* Atentado al reportero de La Opinión * Cuatro balazos lo mantienen entre la vida y
la muerte * 12 años después, el crimen
de Raúl Gibb sigue impune * ¿Mensaje
para quién? * Se fue el Juez Porky * Pudo conceder un amparo para efectos * Andrea se da un tiro en el pie * Lázaro y Cuauhtémoc, y los Alemán, también
son monarquía * Morena: las diputadas y
sus amantes
Mussio Cárdenas Arellano| 31 marzo de 2017
Tribuna Libre.- De 2005 a la fecha, La
Opinión de Poza Rica se fue quedando inerme, sin medidas cautelares,
desprotegida, en la mira de los violentos que en el despunte del fidelismo
arrancaron la vida de su director, Raúl Gibb. Hoy la historia se vuelve a
repetir.
Su jefe de redacción,
Armando Arrieta Granados, llegaba a su hogar, a eso de las 2 de la mañana, este
miércoles 29, cuando sintió el guiño de la muerte: recibió cuatro disparos, uno
en el cuello, otros en la espalda, uno más en la cintura.
Atacado, postrado en tierra,
lo inundaba la sangre que brotaba profusamente de su cuerpo mientras saturaba
uno de sus pulmones. Lo paralizaba el dolor, el shock que impone, saberse a
instantes de morir, sin qué decir ni cómo reaccionar.
Auxiliado por su esposa,
resistió. Y minutos después una ambulancia lo trasladó a la Cruz Roja. Ahí se
contuvo el desenlace. Ahí lograron estabilizarlo. Ahí se evitó, por lo menos
hasta ahora, que Armando Arrieta se convierta en el periodista número 21 en
morir violentamente en Veracruz.
Se cimbra de nuevo el gremio
de prensa que en un mes ha visto caer a Ricardo Monluí Cabrera, columnista y
director de El Político, en Yanga, en la zona montañosa occidental, y ver
baleado, aunque con su vida y fuera de peligro, a Israel Hernández, del diario
Imagen de Veracruz, mientras cubría un enfrentamiento entre obreros de la
empresa Tamsa.
Sacude lo de Arrieta
Granados y, más aún, saber que La Opinión de Poza Rica, tan golpeada como ha
sido, dejó de contar con medidas cautelares que debió otorgar el gobierno
federal y que debió garantizar el de Veracruz desde aquel infausto 8 de abril
de 2005 en que Raúl Gibb Guerrero, su director, fue emboscado a 200 metros de
su hogar, en el fraccionamiento Halliburton.
Doce años después, la
impunidad sigue. Nunca se dio con los culpables. Nunca se le hizo justicia a
Raúl Gibb.
Tras el crimen de Raúl Gibb
se estableció férrea vigilancia en el rotativo. Gozaba de seguridad pero al
paso del tiempo se relajó la protección.
“Se habían suavizado (las
medidas de seguridad) —dice Ana Laura
Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección de
los Periodistas, al portal e-consulta—, pero de manera reciente se solicitó la
intervención para el periódico en general pero del Mecanismo Federal. Estamos
solicitando información para hacer el cruce, y saber qué es lo que habían
solicitado y ver cuál era el factor de riesgo, en que se da esta solicitud”.
Hoy, la CEAPP otorga ya las
medidas cautelares a la familia del jefe de redacción del periódico de los Gibb
y revisa en qué nivel se hallan las de carácter federal, si existen o no, si La
Opinión estaba bajo asedio, amenazados sus integrantes o no.
“Armando Arrieta no estaba
bajo protección de la CEAPP, y se investiga si la Feadle habría brindado
seguridad personal al periodista” agregó Ana Laura.
Arrieta Granados ha sido
parte de La Opinión de Poza Rica desde hace 20 años. Le tocó enfrentar el
crimen de su director, el clima de crispación, las pistas falsas y las pistas
reales, las líneas de investigación, la sospecha fundada y al final, la impunidad.
Le tocó ser subdirector
editorial y ver la disputa de los herederos de Raúl Gibb por el medio de
comunicación líder en el norte de Veracruz, el asalto al poder, accionistas
despojados y otros audaces que ejercieron control hasta que una acción policíaca
devolvió el rotativo a la familia Gibb.
Por Armando Arrieta pasó la
película de los presuntos culpables. Que si hubo amenaza y amago previo al
crimen de Gibb. Que si fue Fidel Herrera, entonces gobernador. Que si un
sobrino estuvo implicado y huyó. Que si fue autoría de Martín Rojas, empresario
al que La Opinión de Poza Rica le documentaba vínculos con chupaductos,
deportado a México pero sólo para responder por delitos fiscales. Que si el
verdadero asesino fue Francisco “Pancho” Colorado Cessa, el narco empresario
ligado al Cisne Alberto Silva Ramos, que hoy purga condena de 20 años en una
prisión texano por lavar dinero para el grupo delincuencial Los Zetas.
