*Exhorta
Senado a instrumentar operativos que frenen homicidios en el estado de Veracruz.
Ciudad de México. | 25 octubre de 2017
Tribuna Libre.- Se equivoca el Gobernador de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Linares cuando asegura que su gobierno no tiene la responsabilidad
de evitar las ejecuciones entre bandas del crimen organizado. Desde luego que
es su responsabilidad hacer valer el Estado de Derecho para brindar seguridad y
justicia a la población afectada, dijo hoy el Senador Héctor Yunes Landa. “No
puede catafixiar un mandato establecido en la Constitución por un bando de
impunidad para la delincuencia”, puntualizó.
Ante el incremento sostenido de homicidios
con características de ejecuciones registrado en los últimos meses en el estado
de Veracruz, este martes el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la
República presentó un Punto de Acuerdo para hacer un exhorto al gobierno del
estado de Veracruz y en el ámbito de sus funciones, -a través del Sistema
Estatal de Seguridad Pública y las demás instancias de seguridad pública de la
entidad-, instrumente operativos para combatir los casos de ejecuciones a cargo
de organizaciones del crimen organizado.
En el Punto de Acuerdo, explicó el legislador
veracruzano, hemos expuesto la crisis de seguridad y gobernabilidad que vive la
entidad veracruzana. “Hay un aumento sostenido en delitos de alto impacto como
el homicidio -en particular de feminicidios e infanticidios-; así como de la
tortura, abusos de autoridad y violación a los derechos humanos, lo que coloca
a Veracruz al frente de prácticamente todos los índices de incidencia
delictiva”.
Héctor Yunes dijo que el exhorto es en
realidad una llamada de alerta. Explicó que, según información proporcionada
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre
diciembre de 2016 y julio de 2017, en el estado de Veracruz han ocurrido mil
696 homicidios, de los cuales, el 75% de ellos son ejecuciones del crimen
organizado. “Además, también se han registrado 121 secuestros, 188 violaciones
y 13 mil 855 robos (mil 869 son hurtos de vehículos con violencia)”, informó al
referirse al documento presentado la mañana de este martes.
“Otra vez, como en el caso de los
periodicidios, de los feminicidios y de los infanticidios, no se trata de
hechos aislados. El gobernador no puede escudarse en que sólo los ciudadanos de
bien deben ser protegidos, cuando la violencia generada por los grupos
delincuenciales ha alcanzado a todos los sectores de la población”, insistió.
En el Punto de Acuerdo presentado por su
grupo parlamentario, dijo, se refieren sólo algunos de los cientos de casos que
han sucedido a lo largo de este gobierno. “Son ejecuciones que involucran a
mujeres y niños; ejecuciones que se realizan en las principales ciudades
prácticamente a cualquier hora del día, atemorizando al resto de la población.
¿Cómo puede decir el Gobernador que esa no es su responsabilidad?”, explicó
respecto a las razones de la propuesta presentada.
El gobernador de Veracruz presume de ser un
buen abogado, agregó. “Le recuerdo que conforme al artículo 21 párrafo noveno
de la Constitución Política de nuestro país, la seguridad pública consiste en
la función a cargo de los tres órdenes de gobierno, que comprende la prevención
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como
la sanción de las infracciones administrativas. Está incumpliendo un deber legal
al rechazar esa responsabilidad”, insistió.
Finalmente, en el Punto de Acuerdo se señala
que resulta indispensable que se tomen acciones contundentes e integrales que
permitan regresar la tranquilidad, seguridad y certeza a la población de la
entidad. Es ahí donde radica la idoneidad del presente punto de acuerdo, cuya
motivación es el cumplimiento de funciones torales del Estado Mexicano, tales
como la seguridad pública.