también de entre miles de evidencias y en un narco rancho, de mayores
dimensiones territoriales.
En entrevista con
Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los cinco jóvenes secuestrados por la
policía de Arturo Bermúdez y ultimados en el rancho El Limón del municipio de
Tlalixcoyan, confirmó, que en su caso, obtuvo resultados certeros el 25 de
enero de 2016, es decir en 24 días posteriores a la desaparición forzada.
“Gracias a la presión que hicimos, la FGE y la Policía Federal trabajaron y
pude confirmar el fin de mi hijo, Bernardo Benítez Arróniz”.
En tanto, los
padres de los otros cuatro jóvenes escucharon de la misma Policía Científica
que el perímetro de la narco propiedad se había indagado hasta el último
centímetro, descartando rastros de los suyos.
No obstante, y
muestra del trabajo meticuloso por parte de la Policía Federal, aunado a la
disposición de la FGE, fue que de los 2 mil fragmentos y luego confrontar
perfiles genéticos, se dio con la identidad de otras dos víctimas en la ciudad
de Tierra Blanca.
“Nuevamente es una
omisión por parte de la Fiscalía de Luis Ángel Bravo. Cómo es posible que en
otros casos si le den agilidad a los procesos y con nosotros no hayan acabado,
por lo menos, de embalar los restos. Ya pasaron tres meses, quién me dice que
no están armando un escenario con trampas”, apeló, Aracely Salcedo Jiménez.
“AL INFIERNO
IREMOS A LA BÚSQUEDA”
Fue el compromiso
de Anselmo Apodaca Sánchez, comisario de la Policía Federal, quien detalló que
a partir de mañana un equipo profesional, caminará con los padres brigadistas
en los predios de Amatlán de los Reyes.
Ante la pregunta
si estaba enterado de la inseguridad que se ha registrado en Paso del Macho,
poblado de sitio al que tienen pensado rastrear las familias, el comisario
asintió, dejando en claro que un convoy de patrullas federales custodiará a los
caminantes.
“Contamos con la
infraestructura necesaria y suficiente, por encima de muchas fiscalías del
país; vamos a dimensionar cuánta gente tendremos que llevar a la búsqueda.
Haremos un trabajo de campo contundente” prometió Apodaca Sánchez.
En tanto, al tema
de investigación de laboratorio, Mavil López Casamichana, directora general,
abundó que su infraestructura es comparable a nivel internacional. “Es un reto
para nosotros, dado que muchos de los restos no son susceptibles a análisis
pues además de ser eliminados, fueron fragmentados y posteriormente
calcinados”.
Finalmente, ante
la pregunta si era reprobable los medios científicos que implementó la Fiscalía
General para declarar que los primeros hallazgos de la brigada fue madera y no
osamentas humanas, Apodaca Sánchez, sentenció: El especialista sabe lo que
hace, diferenciar entre una madera y un hueso. Nosotros no trabajamos en la
Fiscalía”.
EL COMIENZO DE LA
BRIGADA
“Decidimos volver
a Veracruz porque esta geografía nos convoca y nos duele. No queremos más
sangre ni más desaparecidos. Esta vez, con una mejor organización y el respaldo
de 70 Asociaciones Civiles nacionales e internacionales, podremos terminar de
desenterrar a nuestros familiares”.
Habla Miguel Ángel
Trujillo Herrera, integrante de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos,
movimiento social que integra a familias de toda la República dispuestos a
recuperar a sus familiares, sembrados en panteones clandestinos o desperdigados
en los caminos más escabrosos de la entidad.
Empuje ciudadano
que, de acuerdo con el padre Alejandro Solalinde Guerra, responde a la peor
mancha en el sexenio de Javier Duarte: las desapariciones y desapariciones
forzadas.
La brigada
recuperó 7 mil fragmentos, repartidos en 15 cocinas o crematorios ilegales. Eso
fue en la primera operación en territorio veracruzano. Va por una segunda.
Alrededor de las
09:30 horas de ayer domingo, se registró la llegada de padres buscadores a la
parroquia de los Santos Reyes en Amatlán, Veracruz. El encargado de dar la
bienvenida fue el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Julián Verónica
Fernández.
Colectivos
provenientes de Coahuila, Chihuahua, Baja California, Morelos, Michoacán,
Sinaloa y la Ciudad de México, volvieron a territorios jarochos, para sumarse a
la causa, que en la zona centro ha fomentado la señora Aracely Salcedo Jiménez,
madre de Rubí Salcedo, plagiada en septiembre del año 2012.
Si bien el
incienso y las plegarias que bendijeron el inicio de la búsqueda fue similar a
la primera etapa, que arrancó en el mes de abril, en esta ocasión la presión
social de los brigadistas ha convocado también el reguardo de fuerzas
federales, así como la vigilancia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y de la misma Procuraduría General de la República (PGR).
Por su parte,
Miguel Ángel Trujillo informó que el equipo no termina de caminar por los
municipios de Amatlán, Córdoba, Orizaba y alrededores. “Esta vez, llegaremos al
mero infierno: en Paso del Macho. Bastaron dos días de habernos instalado por
allá, para que la misión nos pusiera cara de perro”.
El líder
brigadista considera que la situación que atraviesa el municipio de Paso del
Macho, supera en niveles de violencia a estados como Guerrero y Sinaloa.
“Percibo cosas parecidas a las que ocurrieron hace tres años en mi pueblo,
Pajacuarán Michoacán, a las 10 de la noche ya no había gente, la misma policía
ronda el campamento. Esperamos que la búsqueda no recaiga en la iglesia ni los
pobladores”. www.revistarepublica.com