Testigo de la impunidad,
Armando Arrieta un día enero de 2007 expresó: “Los periodistas de Veracruz no
gozamos de las mismas garantías que nuestros colegas del DF, por la sencilla
razón de que no tenemos el mismo nivel de influencia ante la sociedad. El
asesinato de Raúl Gibb, director de La Opinión, nos mostró nuestra
vulnerabilidad”.
Y así es.
Hasta la medianoche del
martes 28, Armando Arrieta veía pasar la vida y, más allá, la injusticia, la
desigualdad que domina a Veracruz, el reino de los violentos, el oasis de los
corruptos, la justicia torcida y la ley fracturada.
Dos horas más tarde, se transformó
en protagonista de su electrizante historia. Recibió cuatro impactos de bala y
milagrosamente no murió. Su estado es grave. De Poza Rica, donde en la Cruz
Roja contuvieron el desenlace, fue trasladado en helicóptero al puerto de
Veracruz.
Su pronóstico es dramático:
un pulmón quedó saturado de sangre, que se coaguló, y dos de las balas que
permanecían en el cuerpo al parecer eran expansivas.
Ofrece el gobernador Miguel
Ángel Yunes que habrá acción legal, que se protegerá a Armando Arrieta y a su
familia, que es su amigo de 30 años, que no habrá impunidad y que pronto se
dará con los culpables.
Sí, pero también hay
incredulidad. Y los reclamos van y vienen. Se percibe la vulnerabilidad del
gremio, la indefensión ante el ataque mortal, en la mira quienes recogen la
noticia, los que comentan y analizan la terrible realidad de Veracruz.
Cunde el desánimo, y más la
condena al estado de agresión que hace recordar que así comenzó el gobierno de
Javier Duarte hasta alcanzar cifra récord en crímenes de periodistas.
Manuel Rosete, en Apuntes,
expone:
“El secretario ejecutivo de
la Comisión Estatal de Protección a Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, comentó
ayer que en los últimos años hay por lo menos 51 expedientes de ataques en
contra de reporteros de Veracruz. Se incluyen la privación de la libertad,
amenazas, lesiones, robo y desapariciones.
“Dijo que la situación es
preocupante. Solo durante los últimos tres meses, se han reportado tres ataques
a periodistas: Ricardo Monlui Cabrera, reportero asesinado de Córdoba; Israel
Hernández, reportero baleado en un conflicto obrero, y ahora el ataque a
balazos contra el jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica, Armando
Arrieta.
“Además, comentó que hay una
alta incidencia de amenazas en contra de reporteros: ‘Sabemos que en el estado
hay una debilidad y descomposición de las instituciones, hay fragilidad en el
estado de derecho, los grupos delictivos en el estado que han ampliado sus
actividades, y la impunidad es un elemento también’ ”.
Otro periodista que reclama
acciones, no promesas, es Bernardo Gutiérrez Parra, autor de Desde el Café:
“En tres meses y medio del
gobierno de Yunes ha habido tres atentados contra periodistas. De a uno por mes
en promedio.
“Inútil clamar por
protección; inútil exigir justicia.
“No exagero al decir que
quienes nos dedicamos a este oficio en Veracruz andamos sólo con la bendición
de Dios, porque del gobierno estatal no hemos recibido más que desprecio.
“En lugar de apoyo,
invariablemente viene el choro que hemos escuchado hasta la saciedad: ‘La
Fiscalía General del Estado ha iniciado ya las investigaciones correspondientes
para sancionar a los responsables de este cobarde atentado que no debe quedar
impune. Respeto plenamente la libertad de expresión y el ejercicio profesional
del periodismo. Me encuentro sumamente preocupado por los hechos recientes en
contra de comunicadores’, dijo el gobernador.
“Pero ya no queremos oír
eso, gobernador. Ya basta de frases retóricas. Lo que exigimos es seguridad,
seguridad, seguridad.
“Eso fue lo que prometió a
los veracruzanos. Y por eso es que votaron por usted un millón 55 mil 544
incautos”.
Crece la violencia contra
los medios, en la mira de los malosos quienes realizan periodismo crítico, sin
nada que pueda preservar su trabajo profesional, porque quienes atacan saben
que hay impunidad. Y si hay impunidad, si no hay castigo, se puede volver a
matar.
Flotan las preguntas en el
gremio y no hay respuesta: ¿Qué provocó el ataque a Arrieta? ¿Sus textos
periodísticos, la línea editorial de La Opinión, los intereses afectados,
incluso desde que Raúl Gibb vivía? ¿O es un mensaje? ¿Mensaje para quién? ¿De
parte de quién? ¿Y por qué?
