*
No había pasado ni una semana del fallo de la
SCJN y los encargados de elaborar la Ley General que regulará la publicidad
oficial –los legisladores–, ya se habían pronunciado en contra. Incluso,
dijeron, la Suprema Corte se había extralimitado en sus funciones al dictaminar
“omisiones legislativas”. El Presidente Enrique Peña Nieto no ha emitido ni una
sola palabra al respecto, pese a que esa medida fue una de sus propuestas de
campaña y pasó a formar parte de un decálogo de objetivos nacionales que
presentó ante integrantes del Pacto por México en 2012.
*Leopoldo
Maldonado, coordinador de asuntos jurídicos de Artículo 19, considera que el
manejo actual de la publicidad oficial no puede continuar en un sistema que se
etiqueta de democrático y advierte que están preparados para cualquier
resistencia que se presente en el futuro.
*“Nos
queda claro que habrá resistencias. Queda claro que para ciertos medios es una
mina de oro, para políticos es una herramienta muy útil de control y de
contención, de censura sutil e indirecta, pero también está el tema de poder
activar juicios de amparo por omisiones legislativas. Eso es una
reconfiguración brutal en términos de los pesos y contrapesos institucionales,
es decir, viene a redefinir el papel de los tribunales federales que son los
que conocen el juicio de amparo, frente a los congresos locales y el Congreso
federal”, sostiene el miembro de la organización internacional defensora de la
libertad de expresión.
Ciudad de México. | 23 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- Hace una semana, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) votó a favor de Artículo 19 en el amparo que interpuso por
omisiones legislativas, porque el Congreso de la Unión no emitió la Ley que
regularía la publicidad oficial en 2014.
A pesar de ese reconocimiento de falta y de
que ese compromiso lo hizo el Presidente Enrique Peña Nieto desde 2012
–respaldado por lo que fue el Pacto por México–, las voces y los silencios al
respecto de la legislación que acabará con los vicios que esa práctica ha
generado entre el poder político y medios de comunicación, dan a entender que
la batalla no será sencilla.
Aún así, Leopoldo Maldonado, coordinador de
asuntos jurídicos de Artículo 19, anuncia que están preparados para cualquier
escenario, aunque espera que se cumpla el fallo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, el máximo tribunal de justicia en el país.
En particular, plantea, porque éste ya dejó
de ser un problema de dinero, sino de cambiarle la cara a la democracia en
México con una relación mucho más sana entre el poder político y los medios.
“No podemos seguir creyendo que lo que
tenemos es publicidad oficial, cuando eso es propaganda política, es promover
acciones de gobierno para legitimar a ciertos grupos en el poder, es propaganda
personalizada. Lo que necesitamos es la verdad publicidad, campañas educativas,
con fines de orientación social, con fines informativos, en temas de salud, de
prevención de desastres. No nos interesa saber que lo bueno cuenta mucho o que
el Senado está trabajando o haciendo leyes, pues muchas gracias pero ese es su
trabajo, no necesitamos promover instituciones o personas, necesitamos campañas
que impacten en el ejercicio de derechos de la población”, explica en una
entrevista con SinEmbargo.
Pasaron ya cinco años de que Peña Nieto
prometió regular la publicidad oficial y lejos de ver los resultados, hoy se
sabe que el dinero destinado a medios de comunicación ha incrementado y no se
han respetado los límites que le ha marcado el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
En ese contexto, la publicidad oficial se ha
convertido en un mecanismo de restricción indirecta, sutil y de acuerdo con
Maldonado, los resultados se resumen en más de 2 mil agresiones a periodistas,
111 asesinatos, 23 desaparecidos en los últimos 10 años.
–¿Cuándo la publicidad oficial empezó a
descomponerse en el país con el uso excesivo del dinero, o por el mal uso y las
desviaciones de esa herramienta?
