Luege Tamargo lanza injurias y acusaciones mendaces a falta de mejores recursos para su campaña electorera
Aquiles Córdova Morán | 05 septiembre de 2016
Tribuna Libre.- Van cuatro artículos al hilo en que José Luis
Luege Tamargo, ex director de CONAGUA en el gobierno de Felipe Calderón, se
lanza en contra del Movimiento Antorchista Nacional al que injuria y calumnia
sin pruebas y sin recato, tal como hacen siempre los que se saben impunes.
Obligado por el último de dichos artículos en que vuelve a repetir su acusación
de “un fraude descomunal” maquinado por SEGOB para «regalar» (ignoramos el por
qué de las comillas) 200 hectáreas a los líderes de Antorcha Campesina, me
ocuparé, muy a mi pesar, sobre todo del primero de dichos libelos, porque en él
se contiene casi todo el meollo del discurso incriminatorio de Luege.
Dice textualmente Luege: “Ahora nos enteramos
que, sin motivo ni justificación alguna, la SEGOB promueve un convenio para
«donar» (¿) 200 hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) al
municipio de Chimalhuacán para la construcción de un parque industrial”. Hago
notar, de paso, que Luege afirma, primero, que la “donación” no tiene motivo ni
justificación alguna, y palabras adelante dice que es “para la construcción de
un parque industrial”; es decir, que la “donación” sí tiene un motivo, aunque
éste no le guste a Luege o dude de su autenticidad, que ese es otro problema.
Párrafos adelante reitera: “…las 200 hectáreas que se pretenden «donar» a
Chimalhuacán están exactamente en los terrenos donde se proyectan estas lagunas
de regulación.” Más adelante aclararé de qué lagunas se trata; aquí solo me
interesa destacar que, en ambas fórmulas acusatorias, Luege dice textualmente
que la donación, cierta o falsa, es al municipio de Chimalhuacán y no a
Antorcha Campesina o a sus líderes. Y sin embargo, dando un salto lógico que
pone en duda la salud mental de este señor, dice casi a renglón seguido: “La
noticia de esta «donación» se dio en medios nacionales con el argumento de que
el proyecto sería de beneficio para la economía del Municipio, cuando en
realidad se trata de una maniobra del Gobierno del Estado de México, con la
SEGOB y líderes de Antorcha Campesina.” ¿Así nomás? ¿Y de dónde saca Luege esa
información y la “realidad” de la misma que asegura? ¿Tiene acaso dotes de
adivino o de vidente? Y si es así, ¿por qué no se dedica a explotar dichas
dotes mejor que a calumniar a sus conciudadanos?
Pero las contradicciones y los absurdos no
terminan ahí, pues renglones más abajo Luege nos regala otra perla: “Es
evidente que la operación anunciada no se trata (sic) de una donación ni al
Municipio ni a la organización de Antorcha Campesina, sino de un negocio muy
jugoso.” ¿En qué quedamos, por fin? ¿Es o no es una «donación», sea quien fuere
el beneficiario de la misma? ¿Quién es aquí el verdadero sospechoso, el
acusador o los acusados? Disparates aparte, es obvio que Luege acusa a los
“líderes de Antorcha Campesina” de estar a punto de recibir, de manera gratuita
e ilegal, 200 hectáreas de terrenos nacionales para llevar a cabo, nosotros o
un tercero oculto detrás de nosotros, un “jugoso negocio” con la reventa de
esas hectáreas a precio de oro. Y es esto parte sustancial de lo que quiero
aclarar. Desde el año 2007, siendo Presidente Municipal de Chimalhuacán el Ing.
Marco Antonio Lázaro Cano y Gobernador del Estado de México el Lic. Peña Nieto,
los pobladores del municipio, naturalmente encabezados por sus representantes
legales, iniciaron la gestión para obtener la cesión de 800 hectáreas de los
llamados Tlateles, tierras salitrosas y áridas que estaban en posesión de los
comuneros chimalhuacanos, con el propósito de crear un gran desarrollo
industrial que diera empleo y mejores salarios a los miles de pobres y desocupados
del Municipio. El Gobierno estatal respondió que no podía comprometer una
respuesta precisa sin antes efectuar estudios rigurosos sobre el impacto
económico, social y ambiental del proyecto. Y pidió tiempo para ello. Pasaron
así casi cinco años durante los cuales la gente, lejos de desanimarse y
renunciar a su demanda, intensificó la lucha por la misma, a pesar de lo cual
el Gobierno no cedió. No fue sino hasta que el proyecto del nuevo aeropuerto
(NAICM) estuvo afinado y listo para su ejecución, que sus promotores vieron el
problema social que representaban los comuneros, que no solo alegaban legítima
posesión sino también propiedad de una buena parte de los terrenos del nuevo
aeropuerto; y fue entonces y por eso que recurrieron al ayuntamiento de Chimalhuacán
como la única instancia capaz de convencer a los comuneros para que aceptaran
una indemnización por las tierras, a cambio de dar luz verde al proyecto
industrial que tenían congelado.
