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"No solamente por una conducta sino
también por omisiones se pueden fincar responsabilidades”, señaló Luis Raúl
González Pérez.
Xalapa, Ver. | 04 octubre de 2017
Tribuna Libre.- Para Luis Raúl González Pérez, presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General del
Estado (FGE) deberá investigar a Arturo Bermúdez Zurita -exsecretario de
Seguridad Pública- por haber permitido, tolerado o instruido desapariciones
forzadas en Veracruz entre 2011 y 2016.
Lo anterior fue dicho en alusión a la
recomendación 01/2017, publicada este 03 de octubre por la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos (CEDH) en la que se expusieron 81 casos de desaparición de
los cuáles 22 habrían sido cometidas por policías o servidores públicas de la
SSP.
“Él (Arturo Bermúdez) no está exento de que
el ministerio público investigue el conocimiento que tuvo (en las
desapariciones forzadas). No solamente por una conducta sino también por
omisiones se pueden fincar responsabilidades”, respondió el titular de la CNDH.
González Pérez agregó que la Fiscalía
veracruzana es responsable de investigar la cadena de mando en el interior de
la Secretaría de Seguridad Pública, altos funcionarios que de alguna manera
hayan “permitido, tolerado o instruido desapariciones forzadas”, entre ellos
Bermúdez Zurita hoy preso por delitos relacionados con corrupción.
“Una sola desaparición forzada representa un
reto ineludible para cualquier estado, su maquinaria de justicia se pone a
prueba no solo ante los ciudadanos si no ante el consejo internacional y las
asociaciones civiles que exigen respeto y vigencia de derechos humanos”,
señaló.
Luis Raúl González citó como ejemplo las
recomendaciones emitidas por la CNDH por dos casos de desaparición forzada. El
primero de ellos cometido el 11 de enero de 2016 en Tierra Blanca donde cinco
jóvenes fueron privados de su libertad por policías estatales y posteriormente
entregados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En tanto, la recomendación 6VG/2017 fue
publicada el 01 de octubre pasado por la desaparición de tres jóvenes, el 19 de
marzo de 2016 a cargo de policías municipales de Papantla que habrían cometido
el ilícito en contubernio con integrantes del cartel de Los Zetas.
“Casos hay muchos en los que se ha
evidenciado la participación de autoridades con particulares. En cada caso se
debe llegar a la verdad mediante una investigación exhaustiva y pertinente que
localice a las personas desaparecidas y a los responsables para que sean
castigados conforme a derecho”, abundó.
Lo anterior fue respaldado por Namiko
Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH), quien refirió en entrevista que “se tiene que investigar y determinar a
todos los servidores públicos que hayan participado y sancionar a los
responsables”.
Matzumoto Benítez enfatizó que los 81 casos
que forman parte de la recomendación 1/2017, constituyen un patrón sistemático
de omisiones de exfuncionarios de la FGE que “sin lugar a dudas ha generado
impunidad; irregulares en investigación que obstaculizaron que las indagatorias
tuvieran resultados satisfactorios”.
“El inicio de la investigación constituyó
mera formalidad. La investigación provoca que los autores materiales e
intelectuales no sean presentados ante la justicia, pero también que los
servidores públicos a cargo de las indagatorias iniciales perpetúen las
prácticas que violan los derechos humanos”, señaló la titular de la CEDH.
Advirtió que en la recomendación se incluye
que los servidores públicos responsables sean separados de sus cargos y en su
caso sean procesados penalmente.
“No solo se debe castigar a policías de menor
rango”: Aracely Salcedo
Por su parte, Aracely Salcedo Jiménez,
integrante del colectivo Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, recordó
que su agrupación ha demandado que no “solo se debe castigar a los policías de
menor rango, aquí se le deben fincar las debidas responsabilidades a cada
servidor público que estaba al mando en ese momento, como tenemos el caso de
Bermúdez".
La madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez,
desaparecida en septiembre de 2012 recordó que, como se cita en la
recomendación de la CEDH, de los 81 casos por desaparición, la mayor
reincidencia se concentra en la zona centro de Veracruz, en los municipios de
Córdoba y Orizaba.
Agregó que las investigaciones se deben
trasladar hasta la FGE, iniciando por el exfiscal general Luis Ángel Bravo
Contreras. “Él hizo una omisión muy grave por el tema de las pruebas falsas de
ADN, él está como sin nada y no dudaría que el día de mañana esté en otro cargo
público”, sostuvo.
El comentario de la madre fue respaldado por
Luis Raúl González Pérez, quien dijo que en Veracruz se observa un patrón de
justicia que no satisface el acceso a la justicia a los familiares de
desaparecidos, “un tema que viene de años atrás pero que hoy persiste”,
aseveró.