*Gobierno del estado no podrá pagar deuda a
proveedores y contratistas con recursos de dicho gravamen hasta que la Corte
dicte sentencia.
Córdoba, Ver. | 03 septiembre de 2016
Tribuna Libre.- Este viernes, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Ayuntamiento de
Córdoba, por conducto del síndico Luis Alberto García Hernández, que dio
entrada a la Controversia Constitucional número 92/2016 promovida en contra de
la aprobación del decreto por el cual se modificó el destino de la recaudación
del 3 por ciento de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal, conocido como Impuesto a la Nómina.
El síndico Luis
Alberto García Hernández señaló que con este resolutivo, se concede a Córdoba
la suspensión provisional para efectos de que el Gobierno estatal no instaure
los fideicomisos irrevocables a que se refiere el decreto impugnado o en su
defecto, a partir de la fecha de su emisión, Gobierno del estado no realice
ningún movimiento financiero con fideicomisos creados y entre estos últimos que
tengan como propósito cumplir el decreto 899.
García Hernández
reiteró el pronunciamiento hecho por la mayoría del Cabildo cordobés en el
sentido de considerar ilegal e injusto el decreto modificatorio emitido por el
Gobierno estatal, al vulnerar el principio fundamental para el cual creado
originalmente el Fideicomiso del 2% al Impuesto, incrementado también por la
administración estatal, referente al desarrollo de infraestructura para
promover el desarrollo económico del estado.
Con ello, dijo, no
se deberán afectar los recursos provenientes del 3% de Impuesto a las
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, para el fin pretendido, en
tanto la Suprema Corte no dicte resolución definitiva.
“Es decir, que con
esta notificación, Gobierno del estado no podrá disponer de lo recaudado por
este impuesto para pagar la deuda millonaria que tiene con proveedores y
contratistas, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dicte
sentencia al recurso promovido por el Ayuntamiento de Córdoba”, explicó.
García Hernández
recordó que el pasado 21 de julio en CXXV Sesión Ordinaria de Cabildo los
ediles solicitaron a la sindicatura única y al departamento jurídico entablar
acción legal en contra de la aprobación del decreto por el cual se modificó el
destino de la recaudación del 3 por ciento de Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como Impuesto a la Nómina,
al considerar que lo aprobado por la Legislatura violenta el fin con el cual
fue creado dicha contribución.
Cabe recordar que
dicho acuerdo contó con el aval del presidente Tomás Ríos, del síndico Luis
Alberto García y los regidores Juan Antonio García, Raúl Sentíes Portilla,
Paola de Aquino Pardo, Guillermina Fernández, Mario Palencia, Humberta Solís,
Rodolfo Perdomo e Iván Espinosa, en tanto que la edil Mirna Puertos y Ricardo
Navarro, manifestaron su abstención.