*El Magistrado de la Sala Superior dijo que así lo
hizo el Tribunal Electoral cuando ordenó a los partidos políticos a cumplir con
la paridad de género en la integración de las listas de candidatos.
*Los derechos humanos se tienen que convertir en
agendas políticas y se tiene que permitir que tengan capacidad de acción para
aspirar a construir un espacio de lucha por la igualdad.
Ciudad de México. | 30 septiembre de 2016
Tribuna Libre.- Manuel González
Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que la solución de los problemas
sociales se concretará cuando los operadores jurídicos tomen el reto y obliguen
a que se cumplan las leyes, tal y como lo hizo en su momento la Sala Superior
cuando mandató a los partidos políticos a que cumplieran con la paridad de
género en la integración de las listas de candidatos a puestos de elección
popular.
“La verdad es que
la Ley no es la solución mágica de los problemas sociales, ya nuestro rector
Alfonso Caso lo dijo, y lo que sucede es que evidentemente quizá los
científicos sociales buscan que el derecho pueda decretarse y hacerse, pero el
derecho es una categoría que está en el mundo del deber ser, no en el mundo del
ser y ese es el problema. Pero ese deber ser propicia las condiciones para que
sea, el problema es que los operadores jurídicos no tomamos ese reto”, indicó.
Al moderar la
séptima mesa redonda del ciclo “Los Derechos Políticos vistos desde las
Humanidades”, que se llevó a cabo en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en
la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universitaria, González Oropeza recordó
que el tema de la igualdad del hombre y de la mujer en el ámbito electoral
estaba en la normatividad desde 1992.
“Y su aplicación
no se había logrado en el ámbito político hasta que existe un Tribunal que
obliga a los partidos políticos a que registren paritariamente a hombres y
mujeres, pero ya estaba la norma allí. Entonces no se va a solucionar,
desafortunadamente, esta situación solamente por las leyes. Pero sí algunas
leyes retrógradas pueden impedir este desarrollo”, sostuvo.
Esto último,
precisó, se ve claramente en las comunidades indígenas del estado de Chiapas,
ya que su legislación electoral lejos de estar inspirada en el artículo 2º de
la Constitución, basada en el sistema normativo de las comunidades, les impone
a todas esas comunidades indígenas el sistema de partidos políticos, lo que ha
generado que se presenten problemas en diversas poblaciones.
En este sentido,
el Magistrado recordó que el derecho normativo ya está reconocido en el derecho
federal y estatal, pero se delegó su implementación a los estados para que
ellos fueran los que regularan y llevaran a feliz término toda esta
reglamentación de los derechos indígenas.
“Desafortunadamente
los estados todavía no han despertado de su marasmo centralista y esperan que
la federación haga todo, cuando no puede, porque además el fenómeno indígena,
lo digo como un fenómeno social, es variadísimo: 52 lenguas, diversas
costumbres, 470 municipios en Oaxaca solo y cuántos más en Veracruz y Chiapas y
cada estado ha hecho lo posible, aunque se puede hacer más”, aseveró
Los derechos
humanos importantes para entender los beneficios que da el derecho a una
sociedad
Fernando Castañeda
Sabido, Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al dictar la conferencia
“Derechos Políticos y diferenciación social”, aseguró que son importantes los
derechos humanos para entender los beneficios que da el derecho a una sociedad,
porque “es un error pensar que los derechos humanos de alguna manera por sí
mismos se pueden resolver”.
“Estos derechos
humanos se tienen que convertir en agendas políticas, se tiene que permitir que
esas agendas políticas realmente tengan capacidad de acción, de participación y
se tienen que abrir a la participación política real y al diseño de políticas
públicas y con ello podemos aspirar a construir un espacio de lucha por la
igualdad y por la inclusión social”, señaló.
Por su parte, José
del Val Blanco, Director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad
y la Interculturalidad de la UNAM, al impartir la conferencia “Los Derechos
Políticos de los pueblos indígenas”, señaló que es necesario tener muy presente
que en el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas en México sigue
ausente una definición clara de los pueblos como un ente jurídico pleno, como
sujetos de derechos colectivos, “lo que imposibilita su vinculación normal con
las instancias del Estado, ya sea en los niveles administrativos, legislativos
o jurisdiccionales”.
