Aquiles
Córdova Morán | 12 enero de 2018
Tribuna Libre.- Han pasado más de tres meses desde que el
alcalde antorchista de Huitzilan de Serdán, Puebla, Manuel Hernández Pasión,
fuera brutalmente asesinado en las goteras mismas de la ciudad de Zacapoaxtla,
en el mismo estado, y casi el mismo tiempo de que el gobernador Antonio Gali
Fayad y sus funcionarios encargados de la seguridad pública aseguraron tener
plenamente identificados y vigilados a los autores materiales, y que su arresto
era cuestión de horas o, a lo sumo, de días. A la fecha no existe una sola detención;
es más, ni siquiera un mínimo avance que pudiera indicar una voluntad seria de
hacer justicia.
Como varios medios informativos y algunos
columnistas profesionales han publicado en varias ocasiones, no quedan ya dudas
acerca de que el asesinato de Manuel fue un crimen político ejecutado por
pistoleros plenamente ligados por lazos consanguíneos y laborales con el
alcalde panista de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, razones por las cuales
tampoco se necesita ser Sherlock Holmes para descubrir que dicho funcionario
metió las manos hasta los codos en el crimen de sus parientes y empleados. Eso
sin tomar en cuenta que, además, los movimientos de Lobato Toral, antes,
durante y después de los hechos, apuntan claramente hacia él al margen incluso
del parentesco y la relación laboral.
También es un hecho establecido plenamente
que entre Manuel Hernández Pasión y Lobato Toral no existió nunca conflicto
alguno de por medio que pudiera explicar el asesinato del primero. Incluso la
relación oficial entre ambos se redujo siempre al mínimo indispensable y nada
más. De aquí desprenden, todos los que conocen del crimen y están interesados
en su esclarecimiento, que Lobato Toral no actuó en su propio interés sino como
cabeza visible de la mafia caciquil que domina desde siempre en varios de los
municipios más marginados y empobrecidos de la Sierra Nororiental poblana, en
la que destaca la familia Aco, originaria de Huitzilan de Serdán.
Los poderosos intereses económicos de los
Aco, el origen poco claro de su inmensa fortuna, alimentada por sus relaciones
estrechas con funcionarios estatales y federales que les han canalizado
ingentes recursos de los programas de apoyo al campo, de proyectos productivos
fantasma destinados al desarrollo de la cafeticultura y el aprovechamiento de
la pimienta, de fomento al desarrollo integral de los pueblos indígenas a
través de “cooperativas” teóricamente manejadas por los interesados directos
pero, en realidad, por personeros de los caciques, ligan a esa familia (los
Aco) con todos sus similares de la Sierra para hacer negocios comunes y
procurarse apoyo y protección mutua, y la opinión pública de la zona está
perfectamente enterada de sus movimientos. De aquí que toda esa opinión se
incline mayoritariamente a pensar que el crimen de Manuel Hernández Pasión fue
ordenado por esa pequeña oligarquía caciquil, en cuyo nombre y representación
habría actuado Lobato Toral.
Si las cosas hubieran quedado hasta aquí,
sería claro que el crimen debía ser considerado simplemente como un vulgar
delito del orden común efectuado en pandilla, lo cual es un agravante; pero la
actitud asumida, públicamente incluso, por la autoridad judicial poblana, la
inacción del Secretario de Gobernación de Puebla, Lic. Diódoro Carrasco
Altamirano, y del Secretario de Seguridad Pública, Jesús R. Morales Rodríguez,
así como la palabra incumplida del gobernador José Antonio Gali Fayad, cambian
completamente la naturaleza del problema: se configura claramente un acto de
protección abierta para los asesinos de Manuel por parte de las más altas
autoridades políticas y judiciales de Puebla y el hecho pasa a ser un acto de
violencia y terror, si no directamente ordenado, consentido al menos por el
Estado mismo.
Y es obvio, en ese caso, que no solo cambia
la calificación del hecho, sino la naturaleza intrínseca, la motivación
profunda del mismo. En efecto, no entraña el mismo contenido político y social
un crimen perpetrado por una pandilla caciquil que uno cometido con protección
oficial. Esto último, en caso de ser cierto, va preñado de ominosos riesgos
para todo el país y resulta indispensable no cerrar los ojos ni la boca ante
tamaña amenaza. Es indispensable preguntarse cuándo, cómo y por qué se presenta
el terror y la violencia oficializados y cuáles son, o pueden ser, sus verdaderos
propósitos.