Hay otra hipótesis sobre la
oleada de violencia al periodismo de Veracruz: la mano del duartismo y la
fidelidad, la que se alió con el crimen organizado, la que hizo negocio con la
inseguridad, la que se enriqueció con el paso de migrantes, o con su
exterminio, o con el tráfico de droga, o con el secuestro y la extorsión.
Lo que se urde en las
sombras es perverso y demencial: que se caliente Veracruz a costa de la sangre
de los periodistas.
Pinta esto peor que en el
duartismo. Allá, los crisis estalló en junio de 2011 cuando apareció el cuerpo
de Noel López Olguín y fueron masacrados Milo Vela, su esposa Agustina Solana,
y su hijo Misael.
Acá, van tres agresiones en
marzo: el crimen de Ricardo Monlui, el disparo que recibió Israel Hernández,
sin saldo mortal, y el atentado a Armando Arrieta.
¿Quién sigue?
Archivo muerto
Devastador el efecto Porky.
Sacude al Poder Judicial Federal, lo maltrata, exhibiendo sus taras y sus
vicios, el manejo errático de un caso que pega en la fibra sensible de la
población femenil: el ataque sexual. Si Anuar González Hemadi, el juez de distrito,
hubiera concedido un amparo para efectos, no liso y llano como lo hizo, habría
tenido menor impacto. Pudo ordenar la reposición del proceso. Pudo enfatizar
que no se emitió correctamente la orden de aprehensión porque más que
pederastia, es abuso sexual. Consultados al respecto, diversos abogados
coinciden en que Anuar González se inmoló inútilmente. ¿Qué lo obligó a
conceder un amparo liso y llano? Más allá del razonamiento jurídico, de la
inconsistencia de las pruebas, de la fragilidad del caso Porkys, están las
formas. Con un amparo para efectos pudo cumplir y salvar el pellejo. Pero no.
El plan era allanarle el camino a la libertad a un mequetrefe que de antemano
ya está condenado por la sociedad. Diego Cruz Alonso es el que tocaba los
senos, el que metía la mano bajo la falda, el que introducía los dedos en la
vagina, pero no mostró deseo carnal, pero no fue lascivo, no tuvo intención
sexual. Así está en la sentencia. Y eso ya lo condenó. Denostado en las redes,
tildado de Juez Porky, Anuar González renunció a seguir con el otro amparo, el
de Enrique Capitaine, que por lo que se ve iría en el mismo sentido que el
Diego Cruz. Horas después, el Consejo de la Judicatura lo suspendió e inició
una investigación administrativa. Así se estila para salvar a los suyos.
Simulan que es castigo y los cobijan. Ya palpó el Poder Judicial que si se
trata de incendiar las redes sociales, basta un amparo que agravie y lo demás
lo hacen los internautas… Se le creía más inteligente. No lo es. Hurgando en la
herida de los Yunes, dice Andrea, la hija del senador Héctor Yunes Landa, que
no aspira a la alcaldía de Veracruz pues su familia es demócrata, no
monárquica. Con lenguaje de Peje, parafraseó al líder de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, con aquello de que el clan Yunes-Linares-Márquez es la monarquía
azul y de pasó evadió contender contra su primo hermano, el senador con
licencia, Fernando Yunes Márquez. Pero erró Andrea. Y por partida doble. Su
familia, la de los Yunes Landa, no es demócrata, es corrupta. Usar disfraz de
policía del IPAX como lo hicieron su abuelo y sus tíos para obtener permisos de
portación de armas, insertarse en la estructura de la corporación, mentirle a
la Sedena, es un acto de transgrede la ley y que pronto estará en los
tribunales. Y eso es corrupción. Así no se puede ser demócrata. Y si monarquías
habla, tiene dos ejemplos en el PRI: Lázaro Cárdenas y su hijo Cuauhtémoc, uno
presidente, el otro gobernador de Michoacán y ganador de la elección
presidencial en 1988, robada por el salinismo al que por cierto sirve Héctor
Yunes; el otro es más cercano, son los Alemán, don Miguel Alemán Valdés,
gobernador y presidente de México, y su hijo Miguel Alemán Velasco, senador y
gobernador de Veracruz. O sea, son monárquicos los Yunes y no son monárquicos
don Lázaro y su hijo, ni los Alemán. Buen tema para Andrea Yunes, quien un día
aspiró a ser la “chofera” de su tío Miguel, según su whatsapp… Dardo letal el
de Rogelio Martínez Hernández: en Morena las diputadas imponen a sus amantes.
Del Facebook de quien en la elección federal fue representante de Rocío Nahle
García a la diputación por Morena en el distrito de Coatzacoalcos: “Hay una
serie en Netflix, se llama ‘Las Infames’. Es lo que está pasando en ‘Morena’.
Se están prostituyendo algunas diputadas, ponen a sus queridos en las
regidurías, síndicos y hasta alcaldes…al tiempo!”…