–Es un tema que lleva décadas. Los venimos
arrastrando desde la época del priismo más duro, más rancio en este país y la
frase que sintetiza esta problemática es la José López Portillo, que en 1982 le
retira la pauta de publicidad oficial a la revista Proceso, que llevaba apenas
unos seis años de haber sido fundada y había desnudado toda la corrupción
gubernamental durante el sexenio y al Presidente se le achaca la frase: “no
pago para que me peguen”. Es un tema del control de los medios a través de
diversas formas y lo venimos arrastrando desde el régimen postrevolucionarios;
recordemos el monopolio del papel periódico a través de PIPSA [Productora e
Importadora de Papel, SA, fundada por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, y
usada por gobiernos posteriores para pressionar y censurar a los medios
impresos de todo el país]. Son estos medios de control indirecto, pero a la
postre es un control que genera censura sutil, pero a final de cuentas,
censura. Esa ha sido una manera
histórica en este país, de controlar a los medios, las narrativas y las líneas
editoriales. Evidentemente, a partir de la alternancia política en México y
sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, el problema se empieza a visibilizar
el problema, la magnitud de la problemática, pero era algo que sobrevolaba en
el ambiente de los medios de comunicación, que imponía las condiciones de la
relación entre el poder político a todos niveles –federal, local, municipal– y
los medios de comunicación. Desde hace 10 años a la fecha comienza a desnudarse
la problemática, pero el problema viene de muchos años atrás.
–¿Quién es el enemigo a vencer?, ¿el
Gobierno?, ¿los medios beneficiados de la publicidad?
–Creo que en este caso se lucha contra un
sistema perverso y para eso se necesitan dos partes, incluso tres, porque las
audiencias tenemos nuestra parte. El sistema de medios en México se ha
construido sobre esta relación tan enferma, perversa, poca democrática y propia
de un régimen autoritario, donde evidentemente el Estado tiene un papel
preponderante. También los medios se han vuelto adictos al dinero y no han
encontrado una forma alternativa para hacerse de recursos para beneficiar a la
sociedad mediante su labor informativa. No hay ningún costo de hacer mal
periodismo en México. No hay ningún costo en términos de perder audiencia o
consumidores de información, de disminuir su impacto en términos de la
penetración que tenga ese medio de comunicación, ya sea digital o convencional.
Están tan acostumbrados a que ya tienen dinero sí o sí, ciertos medios de
comunicación, no digo que todos, pero muchos, sobre todo en los estados, viven
en una condición de marginación respecto a esos ingresos públicos federales que
son distribuidos entre medio afines. En esta situación se necesitan dos partes
que han generado este sistema perverso.
Por otro lado, tampoco hay condiciones
institucionales para poner en el debate público este tema por parte de los
medios que son marginados, que tienen una línea crítica y que pueden llegar a
tener una audiencia muy grande; esa no es la condición ni el criterio mediante
el cual se rige la asignación de la publicidad oficial; sabemos que es bajo
ciertas componendas políticas. Una asignación que describe la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y que la propia Corte retoma, como una asignación
positiva en el sentido de “hablas bien de mi” o negativa con “no hablas mal de mí”.
Pero a los que se salen del huacal, a esos no les llega nada. Esa es la
complicación que es sobrevivir en un país donde los medios afines al Gobierno
reciben dinero a raudales y los medios críticos, que son muy necesarios y que
son la piedra angular de la democracia al ser voz disidente e independiente,
viven ahorcados permanentemente en términos económicos.
–Sobre el papel del Congreso federal, al
saber que ellos tenían en sus manos la regulación, vienen a la memoria “Ley
Televisa”, la “telebancada”, los “derechos de las audiencias”. ¿Hay algún temor
que de que tanto en senadores como diputados ligados a intereses de empresas de
medios vayan a oponerse a la regulación?
–Ya empiezan a deslizar esa oposición a la
resolución de la Corte. El tema es la crisis institucional que puede llegar a
generar en términos de una orden directa de nuestra máxima autoridad
jurisdiccional de nuestro país al Congreso si la desacata. Los costos políticos
y en términos de democracia y de confianza ciudadana sobre las instituciones
van a ser muy altos. Ellos [los legisladores] lo mide en términos de la
coyuntura editorial y del proceso electoral, pero ahí también habrá costos y no
vamos a dejar de visibilizar que hay una orden de la SCJN que estaría siendo
inobservada. Desafortunadamente ya empezamos a escuchar voces al interior del
Congreso como la del propio Presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos
Ramírez Marín, que es del PRI. Algunos del PRD que empiezan a decir que la
Corte se extralimitó, que qué pasa si las mayorías parlamentarias votan en
contra de algún proyecto ya dictaminado en comisiones. Nos queda claro que
habrá resistencias. Queda claro que para ciertos medios es una mina de oro,
para políticos es una herramienta muy útil de control y de contención, de
censura sutil e indirecta.
