Los tribunales electorales locales deben ser independientes y contar con recursos económicos para su funcionamiento: Galván Rivera
*El Magistrado del TEPJF señaló que se debe
impulsar una ley que otorgue a los tribunales electorales certeza en la
actuación, así como en la permanencia, separación y remuneración.
*Planteó que se debe estructurar un Poder Electoral
con el Tribunal Electoral, el INE, la Fepade, los partidos políticos y los
ciudadanos.
Ciudad de México. | 01 septiembre de 2016
Tribuna Libre.- Flavio Galván
Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que la existencia de los tribunales
electorales locales, establecida en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Legipe), no fue acompañada de la normatividad que
les garantizara su independencia orgánica y funcional, empezando por un
presupuesto.
“No se puede
ejercer ninguna independencia si no hay recursos económicos para poder actuar
de manera independiente, si los magistrados tienen que visitar al gobernador de
su estado o al Congreso de su entidad para pedir la gracia de financiamiento
público para cumplir la función constitucionalmente atribuida”, dijo.
Al participar en
el Congreso Nacional de Magistrados Electorales Locales en la Mesa “La
autonomía financiera en los Tribunales Electorales Locales”, que se llevó a
cabo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el magistrado
Galván Rivera expresó que los órganos jurisdiccionales locales están en el
limbo jurídico y económico porque no está previsto qué hacer para tener
presupuesto.
“¿En dónde está
previsto qué va a hacer cada tribunal electoral de las entidades federativas
para tener presupuesto? No hay una ley de los tribunales electorales de la
República, por lógica tienen que hacer su proyecto de presupuesto de egresos.
¿Y a quién le van a presentar? No forman parte del Poder Ejecutivo, no forman
parte del Legislativo, no forman parte del Poder Judicial, por lógica también
entregarle directamente a la Cámara de Diputados del Estado o a la Asamblea
Legislativa en el caso de la Ciudad de México, con base en qué va a hacer su
presupuesto el tribunal”, agregó.
Galván Rivera indicó
que la Cámara de Senadores designa a los magistrados electorales locales y una
vez realizado el procedimiento de nombramiento desaparece toda relación.
También cuestionó que no están previstas las causales de separación o remoción,
la remuneración o los derechos de los magistrados electorales.
“¿Cuál es el
tratamiento de los magistrados civiles, familiares o penales que forman parte
del Poder Judicial de la Federación frente al tratamiento normativo de los
magistrados electorales? No hay nada. ¿Y el artículo 17 de la Constitución, de
que se proveerá a la independencia de los tribunales de la República? Tenemos
un gran vacío, no hay carrera jurisdiccional del servicio electoral, nada está
previsto, todo está por hacer”, expresó.
En ese sentido, el
magistrado Galván Rivera señaló que si se va a vivir en un sistema unitario y
centralista, debe expedirse una ley nacional de los tribunales locales de la
República en materia electoral para tener “un régimen que nos dé certeza en la
actuación, en la permanencia en la carrera judicial e incluso en la separación,
en la remuneración y en todos los aspectos. Tenemos que impulsar esa ley, no me
gusta esa idea pero es peor vivir sin normativa”.
Necesario integrar
un Poder Electoral y una Procuraduría de la Defensa del Derecho del Ciudadano
En su intervención,
el magistrado Galván Rivera planteó la necesidad de constituir un Poder
Electoral, idea de la que se hablaba desde los proyectos de Constitución de
1842 y en el Congreso Constituyente de 1916 y 1917 con Venustiano Carranza,
quien se refería al poder de los ciudadanos al momento de elegir.
Consideró que se
debe pensar en estructurar un Poder Electoral con el Tribunal Electoral, con el
Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade), los partidos políticos y los ciudadanos, así
como tener en un apartado una Procuraduría de Defensa del Derecho del
Ciudadano.
Asimismo, señaló
que es necesario que el Estado federal o local garanticen el trabajo digno de
quienes tienen una alta responsabilidad en la impartición de justicia.