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Actualmente, la coalición PAN-PRD gobierna
cinco estados de la República [Baja California, Durango, Nayarit, Quintana Roo
y Veracruz]. Pero en las últimas dos décadas, administró 11 gobiernos
estatales. En ese transcurso, nueve de sus gobernadores han sido señalados por
corrupción, además que, las promesas de campaña, no han sido respaldadas por
los resultados oficiales de sus respectivas administraciones.
Tribuna Libre.- De 11 gubernaturas –dos de ellas en Nayarit–,
siete aumentaron o no han podido detener el endeudamiento estatal. La
violencia, en cambio, no cejó de crecer en dos entidades [Puebla y Yucatán]. Y
en la actualidad, las administraciones pan-perredistas de Baja California,
Durango, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo se han estancado o padecido aún más
los exabruptos.
Como destaca Marcela Bravo Aguja, académica
de la UNAM, los malos resultados son independientes de la coalición electoral,
aunque existe la posibilidad de que los gobernadores aliancistas sean “débiles”
porque no tuvieron fuerza para llegar a gobernar sin otro apoyo que el de su
partido. “Y la debilidad puede haber gobiernos no tan eficientes”, dijo.
En los últimos 19 años, los partidos Acción
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han ganado 11 gubernaturas
juntos. Los resultados obtenidos en materia de economía, balance de la cuenta
pública y combate a la violencia, sin embargo, no son los anunciados por la
coalición durante las campañas. Claro que han habido avances en algunas
demarcaciones, aunque al menos nueve de los gobernadores aliancistas han sido
señalados o investigados por incurrir en ilícitos o por no resolver los
problemas que aquejan a su ciudadanía.
En la actualidad, el binomio PAN-PRD gobierna
cuatro entidades federativas que cumplen su primer año de gobierno [Durango,
Nayarit, Quintana Roo y Veracruz], además de otra que comienza su quinto año de
mandato [Baja California]. Pese a que sólo esta última administración tiene
datos suficientes para contrastar sus resultados, los logros de las
administraciones pasadas -en estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y
Yucatán- hablan más de gobiernos estancados que producentes.
Estos resultados son independientes del
partido o de los partidos que abanderan al candidato o funcionario, apuntó la
doctora Marcela Bravo Aguja del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para la académica de carrera,
en México existen “coaliciones meramente electorales, no verdaderas coaliciones
de gobierno. Y en la medida en que no han habido coaliciones de gobierno, no
podemos decir que los resultados de los gobiernos son resultado de que los
gobernadores hayan llegado en coalición”, explicó.
No obstante, el doctor Francisco Reveles
Vázquez, especialista en partidos políticos de la UNAM, mencionó que si por
algo “los resultados para los ciudadanos no son buenos en realidad”, es porque
“hay dificultades para la negociación política y cada quien hace lo que se le
ocurre, ya que efectivamente las alianzas son electorales y no hay un programa
de gobierno”. A esto suma “la falta de experiencia” de los políticos que llegan
al poder y las contradicciones ideológicas que hacen “que no den los resultados
esperados y que no avancen en una línea diferente de la que han seguido hasta
ahora”.
Baja California es un ejemplo de los
gobiernos que han sido gracias a las coaliciones electorales. La entidad,
gobernada desde 2013 por Francisco Vega de Lamadrid, duplicó en tres años su
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. En cambio, la deuda pública reconocida
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se disparó, en ese mismo
periodo, en un 38 por ciento.
En el caso de la violencia, entre 2013 y
2017, la entidad registró reducción en las tasas de secuestro y extorsión [72 y
49 por ciento, respectivamente] pero con un aumento en la tasa de homicidios
por cada 100 mil habitantes, de 132 por ciento, según cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Asimismo, las
violaciones aumentaron en 14 por ciento y los robos decayeron en 12 por ciento.
Sumado a los tibios resultados que las cifras
arrojan, en Baja California no es ajena la petición de un juicio político al
Gobernador, quien enfrenta una serie de señalamientos por corrupción y críticas
por el incremento de la deuda, así como también el desencanto por su plan para
privatizar el agua, no obstante que en la entidad hay problemas de suministro.