Pero también está el tema de poder activar
juicios de amparo por omisiones legislativas. Eso es una reconfiguración brutal
en términos de los pesos y contrapesos institucionales, es decir, viene a
redefinir el papel de los tribunales federales que son los que conocen el
juicio de amparo, frente a los congresos locales y el congreso federal. Hay
muchos pendientes en la agenda legislativa por mandato expreso de la
Constitución. Los congresos y en especial el Congreso de la Unión ha dejado
pasar el tiempo que el propio constituyente permanente ha impuesto para
legislar en ciertos temas; está el caso del Fiscal General de la República, el
Sistema Nacional Anticorrupción y ahora el de publicidad oficial. El hecho de
que los ciudadanos, siempre y cuando acrediten un cierto interés legítimo en
términos jurídicos y que tienen una afectación por esa ausencia de regulación,
como en este caso Artículo 19, los pone con luces rojas. El tema del control de
los medios es brutal y por sí mismo va a generar muchas resistencias, pero el
hecho de que se haya abierto una brecha para que los ciudadanos presionemos por
la vía de los tribunales ante estas omisiones legislativas, no les va a gustar
[…] porque implica, literalmente, que se pongan a trabajar.
–¿Qué te dice esta actitud? Ramírez Marín se
pronunció al respecto y aún no pasaba ni una semana luego del fallo.
–Exhibe, más allá del Congreso como un órgano
propiamente político en cuyo seno se tienen que dar los debates de todas las
fuerzas partidistas, que sus vaivenes, que sus intereses están por arriba de
los intereses de la nación, a los derechos fundamentales de la población y eso
exhibe muchísimo, una vez más. El hecho de que ahora sea un tribunal y no
cualquiera, haya dicho que no han trabajado, abre un camino para que se les
siga exhibiendo eso es maravilloso para los ciudadanos y las ciudadanas. Dejó
de ser solo un tema de percepciones, de cuestiones subjetivas de que los
legisladores no están haciendo o que incumplen con su mandato constitucional de
legislar. Ahora sí tenemos herramientas para hacerlos trabajar y eso
evidentemente no les gusta.
–El Presidente no ha dicho nada al respecto a
pesar de que la regulación fue una de sus promesas de campaña.
–Claro y estaba en los compromisos del Pacto
por México. No solamente se comprometió como candidato, sino también como
presidente. No lo hicieron y es un compromiso que trasciende a la campaña, ya
que esos son periodos en los que se dicen muchas cosas, fue un compromiso de
estado, de los partidos políticos que encabezan los congresos a nivel federal y
local. No sabemos qué los frenó, pero sabemos que nadie de ningún color, de
ningún partido, ninguna corriente política, le hace el feo a la oportunidad de
controlar a los medios a través del dinero público. Sea quien sea. Es una
práctica muy poco democrática que nos tenemos que sacudir ya.
–El reto de llegar a estados y municipios,
¿cómo lo ven?
–Una de las premisas de las que partimos es
se trata de una ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 que
regula a todas las dependencias de gobierno, a los organismos públicos
autónomos y a los tres órdenes de gobierno. Eso le daría un carácter de Ley
General y tendría que regularse en todos los ámbitos de competencia de las
autoridades de todos los niveles de gobierno. Luego, los congresos locales
quedarían obligados a armonizar con esa Ley General. El punto es que no se
trata de una regulación o un fallo que beneficia sólo a los medios nacionales o
los asentados en la capital del país. El fallo de la Corte va a mover no sólo
al Congreso de la Unión sino a los congresos locales, por eso es importante el
involucramiento de todos los actores locales, de la prensa local, porque para
ellos también representa beneficios. Nos preguntan que cuándo hacemos los
amparos para Sonora, para Tamaulipas, pero no: esto va a traer beneficios en
términos jurídicos y de certidumbre para todos.
–¿Qué se eliminaría con esta nueva regulación
y qué es lo que nos traería?
