4 años después, EPN ha cumplido 61 de sus 266 compromisos; a este ritmo, necesitará otros 11.44 años
Ciudad de México. | 01 septiembre de 2016
Tribuna Libre.- Faltan dos años
para que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto y los 266 compromisos que
empeñó en campaña y firmó ante Notario Público están cumplidos apenas en 22.9
por ciento.
Ante solicitudes
de información mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos (INAI), la Presidencia de la República acepta que
hay rezago, pero no explica cuál es la razón para el incumplimiento. La
respuesta de la Primera Magistratura fue que la Administración concluirá el 30
de noviembre y entonces, los 266 compromisos estarán listos.
En los primeros 18
meses de gestión, el Jefe del Ejecutivo había entregado 4.5 por ciento y al
completar dos años, había alcanzado el 4.8 por ciento de sus promesas. El año
pasado, cuando llegó a la mitad de su mandato, tenía el 10.52 por ciento. Un
año después, en la coyuntura de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno,
tiene 22.9 por ciento. Los números, obtenidos por este observatorio, reflejan
un ritmo lento en los primeros años peñanietistas, pero bastante velocidad en
2015 y 2016.
Analizado por
ámbitos, el listado de compromisos de Peña Nieto muestra huecos en la
Transparencia, la Cultura, el Medio Ambiente y la Política. El primer
compromiso de la lista peñanietista es la creación de una comisión
anticorrupción a través del Sistema Nacional Anticorrupción. La legislación
para el sistema fue promulgada por el Primer Mandatario este año, pero la
comisión no ha sido conformada. Los Pinos sostiene en una respuesta a través
del INAI que ese órgano equivale a la Secretaría de la Función Pública; pero es
la hora que la titularidad de esta cartera está acéfala, después de la renuncia
de Virgilio Andrade Martínez.
Sobre los
compromisos del Presidente hay nubarrones. Vienen del exterior. El Fondo
Monetario Internacional en su informe “Panorama Económico Regional” vislumbra
que la economía mexicana no crecerá al tres por ciento sino hasta la próxima
década, a pesar de las reformas estructurales y los recortes al Gasto
Corriente.
Eso es en cuanto
al futuro. Pero en el presente, la calificadora Standard and Poor’s (S&P)
ha modificado de “estable” a “negativa” la calificación de impago de la deuda
del Gobierno mexicano. A la tasa de crecimiento le puso el adjetivo de
“decepcionante” dado que este país ha realizado más enmiendas estructurales que
otros países.
El cumplimiento de
las promesas del Presidente Enrique Peña Nieto está en riesgo si se toma en
cuenta que cada año se ha profundizado el ajuste al gasto público. El año
pasado, el Gobierno federal reaccionó a la subida del precio del petróleo con
un ajuste de 124.3 millones de pesos. Este año ha decidido dos recortes. En
febrero anunció uno por 132 mil 300 millones de pesos y en junio, para hacer
frente a las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión,
presentó otro de poco más de 30 mil millones.
Una de las
dependencias más afectadas por los recortes es la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, porque es la que
concentra el mayor número de las promesas pronunciadas en campaña. A
Comunicaciones le corresponde 154 de las cuales, sólo 27 están cumplidas.
Ejemplo de la
perturbación económica sobre los compromisos es la cancelación del 243 que
implicaba la construcción del tren transpeninsular desde Mérida, Yucatán, hasta
Puerto Venado, Quintana Roo. Ante una solicitud de información, Los Pinos
admite que fue cancelado por el recorte de 2015.
Con todo, si el
Presidente ha cumplido 15.25 compromisos por año, requiere otros 13.44 años
para terminar. Su Gobierno tendría que extenderse 11.44 años más.
TRANSPARENCIA: EL
QUIEBRE
En 2016 la
temática languidece. Después de la revelación periodística del equipo de
Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio
marcha atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la
legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no fue suficiente para
contrarrestar una marea que trajo consigo más señalamientos, más acusaciones.
No había pasado un
mes de su petición de perdón por el escándalo inmobiliario y de nueva cuenta
una propiedad inmobiliaria puso al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera,
en el centro de la suspicacia. El diario inglés The Guardian aseguró que la
llamada Primera Dama usaba un departamento de lujo en Miami, propiedad de un
posible contratista del Gobierno.
Para Ernesto Gómez
Magaña de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, el primer eslabón del combate a
la corrupción es la declaración patrimonial de los funcionarios públicos. Pero
la propuesta de decenas de Organizaciones no Gubernamentales de que este
documento incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de
posibles conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió
obligatoria. De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de
la voluntad del político. Informa lo que quiere y si es que quiere. Alejandro
González de la organización Gestión Social (Gesoc) evalúa que se ha perdido una
oportunidad para avanzar en el ejercicio de la Transparencia gubernamental.
El compromiso
número uno de Enrique Peña Nieto firmado en campaña ante Notario es la creación
de una Comisión para abatir la corrupción. Este organismo1 sustituiría a la
Secretaría de la Función Pública, una dependencia que nació en el sexenio de
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) como Secretaría de la Contraloría. La
“casa blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade
Martínez fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para
esta decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis
Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que
surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras
uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.
Andrade Martínez
tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la
adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa
Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su
apellido. Ambos le dieron propiedades con condiciones relajadas. El Presidente
Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda
adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a
precios más baratos del mercado.
En agosto de 2015
los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de este
año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional del
Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su
renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos
millones 380 mil pesos.
Como en una
historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El
cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta
de 205 mil 122 pesos al mes.
CULTURA: ¿QUÉ PASA
AQUÍ?