Desde mayo de 2013, Vega de Lamadrid fue
denunciado en materia penal por los delitos de peculado y enriquecimiento
ilícito, por la supuesta compra de propiedades en México y Estados Unidos con
un valor de 133 millones de pesos.
Los yerros del Gobernador, inclusive, abrazan
una crisis de jornaleros migrantes no resuelta: La del 17 de marzo de 2015 en
San Quintín, cuando un grupo de trabajadores agrícolas fue dispersado por las
autoridades con balas de goma, tras manifestar su descontento con bloqueos
carreteros, para denunciar explotación laboral, bajos sueldos, condiciones de
vida miserables, horas extras no pagadas y carencia de seguridad social. Hoy es
el día en que, los campesinos, acusan que persisten las condiciones de marginalidad.
Sin embargo, Vega de Lamadrid no es el único
señalado. Los actuales gobernadores de Nayarit y Veracruz también arrastran
trapos sucios. Y el de Durango y Quintana Roo, aunque no son señalados por
ejercerla, son criticados por solaparla.
LOS
RESULTADOS DEL PAN-PRD
Aunque los gobiernos sean de coalición, no
incide en los manejos administrativos -porque es meramente electoral en nuestro
país-. No obstante, Bravo Aguja señala que pueden existir complicaciones en
gobiernos de alianza electoral, porque “tienen que hacer concesiones a las
otras fuerzas con las que llegan al poder”.
Más allá, pudiera existir un problema de
debilidad de los políticos que llegan al gobierno apoyados por más de un
partido. “La coalición misma no debilitó a los gobernadores. Lo que sí podría
ser es que se trate de gobernadores débiles, quienes no pudieron llegar sólo
con el apoyo de su partido para obtener una mayoría […]. Y en la debilidad
puede haber gobiernos no tan eficientes”, dijo la académica de la máxima casa
de estudios en México.
Reveles Vázquez comentó en cambio que, lo que
sucede con estas coaliciones electorales, es que antes las administraciones “se
conformaban con gente de confianza para el Gobernador, y no con representantes
de varios liderazgos. Ese es un problema real que no pudieron resolver en estas
experiencia aliancistas”, explicó.
Como la mayor parte de los gobiernos
estatales, las cifras oficiales indican que las gubernaturas del PAN-PRD,
asimismo, tienen problemas para resolver sus respectivas crisis. Es decir, no
son la excepción.
Por ejemplo, aunque el crecimiento económico
-según el PIB per capita- de las entidades gobernadas por el PAN-PRD haya ido
en aumento, en la mayor parte de los casos su deuda pública se disparó. Tal es
la situación de las administraciones de Nayarit [su deuda se cuadruplicó entre
1999 y 2005; hoy, en comparación con 2005, la deuda que enfrenta el estado es
más de diez veces mayor]; Quintana Roo [0.9 por ciento entre 2016 y 2017];
Sinaloa [49 por ciento entre 2010 y 2016] y Yucatán [entre 2001 y 2007, aumentó
seis veces].
Sólo los gobiernos de Pablo Abner Salazar
Mendiguchía en Chiapas [2000-2006] y de Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla
[2011-2017], lograron reducir su deuda en 12 y 11 por ciento, en sus
respectivos periodos, cada uno.
No obstante, Moreno Valle ha sido señalado
por su sucesor, Antonio Gali Fayad, de dejar un estado con la economía
estancada, empleos insuficientes y una deuda pública estatal de al menos 23.9
mil millones de pesos reconocidos.
Según una investigación del Centro de
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la deuda contraída por el panista en pasivos
-no considerados por la SHCP-, supera los 46 mil millones de pesos manejados de
manera opaca: 24 mil millones reportados por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y 22 mil millones más, supuestamente destinados a proyectos
para la Prestación de Servicios -que no se contemplan en el informe de la deuda
2016 del estado-.
Además, en el último año del Gobierno de
Moreno Valle, la ASF realizó 21 auditorías a la Cuenta Pública por diversas
irregularidades en los presupuestos de Seguridad Pública, Salud, Aportaciones
Múltiples, Fondos Federales, y de los programas para Escuelas de Tiempo
Completo y de Obras Públicas. De casi 700 millones que Moreno Valle no aclaró,
126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño patrimonial,
mientras que el ejercicio de otros 32.6 millones, que serían destinados al
Programas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados,
es también incierto.