Pero
ni siquiera entonces las cosas fluyeron satisfactoriamente: pre proyectos y
proyectos definitivos que no lo eran, fueron y vinieron hasta que, al fin, de
las 800 hectáreas originalmente solicitadas, se aprobaron las modestas 200 que
escandalizan a Luege Tamargo. El CERAO (siglas del proyecto mencionado) no es, pues,
fruto de la “promoción” de SEGOB sino de la lucha del pueblo chimalhuacano, que
incluye a antorchistas y no antorchistas. Ítem más: Las 200 hectáreas aprobadas
están divididas en tres partes: 30 serán entregadas al municipio para una
unidad deportiva, 20 al Gobierno estatal para erigir una universidad
tecnológica, y las 150 restantes serán entregadas a una empresa paramunicipal
mayoritaria, creada ad hoc de acuerdo con la legislación aplicable al caso. Por
definición, pues, como reza el título, la mayoría de las acciones (60% en este
caso) quedarán en poder del municipio, y el resto se repartirá entre tres
pequeñas empresas a cambio de su compromiso de colaborar para el éxito del
proyecto, cuyo cumplimiento estará estrictamente controlado y supervisado. Por
tanto, ¿dónde entran aquí los líderes de Antorcha Campesina? ¿Cómo harán para
adueñarse de un proyecto perfectamente blindado por las autoridades y por la
legislación vigente, como acusa falsamente Luege? Es verdad que los terrenos
industriales deberán rentarse o enajenarse, pero esto es así por necesidad y no
por negocio. Así ocurre en todo el país y en el mundo; de lo contrario nadie
querrá invertir en Chimalhuacán. Si Luege conoce un camino mejor, que lo diga y
que deje de andar calumniando y obstaculizando el desarrollo social de los
chimalhuacanos.
Luege recuerda que cuando el presidente Peña
Nieto presentó el proyecto del nuevo aeropuerto, ofreció construir “una serie
de lagunas de regulación que, además de proteger las instalaciones del aeropuerto,
garantizarán la seguridad de miles de familias del oriente de la ciudad”. Sobre
esta base, afirma que “las 200 hectáreas que se pretenden donar a Chimalhuacán
están exactamente en los terrenos donde se proyectan estás lagunas de
regulación” y, a reglón seguido, pregunta: “Entonces, ¿se van a construir las
lagunas? ¿El proyecto del NAICM que presentó el presidente Peña se llevará a
cabo? ¿Se dejará sin protección contra inundaciones a todo el oriente del Valle
de México?” Y más abajo afirma tajante: “Ahora resulta que ni parque ecológico,
ni lagunas de regulación, ni zona de protección ni nada. El gobierno federal,
violando toda la normatividad, pretende “obsequiarlo” a esos líderes corruptos
que obligan a sus socios a encuerarse en la vía pública”. Es una absurda
mentira que las 200 hectáreas del CERAO se ubiquen “exactamente” donde irían
las lagunas de regulación; y más torpe aún es asegurar que, por culpa del CERAO
no habrá “ni parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección
ni nada”. Cualquiera que se tome la molestia de echarle un vistazo al proyecto
hidráulico del NAICM, verá fácilmente que las lagunas proyectadas y el CERAO no
se interfieren en absoluto, y que de siete lagunas que hay en la actualidad,
incluido el Lago Nabor Carrillo, con 13
millones de metros cúbicos de agua en total, se proyecta pasar a nueve lagunas con 38.2 millones de metros
cúbicos, es decir, 25.2 millones más que lo que se tiene en la actualidad. El
proyecto precisa, además, que el Lago Nabor Carrillo mantendrá su función
anterior con un tirante ecológico permanente, a diferencia de lo que sostiene
Luege al respecto. Y una última enorme mentira es atribuir todos estos cambios
al CERAO y no, como es lo cierto, a las necesidades del NAICM.
¿Cómo entender los absurdos infundios de
Luege? Solo se me ocurre una explicación plausible: estamos ya, de hecho, en
tiempos electorales, y el grupo político de Luege aspira a ganar el Estado de
México para asegurar la Presidencia del país. Y en el Estado de México, el voto
antorchista será decisivo sin lugar a dudas, pésele a quien le pese. De ahí que
parece lógico que algunos grupos vean necesario y urgente deslavar nuestra
imagen y sembrar en los electores odio y rechazo a nuestro movimiento. De esa
manera esperan tal vez debilitar al candidato de nuestra preferencia, o, mejor
quizá, lograr que nadie vea redituable aliarse con un grupo de corruptos
chantajistas que le acarreará más desprestigio que votos. Luege acusa a SEGOB,
falsamente como hemos visto, de estar convertida en depredadora de los bienes
de la nación y de violar toda la normatividad vigente para favorecer a los
líderes de Antorcha. Si las instancias federales no se defienden de tales
canalladas teniendo todo para hacerlo, cabe preguntarse: ¿están de acuerdo con
Luege para debilitar y aislar a los antorchistas? ¿Cómo y entre quiénes se
están tejiendo las alianzas para los duros combates que se avecinan? La
respuesta se la dejamos al chapulín colorado.