*El Magistrado de la Sala Superior señaló que cuando los
ciudadanos enfrentan un problema jurídico recurren primero a las sentencias,
antes que a la Constitución o las leyes.
*La libertad de expresión ha fortalecido el sistema
democrático, porque por medio de ella se ha presentado un debate amplio y
desinhibido en los procesos electorales: Coello Garcés.
Ciudad de México. | 13 septiembre de 2016
Tribuna Libre.- Salvador Nava Gomar,
magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), aseguró que el derecho está en las sentencias porque cuando
los ciudadanos enfrentan un problema jurídico recurren a ellas, antes que a la
Constitución o a las leyes, por lo que es muy importante sistematizarlas, a fin
de acceder a éstas.
“Descubrí, tarde en mi vida,
que el derecho está en las sentencias. Tenemos que estudiar más los casos
porque el derecho que le importa al ciudadano no es el que está en la
Constitución, en las leyes, ni siquiera en los contratos que suscribe o que lo
obligan, sino que cuando tiene un problema y va a un juicio, ahí es donde
encuentra al derecho”, aseveró.
Al participar en el
Seminario “Libertad de Expresión y Estándares Interamericanos”, que se llevó a
cabo en el auditorio José Luis de la Peza del TEPJF, el Magistrado destacó que
ante el cúmulo de información generada y a disposición de la población, sobre
todo en Internet, es necesario poner orden para instaurar un sistema que
permita un acceso ordenado a dichos datos.
“Necesitamos poner orden
para poder discriminar la información a la que queremos acceder porque estamos
rebasados felizmente por el océano de la red. Estamos conectados con todo el
mundo y los sistemas regionales de jurisdicción, como el Interamericano, no son
más que un medio de control, uno, directamente para el Estado, pero cuando lo
socializamos y las sociedades de otros lugares lo ven, además de la nuestra,
controlan socialmente, para eso sirve la libertad de expresión también”, dijo.
Durante su participación
señaló que en el pasado proceso electoral se transmitieron nueve millones de
spots políticos, lo que equivale a 75 mil horas de transmisiones por radio y
televisión, pero ello no contribuye a la deliberación democrática, ni potencia
la libertad de expresión, ni lleva a la reflexión de los votantes, sino que
esta concientización del electorado más bien se ha logrado a través de las
redes sociales, pues a través de ellas es donde se “está haciendo ciudadanía”.
México ha logrado un gran
avance en la implementación de sus sistemas de libertades
Clicerio Coello Garcés,
magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, indicó que México ha
logrado un gran avance en la implementación de sus sistemas de libertades, como
lo es el de la libertad de expresión, ya que por medio de ella se presenta un
debate amplio y desinhibido con el que se ha logrado fortalecer el sistema
democrático.
En este sentido dijo que el
modelo de comunicación política implementado en los procesos electorales ha
logrado la equidad entre las fuerzas políticas, ya que logra una labor
comunicativa efectiva que genera mayor información para que la ciudadanía
conozca las propuestas de los candidatos.
“Sin embargo, se deben
establecer espacios de debate más allá de los spots, en donde las fuerzas
políticas confronten sus ideas. Porque es importante reconocer que en las redes
sociales es en donde se está haciendo ciudadanía, ya que es en ellas en donde
se genera un diálogo y un intercambio de información permanente”, afirmó.
En su oportunidad Catalina
Botero Marino, consultora internacional en materia de Derechos Humanos, señaló
que el TEPJF se ha constituido como el más importante de los órganos
jurisdiccionales en materia electoral de América Latina, pues es el único que
está integrado por jueces que son independientes, imparciales y que imprimen un
rigor legal en sus decisiones jurídicas.
Aseveró que ante el cúmulo
de sentencias que emite el Tribunal Electoral y que marcan una pauta en la
región, se debe impulsar un mecanismo de sistematización de las definiciones
jurisdiccionales a fin de que se puedan ver la diferencias que se pueden
presentar en casos similares y que sirvan como una base de datos a la que
puedan acceder los juzgadores y los ciudadanos.
Esta sistematización,
detalló Botero Marino, debe contemplar tres características fundamentales, “la
coherencia de la jurisprudencia y por jurisprudencia entiendo la tesis y los
hechos que la marcan; la consistencia de la sentencia; y la compatibilidad con
los estándares internacionales de derechos humanos, en particular los del
derecho de expresión”.