Ciudad de México. | 27 octubre de 2017
Tribuna Libre.- La titular de la Secretaría de la Función
Pública (SFP), Arely Gómez, anunció que la dependencia inició ocho
procedimientos administrativos por los contratos entre dependencias del
gobierno federal y las 21 filiales de Odebrecht.
La funcionaria informó que se investiga a 23
servidores públicos por este caso –sin revelar nombres– y precisó que, en lo
que va del gobierno, se presentaron ya 24 denuncias contra secretarios, 33
contra subsecretarios y mil 745 contra directores de la Administración Pública
Federal.
Adelantó que de las investigaciones que se
realizan “se han detectado nuevos hallazgos que darán lugar al inicio de nuevos
procedimientos”.
Sin embargo, la funcionaria se quejó de que
cuando tres de estos ocho procedimientos ya estaban en lista para emitir
resoluciones, “el Poder Judicial concedió una suspensión definitiva para que
dichas resoluciones no sean emitidas”.
Durante su comparecencia ante diputados
federales con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la secretaria
reportó que en las indagatorias se encontraron “cobros en exceso e
inconsistencias” en contratos con tres refinerías: Tula I, Tula II y Salamanca.
Dijo que en los expedientes se revisa la
relación y contratos de funcionarios de diversas dependencias mexicanas con las
21 filiales de la empresa brasileña, pero aclaró que las denuncias se centran,
principalmente, en la firma Construcciones Norberto Odebrecht.
Reconoció que éste “es un caso que ha
indignado y cuestionado el trabajo del gobierno”, y aseguró que en el tema
“Odebrecht se ha trabajado con el mayor rigor posible dentro de la SFP”.
Por otra parte, la funcionaria federal
anunció ayer un programa de coordinación con la Comisión Bancaria y de Valores
y el Servicio de Administración Tributaria para detectar y castigar empresas
fantasma utilizadas para lavado de dinero.
“Vamos a sacar un programa a la luz pública.
Lo íbamos a sacar, pero con el motivo del sismo lo tuvimos que detener, pero
(se dará a conocer) pronto, antes de que termine el año”, señaló.
El programa, abundó, “es sobre cómo se puede
saber y qué instrumentos y herramientas informáticas vamos a tener para saber
cuándo una empresa es fantasma”.
Esto, luego de que la SFP detectara
irregularidades en contratos de dependencias federales y universidades públicas
que derivaron en el cese e investigación contra al menos media centena de
funcionarios.
“Se han reducido los montos pasando de 12 mil
905 millones de pesos, a 95 millones de pesos, y los contratos de mil 458 en
2014 a tan solo el día de hoy 105”, agregó.