–Para empezar, criterios claros de asignación
en términos de audiencia, de impacto de medios y bajo los principios de
equidad, porque sino los medios pequeños quedan afuera o las radios
comunitarias y muchas veces tienen mucho mayor nivel de penetración que los
grandes consorcios televisivos, pero no en la lengua de ciertas regiones;
también cómo se va a regular en términos de Internet, establecerá topes
presupuestales, sanciones jurídicas para el incumplimiento, algún órgano que
supervise ese comportamiento, estaba la propuesta de un consejo ciudadano
autónomo. Hay una serie de cuestiones que se tienen que ir hilando en el marco
de la discusión y nos preocupa que el formato de la discusión no se haga de
manera abierta, participativa, en la que estén todas las voces implicadas; no
queremos que se legisle en lo oscurito ni al vapor ni queremos una ley que
resulte contraproducente… aunque de ser así, ya tenemos las herramientas
jurídicas para impugnar esa ley, pero no es el caso al que queremos llegar. No
sólo es el tema del dinero, es el tema de cambiarle la cara a la democracia en
México en una relación mucho más sana entre el poder político y medios. Habrá
que vigilar el cómo, el cuándo, el quiénes, el organismo que va revisar, las
sanciones que habrá para quien haga una asignación arbitraria y discrecional
que no cumpla con la ley y a quien rebase los topes presupuestales establecidos
en los presupuestos de egresos cada año. Un aspecto central que se tiene que
legislar es el carácter de la publicidad oficial, el objetivo de la publicidad
oficial. No podemos seguir creyendo que lo que tenemos es publicidad oficial,
cuando eso es propaganda política, es promover acciones de gobierno para
legitimar a ciertos grupos en el poder, es propaganda personalizada. Lo que
necesitamos es la verdad publicidad, campañas educativas, con fines de
orientación social, con fines informativos, en temas de salud, de prevención de
desastres. No nos interesa saber que lo bueno cuenta mucho o que el senado está
trabajando o haciendo leyes, pues muchas gracias pero ese es su trabajo, no
necesitamos promover instituciones o personas, necesitamos campañas que
impacten en el ejercicio de derechos de la población.
–¿Qué significó para Artículo 19 esta primera
gran victoria?
–Es un reconocimiento al trabajo que hemos
desplegado desde hace muchos años junto con otras organizaciones y otros
actores que han hecho la pelea por un sistema más democrático en términos del
derecho a la información. Es triste que en este país, las y los periodistas
estén bajo la disyuntiva de la plata o el plomo; de la plata por las
condicionantes para recibir dinero. El plomosa significado en los últimos 10
años, más de 2 mil agresiones a periodistas, 111 asesinatos, 23 desaparecidos,
un nivel de impunidad del 99 por ciento. Es una fórmula imposible en
democracia. En este momento, generar las condiciones para atajar la plata, para
ponerle candados, es para nosotros muy esperanzador. Quitarle esa arma a los
gobiernos y a los actores privados que presionan a través de los gobiernos, es
esperanzador. Es un paso que implica muchos más pasos, compromiso en términos
de lo que viene, de vigilar que se cumpla la Ley, de no dejar que se caiga.
–¿Cuáles son los siguientes plazos para la
elaboración de la Ley?
–El plazo es el 30 de abril de 2018. Este
periodo de sesiones se acaba en diciembre y ya hay algunas iniciativas
presentadas por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, hay gobiernos
locales interesados como el de Quintana Roo, el de Chihuahua en ver los
próximos pasos y habrá que esperar el formato de la discusión. Parece que hay
mucho tiempo, pero tomando en cuenta que el periodo ordinario entra en febrero,
quedará muy poco y obligará a que se aceleren los tiempos para establecer los
plazos, formatos y actores que van a estar involucrados. Encontramos las
resistencias, pero al final del día hay quienes son receptivos al tema y
creemos que el tiempo apremia, porque no hay tanto tiempo como parece, más
cuando la agenda legislativa está tan pesado, sobre todo en la procuración de
justicia. Vamos a contracorriente, pero así como íbamos contracorriente hace
tres años que se nos ocurrió meter este amparo, seguiremos impulsando el
proyecto.
(SinEmbargo)