MAYL,
responsable de “desaparición forzada”... de la autonomía de la UV
Héctor
Yunes Landa | 26 febrero de 2018
Tribuna Libre.- La investigación realizada por un grupo de
académicos de la Universidad Veracruzana –encabezado por la doctora Rosío
Córdova- respecto de la posible desaparición y secuestro de más de veinte
estudiantes en los últimos meses, puso al descubierto varios asuntos que
preocupan a los veracruzanos.
Entre ellos, podemos decir que continúa la
ola imparable de violencia en contra de la comunidad universitaria, que el
gobierno de Miguel Ángel Yunes oculta de manera sistemática la cifra de
víctimas de este delito, que la Fiscalía General del Estado confunde un estudio
demoscópico con una investigación ministerial, y que la nueva víctima de
desaparición forzada es precisamente la autonomía de nuestra universidad.
La semana anterior, la reconocida académica y
un grupo de investigadores dieron a conocer los resultados del proyecto “UV
como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”, en el que
se asegura que se han registrado al menos nueve desapariciones de estudiantes y
27 “levantones”, además de que no cesan la violencia y los robos contra los
miembros de la comunidad universitaria.
Resultado de su estudio, Rosío Córdova
explicó que la mayoría de los casos de estos delitos no son denunciados y se
suman a la “cifra negra” que no es reportada a la Fiscalía General del Estado
(FGE). Dijo que al no haber denuncia, estas cifras son resultados de encuestas
realizadas a los alumnos de las cinco regiones donde la Universidad tiene un
campus.
Luego de citar a la investigadora Rosío
Córdova, la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó irresponsablemente que
la investigación de académicos de la Universidad Veracruzana sobre los
presuntos secuestros y “levantones” cometidos en agravio de estudiantes no es
verificable, por lo que archivó una carpeta de investigación, en lugar de
iniciar sus propias indagatorias.
A pesar de que las autoridades han
descalificado el trabajo de este grupo académico, las cifras oficiales
confirman que se han documentado más de 3 mil 600 personas desaparecidas en los
últimos años, incluido el de la actual administración, que se niega de manera
sistemática a transparentar estas cifras.
Hace algunos meses, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) y la exigencia de colectivos obligó a que el
gobierno de Miguel Ángel Yunes transparentara el número de desaparecidos en
Veracruz. En un nuevo reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció 1
mil 200 casos que en siete meses de labores no había contabilizado, según se
dio a conocer en diversos medios de comunicación.
La creación del Registro Público de Personas
ha servido sólo para disimular el desinterés del gobierno estatal en el tema.
Lo cierto es que, extrañamente, no ha reportado casos de desaparecidos ni
desapariciones forzadas ocurridas en esta administración. Por también extrañas
razones, este Registro sólo se limita a aquéllos casos que sucedieron en gobiernos anteriores al que
en este momento tenemos. Para el actual gobierno, Veracruz sigue siendo “Miguel
Ángel en el país de las maravillas”.
La investigación fue motivo suficiente para
desatar la furia del gobernador, quien a través de la Fiscalía del Estado
inició una serie de actos de intimidación y acoso en contra de los académicos
sólo por realizar su trabajo. Resulta contradictorio que quien se ha querido
asumir como el promotor inicial de la autonomía de la Universidad Veracruzana,
hoy sea el supremo violador de esa misma autonomía.
Expreso mi solidaridad a la comunidad de mi
Alma Mater, la Universidad Veracruzana, ante la artera violación a su autonomía
por parte del Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado. Una vez
más, el gobierno de Miguel Ángel Yunes busca culpar de su ineficacia al trabajo
y honorabilidad de distinguidos académicos como la doctora Rosío Córdova.
Rechazo cualquier intento de censura e
intromisión a la vida universitaria por parte del Gobernador del Estado.
Desacreditar la investigación de un grupo de prestigiados académicos
coordinados por la doctora Córdova, no
va a resolver la violencia ni a devolver a las personas desaparecidas. Eso
corresponde a las autoridades de la Fiscalía que no han hecho su trabajo.
Recuperemos la grandeza a nuestra Universidad
ante el ataque de un gobierno autoritario. La comunidad universitaria así lo
exige.
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