Y ya se sabe, el crimen y el terror estatales
son siempre una de las primeras manifestaciones visibles del agotamiento de un
modelo económico y de sus complementos naturales, el modelo político y el
aparato encargado de aplicar la ley y hacer justicia. Cuando el modelo
económico ha caducado, resulta cada vez más incapaz de responder con eficacia a
las necesidades sociales, sobre todo las de los grupos menos favorecidos; se ve
obligado cada vez más a aplicar medidas “antipopulares pero necesarias” que lo
van divorciando del apoyo popular hasta llegar al enfrentamiento abierto con
las masas. En este punto, se hace evidente a los que gobiernan que el derecho y
las leyes que lo regulan son cada vez más inaplicables a la realidad y, a la
larga, las empiezan a sentir como un estorbo, como una camisa de fuerza que los
maniata y les impide moverse con más soltura y rapidez hacia sus verdaderos
objetivos, que son el cuidado, protección y fomento de los grandes intereses
privados beneficiados por el modelo.
Decide entonces hacer resueltamente a un lado
esos estorbos y sustituirlos por recursos más expeditos, abarcantes y
contundentes; y esos recursos no son, no pueden ser otros, nunca han sido otros
que el terror y la violencia ejercidos abierta (aunque no expresamente) por el
Estado mismo. Para que esta política tenga éxito, para que juegue el papel
domesticador que se busca, resulta indispensable que el pueblo se dé cuenta
claramente de dónde viene la amenaza; de ahí el carácter burdo de las maniobras
de ocultamiento que más parecen auto denuncias que verdaderos deseos de
camuflaje. En pocas palabras, el poder público se orienta resueltamente, en
tales circunstancias, a la dictadura abierta. Y quien lo dude, que repase
brevemente los sucesos de Alemania a raíz del ascenso de Hitler al poder.
Es verdad que en problemas como éste es
irresponsable exagerar el significado de las cifras; es mejor no olvidar
aquello de que “una sola golondrina no hace verano”. Pero también es cierto que
el caso de Manuel Hernández Pasión dista mucho de ser único en México y que,
por el contrario, los delitos cuya impunidad deriva de la inacción u omisión
oficiales se están multiplicando peligrosamente, a grado tal que crece la
tentación de pensar que, si no hemos completado la cifra crítica para temer una
dictadura, nos falta poco para ello. De ahí la necesidad de urgir al gobierno
poblano para que actúe enérgicamente en el caso, se vuelve un asunto de interés
nacional, de salud pública para el país entero.
En Huitzilan de Serdán las tensiones y los
peligros crecen por horas, y no es histeria advertir al Gobierno poblano y a la
opinión pública del inminente riesgo de que se cometan nuevos asesinatos de
líderes antorchistas. Sin ir muy lejos, este fin de año el neo morenista Alonso
Aco y su Rasputín de cabecera, el cura Martín Hernández, montaron una
provocación francamente inaudita: fueron a Huitzilan a montar un “show”, con
procesión de año nuevo y banquete incluidos, en las narices mismas de los
ofendidos y burlándose sangrientamente de los familiares y amigos de Manuel.
Solo la disciplina y el amor a la paz de los antorchistas impidieron que la
situación se saliera de control. ¿Por
cuánto tiempo más podrá repetirse el numerito sin consecuencias, señor
gobernador Gali Fayad? ¿Qué va a ocurrir si asesinan a un nuevo líder
antorchista en Huitzilan?
Este 15 de enero, con motivo del “primer
informe de resultados” del Lic. Gali, 40 mil antorchistas, la mayoría de la
Sierra Nororiental, saldrán a las calles de Puebla a exigir justicia y a
denunciar el peligro que corren sus líderes. ¿Informará algo el gobernador
sobre los asesinos de Manuel? Por mi conducto, y a través de este medio, los
dos millones de antorchistas que hay ya en el país brindan todo su respaldo y
solidaridad a la protesta de sus hermanos poblanos, y suman enérgicamente su
voz a las exigencias de justicia y pleno respeto a la vida y a la libertad de
organización y de lucha de todos los poblanos, y de los humildes indígenas de
la Sierra Nororiental en especial. ¡Señor Gobernador Gali: esperamos y deseamos
justicia y aplicación plena del Estado de Derecho por el bien de todos! Nada
más, pero nada menos.