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Con al menos diez reporteros asesinados en
2017, observadores internacionales consideran que el país vive una seria crisis
para la libertad de expresión. En México, además, los riesgos se multiplican
para aquellos que trabajan sin editores, sin medios de comunicación que les
respalden y sin la ayuda o el asesoramiento necesario si se encuentran en
peligro.
*Gumaro
Pérez enviaba notas a varios portales e incluso abrió el suyo propio: La voz
del Sur. En paralelo, hace unos años empezó a colaborar también con el Alcalde
de Acayucan, Marco Antonio Martínez, para quien lo mismo hacía de chofer que de
fotógrafo o asistente personal, aunque no estaba en la nómina del Ayuntamiento
y no está claro cómo se le pagaba, explicó Jorge Morales, de la Comisión
Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, un organismo
gubernamental.
Ciudad de México. | 02 enero de 2018
Tribuna Libre.- Para unos, Gumaro Pérez era un experimentado
reportero de trato amable, apodado “el hombre rojo” por su cobertura de temas
policiacos en Acayucan, Veracruz, uno de los estados mexicanos más peligrosos
tanto para la prensa como para la sociedad en general.
A ojos de la fiscalía del estado, sin
embargo, era un presunto colaborador del crimen organizado que tuvo un final
macabro: hombres armados, supuestamente de un grupo rival, irrumpieron el 19 de
diciembre en la escuela de su hijo de 6 años, en plena fiesta navideña, y le
dispararon a bocajarro.
En cualquiera de los casos, el brutal crimen
cometido a plena luz del día dejó al descubierto el complejo escenario en el
que se mueve la prensa en varios estados mexicanos, incluidas las zonas donde
las organizaciones criminales controlan a autoridades corruptas, aterrorizan a
la población y se sienten libres de amenazar y asesinar a periodistas con total
impunidad.
Muchas veces, ser periodista en estos lugares
supone escribir o subir fotografías en portales de internet muy rudimentarios o
en una página de Facebook; en otras ocasiones, significa trabajar a tiempo
parcial para pequeñas publicaciones con salarios insuficientes para vivir y que
obligan a tener otros empleos. Algunos son taxistas o tienen pequeños negocios.
Otros trabajan para gobiernos locales. Y no puede descartarse que alguno esté
en nómina de los cárteles o de las autoridades corrompidas por el crimen,
aunque sean una minoría.
Con al menos diez reporteros asesinados en
2017, observadores internacionales consideran que el país vive una seria crisis
para la libertad de expresión. En México, además, los riesgos se multiplican
para aquellos que trabajan sin editores, sin medios de comunicación que les
respalden y sin la ayuda o el asesoramiento necesario si se encuentran en
peligro.
“Está claro que eso les hace más
vulnerables”, asegura Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité
para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en
Nueva York.
Y cita el caso de Moisés Sánchez, un
reportero de Veracruz que con el dinero que sacaba como taxista imprimía su
propio periódico. Fue decapitado y mutilado en enero de 2015 por motivos que
-el CPJ confirmó- se debían a su labor informativa en un pequeño y violento
pueblo de ese estado.
“No tenía ningún apoyo institucional así que
cuando empezó a recibir amenazas de muerte, nadie le respaldó”, lamenta
Hootsen.
El último reportero asesinado, Gumaro Pérez,
de 34 años, empezó muy joven a trabajar para el Diario de Acayucan, en la
localidad del mismo nombre, de menos de 100 mil habitantes. Ubicada en el sur
del estado y cerca del Golfo de México, es una región rica en petróleo y
corredor estratégico de tráficos ilegales que, según los expertos, actualmente
se disputan los carteles de los Zetas y de Jalisco Nueva Generación.
“Entonces era un muchacho trabajador”, cuenta
el subdirector del Diario de Acayucan, Cecilio Pérez, quien no tiene ninguna
relación familiar con Gumaro. Después, asegura, le perdió la pista por mucho
tiempo.
Gumaro Pérez enviaba notas a varios portales
e incluso abrió el suyo propio: La voz del Sur. En paralelo, hace unos años
empezó a colaborar también con el Alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez,
para quien lo mismo hacía de chofer que de fotógrafo o asistente personal,
aunque no estaba en la nómina del Ayuntamiento y no está claro cómo se le
pagaba, explicó Jorge Morales, de la Comisión Estatal de Atención y Protección
a Periodistas de Veracruz, un organismo gubernamental.
El Alcalde no contestó a reiteradas
solicitudes de entrevista para este artículo.
Y según varios periodistas locales
entrevistados por The Associated Press, Gumaro Pérez, parecía tener un trabajo
más: vigilar a sus colegas y coaccionarles para que publicaran o callaran
información de acuerdo a los intereses del cartel de los Zetas.
