*La Magistrada Alanis Figueroa propuso reformas electorales
para hacer realidad la participación indígena en los Congresos.
*Alanis Figueroa señaló que deben adoptarse
acciones afirmativas para asegurar la participación indígena en todos los
espacios de decisión pública en México.
*Destacó que, si bien el Tribunal Electoral ha
hecho una importante labor en la protección de los derechos humanos colectivos
de las comunidades indígenas, subsiste una deuda histórica, pues no se ha
logrado una representación auténtica que haga valer sus demandas en el ámbito
legislativo y ejecutivo.
*El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, hace un reconocimiento al trabajo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y de la Magistrada Alanis Figueroa.
Ciudad de México. | 27 septiembre de 2016
Tribuna Libre.- En la Ciudad de
México, en el Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevó
a cabo la inauguración del evento “Empoderamiento y acceso a la justicia para
mujeres indígenas”, cuyo objetivo es coadyuvar en la articulación de esfuerzos
institucionales para desarrollar los derechos humanos de las mujeres indígenas.
A dicho evento acudió la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa para
participar en la inauguración.
Al hacer uso de la
voz, la juzgadora sostuvo que en nuestro país existe un marco robusto para la
protección de las mujeres y las personas indígenas, los tratados
internacionales y leyes que buscan su participación en todos los ámbitos; sin
embargo, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, pues
converge en ellas una triple discriminación: por ser mujeres, pobres e
indígenas.
Alanis Figueroa
destacó que en México los pueblos y comunidades indígenas tuvieron que esperar
más de quinientos años para que el ordenamiento constitucional reconociera su
derecho a la libre determinación. Fue necesario, además, un levantamiento
armado en Chiapas y la alternancia en el gobierno. Dijo que, a pesar de ese
reconocimiento, los pueblos y comunidades indígenas tienen que luchar a
contracorriente para lograr el ejercicio de sus derechos autonómicos y que
existe una gran resistencia para respetar esos derechos, pues implica una
modificación sustancial del orden establecido.
La juzgadora
sostuvo que la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas no se
contrapone con la identidad cultural indígena, por lo que es necesario un
proceso para depurar las costumbres que las subordinan, que ni siquiera son
propias, sino les fueron impuestas durante el proceso de colonización, razón
por la cual es necesario, proponer nuevos referentes para pensar el género
desde la diversidad cultural de las comunidades indígenas, así como sus
cosmovisiones, pues de esta forma, se logra postular identidades femeninas que
tengan en cuenta la diversidad cultural y social.
Destacó el papel
del Tribunal Electoral en el ejercicio pleno de los derechos humanos colectivos
reconocidos constitucional y convencionalmente a los pueblos y comunidades
indígenas, como en los casos de Cherán y San Francisco Pichátaro en Michoacán,
en donde las resoluciones garantizaron el ejercicio pleno al autogobierno; así
como Chenalhó y Oxchuc en Chiapas, en donde se ordenó la restitución de las
presidentas municipales a las que se había obligado a renunciar. Asimismo, se
establecieron criterios para la realización de consultas previas antes de
cualquier proceso de nueva distritación, tanto a nivel federal como local.
Sin embargo,
destacó que el ejercicio del derecho al autogobierno se ha visto limitado al
ámbito municipal, y ha sido indebidamente excluido de los ámbitos legislativo y
ejecutivo, a pesar de su reconocimiento en la Constitución y los tratados
internacionales, por lo que propuso reformas electorales para hacer realidad la
participación indígena en estos ámbitos.
Por ello, para
saldar la deuda histórica que se tiene con las personas indígenas, hizo un
llamado para que el establecimiento de acciones afirmativas en su favor en la
agenda política y que el tema sea abordado en la próxima reforma electoral,
para así lograr un México pluricultural, en donde se garanticen condiciones de igualdad
real y de pleno respeto a los derechos humanos.