*La Fiscalía y la delincuencia tenían los mismos datos en el
caso de Gumaro.
*Miguel Ángel, otra vez acusar, pero sin acciones concretas.
*Legislatura de Veracruz: Acabar con la democracia en los
ayuntamientos.
Marco Antonio Aguirre Rodríguez | 22 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- En el caso del asesinato de
Gumaro Pérez Aguinaldo hay dos elementos que llaman fuertemente la atención:
1. Un grupo delincuencial adelanto sus juicios sobre Gumaro y
lo que decía eran sus relaciones con otra caterva de maleantes y los argumentos
de la Fiscalía y del gobernador fueron los mismos.
2. El gobernador Miguel Ángel Yunes salió a acusar a Gumaro y
habló de sus supuestos vínculos con un grupo delincuencial, igual que antes
acusó a otros, sin probar nada y por lo mismo sin tomar acciones por los
supuestos hechos delictivos.
El mismo día en que mataron
a Gumaro Pérez comenzó a circular un anónimo, primero entre los periodistas de
la zona de Acayucan, y después más allá, donde se menciona que era un
“seudoreportero que colaboraba con el crimen organizado reportando directamente
al jefe de los zetas de Acayucan que opera desde el reclusorio alias “El Gil” o
“El negro”.
El señalamiento es el mismo
que incluso repite Miguel Ángel Yunes: "Gumaro Pérez tenía relación con un
grupo delictivo. Me tocó escuchar conversaciones que tuvo con otros
delincuentes", afirmó.
Miguel Ángel incluso agregó
que hay registros penitenciarios que señalan que Gumaro Pérez visitó más de 20
ocasiones en prisión al líder de “Los Zetas”, y que no fue para elaborar
reportajes, sino para recibir instrucciones y que incluso mantenía comunicación
por mensajes con la organización delictiva.
Vaya, incluso el anónimo les
dice dónde pueden encontrar pruebas de la vinculación de Gumaro con los Zetas:
“Y si de algo sirven las
autoridades locales y estatales revisen el teléfono de Gumaro para que
confirmen que todo esto es verdad”.
Las declaraciones de Miguel
Ángel evidencian que en ese aparato fue en donde primero buscaron: Ahí había
mensajes y grabaciones, incluso una donde piden que lo protejan "aunque
sea de lejitos" porque quienes lo andaban siguiendo eran "Los
Jalisquillos", es decir, integrantes del cártel de Jalisco, rivales de
“Los Zetas”.
Pero los supuestos cómplices
no le hicieron caso.
¿Si era tan importante para
ellos, porque no atendieron su llamada?.
Entonces, el señalamiento
del grupo delincuencial y la acción de la Fiscalía del estado, ¿fueron
casualidades?.
Sería terrible pensar que
hay una vinculación directa, bien porque el anónimo surgió de un grupo
delincuencial, o porque se inventó desde algún lugar interesado en desacreditar
a Gumaro.
MIGUEL ÁNGEL, OTRA VEZ
ACUSAR, PERO SIN ACCIONES CONCRETAS. Ahora bien, el mismo gobernador o su
gobierno acusa nuevamente vinculaciones criminales, pero sin dar pruebas de
ello, sólo su dicho.
Lo hizo contra los artesanos
indígenas de la organización Zepaniah Titlatozke, del municipio de Tlaquilpa,
en la sierra de Zongolica, a quienes señalaron de estar vinculados con
huachicoleros.
Este grupo acusó que
policías estatales les robaron dos camionetas, dinero y que detuvieron a un
campesino de la zona mientras lo hacían.
Ante esto bloquearon la
autopista Córdoba-México y se enfrentaron con la policía.
Después de los hechos
iniciaron proceso contra 8 indígenas, pero no por el robo de gasolina, si no
por la quema de dos patrullas y la toma de la autopista.
Si eran un grupo
delincuencial y ya los tenían detectados, ¿porqué no los detuvieron y
procesaron por eso?
También ocurrió en
Coxquihui, donde habitantes de Ojite de Matamoros tomaron la carretera en
reclamo de unidades médicas, después de que cinco niños de ese lugar
fallecieron.
Con toda facilidad dijeron
que el bloqueo lo habían organizado miembros de la una banda denominada “Los
Pelones”, pero tampoco nunca detuvieron a nadie de ese grupo y mucho menos lo
procesaron, pero en cambio si golpearon a los manifestantes que eran miembros
del PAN y del PRD.
