Ciudad de México. | 01 diciembre de
2016
Tribuna Libre.- En las
investigaciones sobre irregularidades cometidas por el gobernador con licencia
de Veracruz, Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, se detectaron
operaciones ilegales con recursos provenientes del erario veracruzano. En el
desarrollo de estas investigaciones la información proporcionada por el
gobierno electo en Veracruz fue relevante.
Detectados estos
recursos se procedió a iniciar una serie de procesos contra las empresas
destinatarias de éstos. Dos de las empresas que los recibieron, una vez que
conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos
estatales, firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la SHCP con lo que
ambas instituciones están recuperando $421 millones de pesos que serán
devueltos a la tesorería del Estado de Veracruz.
El primer monto,
correspondiente a $250 millones, se encuentra listo para ser entregado a las
autoridades veracruzanas, y el monto restante será transferido mediante
exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente.
El Procurador General de la Republica, Raúl
Cervantes, declaró:
Estos $450 mdp
recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la
institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con
herramientas modernas del nuevo sistema adversarial, combatir la corrupción y
recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente.”
Esta Procuraduría
desea resaltar dos aspectos primordiales:
Las personas
jurídicas son sujetas de investigaciones y como tal deben adoptar las medidas
necesarias de control en su organización para evitar sean utilizadas,
precisamente, para la comisión de cualquier ilícito.
Independientemente
de las sanciones de perdida de la libertad personal respecto de los principales
autores de los actos criminales, esta Institución se ha enfocado al
aseguramiento y recuperación de activos producto de hechos ilícitos.
Esta forma de
actuación será una constante para evitar la impunidad y procurar la
recuperación del producto del delito, por quien lo comete o se beneficia de
este.