*El 3
de octubre la COPARMEX CDMX había solicitado el apoyo legislativo para una ley
que restrinja de todos sus derechos para ser votado y a participar en la
administración pública a todo aquel ciudadano que haya cometido actos de
corrupción.
Ciudad de México. | 19 octubre de 2017
Tere
López Zamudio
Tribuna Libre.- El senador panista Jorge Luis Preciado
Rodríguez propuso "muerte administrativa" para los funcionarios que
cometan actos de corrupción, de modo que los corruptos queden inhabilitados
para el servicio público de por vida.
La propuesta presentada por el legislador
coincide con la planteada el pasado 3 de octubre por el presidente de
COPARMEX-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, quien pidió el respaldo legislativo para
construir una ley que excluya a los corruptos de las funciones de gobierno.
Así la "muerte política o
administrativa", inspirada en la ley peruana de "Muerte Civil",
propone establecer sanciones que impidan a los corruptos seguir incurriendo en
faltas administrativas, para impedir que privilegien sus intereses particulares
con los recursos públicos.
Con el mismo tono planteado por el
representante empresarial, el senador Preciado explicó que ante el serio
problema de corrupción que enfrenta el país, urge reformar la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, a fin de inhabilitar de manera permanente al
servidor público que realice alguna falta grave, de modo que no puedan ocupar
ningún cargo público.
El Senador subrayó que México ocupa el primer
lugar en corrupción entre los 35 países que integran la OCDE y aseguró que el
problema radica en la excesiva impunidad, en el nulo castigo para los
corruptos.
A decir de la Confederación Patronal la
corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos anuales, lo que
significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y de
acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de
Transparencia Internacional (IT), nuestro país ocupa el lugar 95 de 168 países.
Jesús Padilla subrayó que con los recientes
sismos ocurridos el mes pasado han puesto en tela de juicio la actuación de
funcionarios públicos a nivel nacional, quienes por acción u omisión, podrían
tener responsabilidades en las afectaciones de los movimientos telúricos.
El representante de los empresarios alertó
sobre el riesgo de que el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas
locales sean manipulados por grupos de poder para construir sistemas “a modo”.
Padilla Zenteno señaló que hasta hoy no
existe una ley que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de
corrupción, de manera que no pueda ni postularse a cargos de elección popular
para evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro encargo en la función
pública.
"El pacto social que nos dio una forma
de organizarnos en comunidad fue para bien administrar nuestros recursos y
potenciar cada una de las fuerzas individuales con el fin de crecer
colectivamente hacia un mejor estado de cosas", dijo Jesús Padilla.
La iniciativa presentada por Jorge Luis
Preciado Rodríguez se envió a las comisiones de Justicia y de Estudios
Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.