Por esto, y otros ejemplos
más, es que cuesta trabajo creerle a Miguel Ángel, porque además se notó que su
intención al desacreditar a Gumaro era que su nombre saliese de la lista de
periodistas asesinados, tanto que no tuvo empacho en calificar de “bruto” a
alguien que él dijo que comparó a Veracruz con Siria.
Nada más para aclarar: El
comparativo no era con Veracruz, si no con el país, México, donde en éste año
se han asesinado a 12 periodistas, que es el mismo número de comunicadores
muertos en Siria, país en guerra.
Y no fue uno, fueron varias
notas informativas de varios medios las que hicieron el comparativo, porque
precisamente ese 19 de diciembre la organización “Reporteros fin Fronteras”
presentó su reporte de periodistas asesinados en el mundo.
Así pues, Miguel Ángel debe
redirigir el calificativo de “bruto” hacia quien le pasó el dato de que el
comparativo era con Veracruz. Es más, hasta lo debe despedir por pasarle cosas
inexactas.
Incluso hasta se vería bien,
que con un poco de humildad, Miguel Ángel reconozca que se equivocó, como se ha
equivocado muchas veces.
Pero como ha ocurrido en
ocasiones anteriores, no aceptará el error y tratará de darle vuelta para que
se olvide.
Así pues, señor gobernador,
díganos, ¿quién fue el bruto?.
A GUMARO NO SE LE PUEDE
SACAR DE LA LISTA DE PERIODISTAS ASESINADOS. Por cierto, a Gumaro Pérez no se
le puede sacar de la lista de periodistas asesinados, porque existe un
protocolo internacional que también encuadra a los periodistas independientes.
De hecho la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) en un comunicado “A la
opnión pública” y “A la Fiscalía General del Estado”, se pronuncia por “una
investigación apegada a estricto derecho, diligente y que garantice los
derechos de las víctimas, en este caso la familia, en el homicidio del
comunicador Gumaro Pérez”.
La CEAPP es cauta y en ningún momento niega la veracidad de las
investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, pero sí “se
pronuncia por el respeto al debido proceso,
toda vez que las condiciones generales en las que se ejerce el
periodismo en la zona sur de Veracruz hacen indispensable una conducción intachable
de los procedimientos para no contribuir a la criminalización del gremio
periodístico y menoscabar el Estado de Derecho al, de esta forma, justificar
los ajustes de cuentas entre bandas criminales, pues confiamos en nuestras
instituciones como garantes únicas de la
tranquilidad pública de los veracruzanos”.
Traducción: Primero que la
Fiscalía termina la integración del caso y luego que haga sus afirmaciones.
Es más, una pregunta al aire
¿por qué la Fiscalía sólo sigue la línea de investigación del presunto vínculo
de Gumaro con la delincuencia y desechó otras?.
LEGISLATURA DE VERACRUZ:
ACABAR CON LA DEMOCRACIA EN LOS AYUNTAMIENTOS. En la Legislatura de Veracruz
quieren acabar con la democracia en los ayuntamientos del estado y quieren
implantar la visión absolutista que se busca imponer desde el gobierno del
estado.
El coordinador del Grupo
Legislativo de Morena en el congreso local, Amado Cruz Malpica, dijo que la
propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre que se presentó es
favorable para los presidentes municipales, al permitirles designar
directamente al Tesorero, el Secretario del Ayuntamiento, el Titular del Órgano
de Control Interno, así como del Comandante de la Policía Municipal, pero que a
la vez debilita la vida democrática de los Cabildos.
En el Congreso de Veracruz
se aprobó la reforma de los artículos 35, y 37, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre para que esto sea así.
“Esta modificación (…) es un
asunto donde nos ponen el límite entre lo pragmático y los principios”, dijo
Amado Cruz en su pronunciamiento en contra.
“Todos quienes tenemos
presidentes municipales y no tenemos mayoría en los Cabildos, nos gustaría
mucho que el presidente municipal no fuera obstaculizado por no poder alcanzar
una mayoría dentro del Cabildo respectivo, y ya sabemos que en los Cabildos hay
de todo, hay gente con mucho compromiso, con muchas posiciones políticas, pero
también hay gente que utiliza los Cabildos para fines menos colectivos, por
decirlo de manera suave”, expuso el legislador morenista.
Puntualizó que la reforma
“en el fondo debilita el principio democrático de los Cabildos, debilita la
toma colegiada en las cuestiones municipales y se inscribe en una corriente que
tiende a fortalecer el presidencialismo y la dirección unipersonal de los
Ayuntamientos”.