En Oaxaca, bajo la administración de Gabino
Cué Monteagudo [2010-2016] -sujeto a juicio político desde el año pasado por el
presunto desvíos de recursos- la deuda pasó de 4.5 mil millones a 18.1 mil
millones de pesos, según datos del Congreso local. E inclusive el crecimiento
económico de la entidad, según el semáforo de la organización México Cómo
Vamos, fue nimio: 0.7 por ciento hasta el primer trimestre de 2016 -la meta era
un crecimiento del 4.5 por ciento-.
Los casos de Durango y Veracruz, aunque no
son cuantificables debido a que los gobernadores de ambas entidades llevan un
año al poder, presentan una tendencia a la baja en sus respectivas deudas
públicas, de acuerdo con cifras comparadas de Hacienda. Mientras que en la
entidad de Rosas Aispuro decreció en cuatro por ciento entre 2016 y 2017, en la
de Yunes Márquez el decremento fue de 4.5 por ciento para el periodo.
En términos de violencia, de igual forma, los
resultados han sido pocos. En Quintana Roo, por ejemplo, la lucha contra el
crimen pareciera estancada. Los delitos del fuero común han ido en decremento,
pero la tasa de homicidios dolosos aumentó en 33.33 por ciento de 2015 a 2016.
En Durango, Puebla, Veracruz y Yucatán, la
violencia recrudeció. En el estado norteño, los delitos del fuero común
aumentaron, aunque los homicidios decrecieron en 15.5 por ciento entre 2016 y
2017. En Puebla, sólo los robos y el secuestro fueron a la baja; los demás
crímenes aumentaron, el homicidio en 29.4 por ciento. Y allá en Veracruz, la
criminalidad no ha cesado, siendo preocupante el alza de un 20 por ciento en la
tasa de homicidios, entre 2016 y 2017. Yucatán, por su parte, vivió un
incremento delictivo bajo la administración bicolor; los homicidios aumentaron
en 60 por ciento entre noviembre de 2001 y de 2007.
Chiapas, Nayarit y Sinaloa, al contrario,
pacificaron sus demarcaciones durante las administraciones del PAN-PRD -según
las cifras del Secretariado-. En el primer caso, aunque los robos y la
extorsión fueron en aumento, los demás ilícitos decayeron, sobre todo los
homicidios, cuya tasa se redujo en 74 por ciento entre 2000 y 2006.
En Nayarit, salvo por las violaciones, los
delitos del fuero común decrecieron entre 1999 y 2005, aunque la tendencia
actual es de estancamiento. Y en el caso de Sinaloa, salvo por las extorsiones
que se mantuvieron igual entre 2010 y 2016, y las violaciones que aumentaron,
la criminalidad fue a la baja y los homicidios también, estos últimos en 47 por
ciento.
Oaxaca, por su parte, fue escenario de
recrudecimiento de homicidios [en un 25 por ciento], secuestros [18 por ciento]
y violaciones [que se duplicaron durante su sexenio]. En cambio, los robos y la
extorsión decayeron en el estado en 19 y 86 por ciento.
LOS
GOBERNADORES DEL PAN-PRD
El nayarita Antonio Echevarría García es un
personaje controvertido. No tiene experiencia política y es un empresario cuya
carrera pública ha sido impulsada por su padre, Antonio Echevarría Domínguez,
ex Gobernador de Nayarit por el PAN-PRD [1999 a 2005]. El mandatario en turno,
es acusado de tener vínculos amistosos con el ex Fiscal Édgar Veytia Cambero,
detenido en Estados Unidos por presuntas ligas con el Cártel Jalisco Nueva
Generación, además de señalamientos -de la oposición priista- por supuestamente
haber recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña en 2016. Nada ha
sido comprobado.
En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez tiene
acusaciones por haber participado como cómplice de una red de pederastia
encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, quien hoy cumple una condena de
112 años de prisión por ese delito. Incluso, en 2016, organizaciones civiles
manifestaron que Yunes obstruyó la justicia para impedir que Kuri fuera
procesado.
Asimismo, el panista y dos de sus hijos han
sido investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la
Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de enriquecimiento ilícito.