Dos reporteros de Acayucan, que pidieron el
anonimato por cuestiones de seguridad personal, dijeron a la AP haber recibido
llamadas intimidantes de Gumaro.
En una de esas conversaciones, supuestamente
pidió al reportero “bajar una nota” o en caso contrario pasaría su teléfono “a
ya sabes quién y que se comuniquen contigo”. Esas palabras sonarían inofensivas
en otros lugares, pero en zonas controladas por el crimen organizado pueden ser
la diferencia entre la vida y la muerte.
“Los periodistas de Acayucan vivían
aterrorizados y en una angustia constante con ese sujeto”, dice Ignacio
Carvajal, un veterano reportero que cubre la zona, y asegura que ese patrón se
reproduce en otras partes del estado, donde prevalece la “narco-política”. Para
él, “no es un caso aislado”.
La fiscalía de Veracruz lanzó su versión
sobre los supuestos nexos de Gumaro con el crimen 24 horas después del
homicidio. Hasta ahora no ha presentado pruebas y se limitó a decir que su
versión se basa en conversaciones extraídas de su celular y registros de
visitas a un líder criminal preso.
Sus allegados han negado cualquier
implicación con la delincuencia. “Para mí y mi familia, mi hermano era una
persona muy decente que caminaba con la frente en alto y al que muchos
admiraban”, afirmó su hermana, Maribel Pérez, durante el velorio.
Fidel Pérez, un reportero que tampoco tiene
vínculos familiares con Gumaro, dijo conocerle hace casi diez años y que era un
hombre tranquilo, que vivía sin los lujos que se presuponen en alguien
implicado con el narco. A su juicio, el señalamiento de la fiscalía fue “muy
precipitado, muy aventurado”, sin haber investigado nada más.
La fiscalía no ha dado tampoco ningún dato
que apunte a que su homicidio pudo ser consecuencia de alguna historia que
publicó. Unas de sus últimas notas fueron sobre asuntos policiales enviadas al
portal Golfo Pacífico en septiembre y octubre de 2017. Virgilio Reyes, director
de la página, dijo que después de eso dejó de colaborar porque estaba ocupado
con sus trabajos para el Alcalde.
En México, cuando matan a un periodista, es
común que las autoridades intenten desvincular su labor informativa del móvil del
crimen e incluso empañar la imagen de la víctima, lo que ha llevado a que
muchos duden de las versiones oficiales.
Y aunque Carvajal es de los que cree que
Gumaro Pérez hacía “lobby” para el crimen, también considera que el
pronunciamiento de la fiscalía huele a querer apaciguar el golpe político de un
asesinato brutal, en lugar de hacer una verdadera investigación que esclarezca
la verdad. “Sean buenos o sean malos periodistas, lo que queda al final del día
es impunidad”, sentenció.
Muchos analistas consideraban que la peor
época para la prensa en Veracruz fue con el anterior Gobernador, Javier Duarte
(2010-1016), actualmente preso bajo cargos de corrupción y lavado de dinero.
Sin embargo, la llegada de un nuevo
Gobernador -de otro partido- no mejoró la situación: al menos tres periodistas
veracruzanos han sido asesinados este año. Las muertes han ocurrido en medio de
una oleada creciente de violencia en Veracruz y otros estados del país, no
vista desde los peores años de guerra frontal contra el crimen organizado.
“En un estado como Veracruz, si la violencia
ha crecido y la impunidad ha crecido, incluso si hay un cambio de
administración, la situación para los periodistas no cambia de forma
significativa”, dice Hootsen.
Y advierte que el peligro es que si no se
investigan adecuadamente los asesinatos de informadores, “casos aislados
podrían usarse para criminalizar y generar un ambiente más hostil” contra un
gremio que ya se encuentra muy acosado.
El principio de la “descomposición” de
Veracruz comenzó hace más de una década, explicó Jorge Morales, de la comisión
estatal para periodistas, cuando el cártel de los Zetas penetró en las
estructuras políticas y de seguridad y fracturó el estado de derecho. La
creciente violencia que se vive hoy, añadió, es la “metástasis” de ese cáncer.
Los días posteriores al asesinato de Gumaro
Pérez, Acayucan parecía estar en relativa calma y con los patrullajes
policiales habituales. Sin embargo, pocos se atrevían a hablar y los que lo
hacían aseguraban que la ciudad está al rojo vivo.
“Desde inicios de año es demasiado”, afirmó
Lilia Domínguez, cuya casa está justo frente a la primaria donde se cometió el
homicidio. “Matan aquí, matan allá…”
Uno de los reporteros que presuntamente fue
víctima del acoso de Pérez asegura que no hay motivo para sentirse ahora más
seguro. El crimen organizado sigue presente en la ciudad y dice que nunca se
sabe qué posición asumirá la autoridad.
“Su muerte solo deja miedo”.
(SinEmbargo)