El problema
sustancial que radica en la clase política mexicana es que tiene una enorme
confusión entre lo que es la responsabilidad del Estado democrático en la
construcción cultural de los individuos y el entretenimiento. Son palabras del
investigador Alberto Soto Cortés, de la Universidad Iberoamericana. La cultura,
afirma, es menospreciada y vista como una serie de actividades prescindible o
superflua porque la idea de cultura está determinada por la propia experiencia
de los actores políticos en material cultural.
Los cuatro
compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto en este ámbito, aún no cumplidos,
están relacionados con espacios públicos de recreación en lugar de contribuir
“en beneficio de la construcción cultural”, es decir, brindar posibilidades y
herramientas al ciudadano para ejercer expresiones culturales de su agrado y
convertirse en un actor cultural, critica Soto.
El experto en arte
y cultura, Alberto Soto Cortés, expone que el mandatario debió haber
garantizado transparencia en el ejercicio de gasto en la cultura. Pero, a la
vez, indica que esta ausencia refleja la falta de compromiso con la cultura.
El mandatario se
comprometió ante notario público a construir el Parque Ecológico, Cultural y
Deportivo de la Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe. En junio del año
pasado, dependencias del gobierno estatal anunciaron que el también llamado Eco
Parque Centenario estaría listo en la primera semana de septiembre de 2015.
Sin embargo,
justamente un año después, será inaugurado oficialmente en la primera semana de
septiembre, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Zacatecas. El
área de comunicación social de esa secretaría informó a este Observatorio que
los avances de la obra llevan un 98 por ciento, pero falta terminar la Casa de
la Tierra, la cual será un salón de exposición, así como detallar unos
senderos.
El Secretario de
Infraestructura (Sinfra), Francisco Ibargüengoitia Borrego, lo calificó como la
obra más ambiciosa del gobierno estatal, ya que se invirtieron 203 millones de
pesos. Durante un recorrido de supervisión de trabajos, informó la prensa
local, aseguró que el Ecoparque contribuirá a conservar, restaurar y recuperar
el ecosistema a través de la educación, la recreación y el deporte. Para ese
entonces prometió que estaría listo “a más tardar” en marzo.
Para su tierra,
Atlacomulco, Estado de México, Peña Nieto prometió mejorar la imagen urbana,
áreas verdes y deportivas en la cabecera municipal y construir un parque
ecológico con unidad deportiva. El proyecto contempla el rescate de espacios
públicos, desde plazas y foros al aire libre hasta una pista para skateboarding
y un área para adultos mayores.
Aunque han habido
supervisiones de los avances, aún no se concluye.
Además se busca la
unificación de las plazas y espacios públicos desde la Alameda Central, pasando
por la escuela Rafael Fabila, la secundaria Isidro Fabela, el Palacio
Municipal, el atrio y explanadas, así como el Teatro del Pueblo y el Templo
Señor del Huerto.
Finalmente, en el
paquete de compromisos el Presidente se ofreció a construir el Auditorio
Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, al estar rodeado de
patrimonio arqueológico, el proyecto se ha retrasado por las especificaciones y
condiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
INFRAESTRUCTURA:
LO QUE LOS RECORTES SE LLEVARON
De los 104
compromisos que integran el rubro de Infraestructura y Turismo, la actual
administración sólo ha cumplido 22. Hace cuatro años se hablaba de un Plan
Nacional de Infraestructura (PNI); de un nuevo aeropuerto y de “Mover a México”
en trenes. Nada de ello ocurrió debido al impacto de los recortes
presupuestales enmarcados en un plan de austeridad.
Sólo para 2016, en
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se aprobaron 299 mil 660
millones 885 mil 683 pesos para proyectos de inversión en diferentes rubros de
infraestructura, tanto inmobiliaria como económica. Ahora, tras los recortes,
el dinero que se tiene al tercer trimestre es ya de 195 mil 767 millones 724
mil 317 pesos. Es decir, hay una variación a la baja de 103 mil 893 millones
161 mil 365 pesos, respecto a lo aprobado al inicio del año fiscal. Ese recorte
es el equivalente a 34.67 por ciento de lo que fue aprobado en un principio.
Por sectores, las
dependencias más afectadas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y Petróleos Mexicanos (Pemex), además de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para 2017, el
recorte total al gasto programable, asciende a más de 311 mil millones de
pesos. Este año que termina tuvo como sostén las coberturas petroleras, pero si
en 2017 los precios del petróleo continúan a la baja, habrá, inminentemente,
más recortes, según lo dicho por el Secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray.
Otro factor que
poco ayuda es el del crecimiento..
De acuerdo con
Leonardo Martínez Flores, doctor en Economía Urbana y profesor de la
Universidad Iberoamericana, para que una economía pueda crecer, tiene que
reunir varias condiciones. Una de ellas es la creación de infraestructura.
Desde su
perspectiva, si se deja de invertir en infraestructura se afectan las variables
estructurales con las que hay que contar para hacer que crezca la economía, “si
no se invierte en infraestructura es como ponerle una camisa de fuerza a la
economía; no se puede producir más y por lo tanto la economía no crece”.
Pero mira también,
un problema estructural de las administraciones mexicanas, la política del borrón
y cuenta nueva, razón por la que gobierno tras gobierno surgen nuevos planes y
programas de infraestructura que se inician desde cero, lo que no permite que
se avance en la materia.
“Lo que ha faltado
a los gobiernos federales es una visión estratégica de largo plazo para la
creación de infraestructura. Si los gobiernos federales hubieran tenido un plan
estratégico de largo plazo, los recortes presupuestales no tendrían por qué
parar por completo la creación de muchos tipos de infraestructura”, sostiene el
especialista. www.revistarepublica.com