Según esto, el Gobernador y su familia poseen una veintena de propiedades en
Veracruz, Ciudad de México y en el extranjero, y han construido sociedades
mercantiles -que datan del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa- aprovechándose
de sus cargos públicos.
Los gobernadores de Quintana Roo, Carlos
Manuel Joaquín González, y de Durango, José Rosas Aispuro Torres, son figuras
también controvertidas. El primero es medio hermano del actual Secretario de
Energía federal, el priista Pedro Joaquín Coldwell, y por ello señalado de ser
parte de la “mafia del poder”. De hecho, antes de ser abanderado del PAN-PRD,
buscó la candidatura priista, pero no se la dieron por segunda vez -motivo por
el que en 2016, abandonó su militancia en el partido tricolor-. Ha sido
Diputado federal [2009-2012], alcalde en una ocasión [2005-2008] y
subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico del gabinete del Presidente
Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2016.
El segundo, Rosas Aispuro, quien también
inició su trayectoria política en las filas del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), en el que militó por 30 años, es criticado por hacer caso
omiso de las exigencias ciudadanas. Pese a que ha logrado la detención de
algunos funcionarios acusados de corrupción -como el primo del ex Gobernador
Rafael Herrera Piedra-, la oposición señala que sus logros son parte de
acuerdos políticos. Apuntan, también, que algunos integrantes de su gabinete
-como Alberto Ramírez Ramírez, coordinador de Patrimonio Cultural del Instituto
de Cultura del Estado de Durango- señalados por irregularidades, son
intocables, de modo que la cola que nadie le pisa, se la pisan a su gabinete.
Además, en la batalla por demostrar su
inocencia ante los señalamientos de corrupción y malos manejos, los ex
gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía [Chiapas, 2000-2006], Mario López Valdez
[Sinaloa, 2010-2016] y Patricio Antonio José Patrón Laviada [Yucatán,
2001-2007] han fallado.
El otrora mandatario de Chiapas fue detenido
en junio de 2011, en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, y
trasladado al penal de El Amate, ubicado en el municipio chiapaneco de
Cintalapa, acusado de desviar cuando menos 104 millones de pesos durante su
administración, misma que concluyó el 8 de diciembre de 2006.
Aprehendido por los supuestos delitos de
peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas,
abuso de autoridad y asociación delictuosa, Salazar aseguró ser víctima de una
persecución política emprendida por el gobernador Juan Sabines Guerrero
[2006-2012]. Sin embargo, el ex Gobernador también es señalado por reprimir y
hostigar a pobladores e indígenas -como en el caso de Pedro RaúlLópez
Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas,
desaforado por Salazar y quien fue golpeado en 2002, a modo de una supuesta
advertencia suya-. Algunos medios de comunicación local indican que, durante su
mandato, hubo más de 107 indígenas que fueron o asesinados o desaparecidos.
En el caso del sinaloense Mario López Valdez,
mejor conocido como “Malova”, no habían pasado dos años de iniciada su
administración, cuando ya tenía, junto con algunos miembros de su gabinete,
siete denuncias penales en su contra ante la PGR, por ejercer de manera
incorrecta 645 millones 733 mil 376 pesos de los fondos federales del sector
salud y educación.
Hasta la fecha, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) ha presentado 93 denuncias ante la Fiscalía General del
Estado, mismas que corresponden a los años de ejercicio comprendidos entre 2013
y 2016. Y a partir de agosto del año pasado, la ASF acusó a Malova por simular
el reintegro (o disfrazar irregularidades) de 135.6 millones de pesos. La
opacidad en el manejo de recursos es tan grave que, a pesar de que Hacienda
reconoce una deuda de 7 mil 322.15 millones de pesos al final de su gobierno,
las auditorías de la ASF refieren que sería de 13 mil 130 millones de pesos (con
pasivos sin fuente de pago).
Por último, aunque el yucateco Patricio
Antonio José Patrón Laviada no tiene señalamientos directos en su contra, su
hermano, Francisco Antonio José Patrón Laviada, sí. De acuerdo con las
versiones públicas de algunos políticos locales del PRI, el hermano del ex
Gobernador se habría enriquecido a costa del erario, bajo la influencia de
Patricio y con apoyo de algunos panistas. Pese a que no está comprobado, cierto
es que el hermano del otrora mandatario tiene prohibido el ingreso a Estados
Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.