José
Miguel Cobián | 05 septiembre de 2018
Tribuna Libre.- Leer las declaraciones del presidente electo
acorde a la crónica de El Financiero del 4 de septiembre de 2018 genera
emociones encontradas. El sólo hecho de
hablar de simplificación fiscal ya es un alivio para los contribuyentes. Saber que no habrá impuestos a la alza
también es miel en los oídos de los industriales de la Caintra en Monterrey,
dónde fue enunciada esta propuesta.
Esperar a que el gobierno se gane la confianza del ciudadano para
llevarla a cabo, comienza a incomodar un poco, porque teníamos la esperanza de
que entrando el nuevo gobierno, se resolverían algunas de las graves
contradicciones de nuestro sistema fiscal.
Comenzar hasta dentro de dos o tres años,
implica que el SAT continúe con los excesos que lo han caracterizado y con su
incompetencia para vigilar a los contribuyentes, lo que ha complicado
terriblemente el pago de impuestos en el país.
Todos los especialistas fiscales entendemos que la complejidad del
sistema se debe a la incompetencia del SAT.
Ante su incapacidad para vigilar al contribuyente, deciden generar más y
más reglas improductivas y antieconómicas, que únicamente benefician al SAT,
pues le simplifican sus procesos de fiscalización, sin considerar el enorme
costo para la economía mexicana, que genera ese trabajo improductivo adicional
para millones de empresas, el cual provoca costos administrativos elevados para
cada empresa, que a su vez se transmiten al consumidor, dañando a la economía
en pleno. Es de todos sabido que el
SAT ha aplicado –cuando ha podido- la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo
angosto para los contribuyentes.
Muchos mexicanos sospechamos que el nuevo
esquema de facturación mediante empresas concesionadas, ha generado negocios de
miles de millones de pesos para los consentidos del sistema político. Duplicando el ingreso ahora con el nuevo
sistema de facturación que implica hacer más de una factura para cada operación
que se realice en el país.
Ingenuamente pensábamos que con el cambio de gobierno, se acabarían esos
privilegios y que se volvería al esquema de facturación normal con costo mucho
menor para la economía nacional. Es un
tema que Urzúa tendrá que revisar pronto.
El control de los contribuyentes, el SAT lo
ha concesionado también a una empresa privada, que recibe millones y millones
de pesos por hacer un trabajo que debería ser del gobierno, pero que ha servido
para que un grupo de egresados del ITAM se enriquezcan de manera grotesca a
costillas del erario mexicano.
En la SHCP y en el SAT, el nuevo gobierno
tendrá mucho que corregir, pero si comienzan continuando con lo establecido, la
esperanza de una mejoría y una simplificación se ven muy lejanas.
También preocupa el hecho de que en lugar de
mandar auditorías (revisiones) a contribuyentes con actitudes sospechosas, se
proponga un sorteo, para decidir a quién revisar. Eso habla de ingenuidad o desconocimiento
por parte del presidente electo, quien a estas alturas no puede estar
proponiendo esquemas que impliquen un retroceso en la vigilancia normal y
natural de los contribuyentes. Las
técnicas para definir a quien auditar van más allá de un simple sorteo o una
tómbola. Las auditorías deben ser rentables
a pesar de la confianza que pueda tener el gobierno en los contribuyentes.
Es aquí donde el problema se agrava. La evasión fiscal es un deporte nacional en
México. Hay firmas especializadas de
abogados con oficinas cuyos costos rondan los cientos de millones de pesos,
especializadas en la evasión fiscal.
Pensar que cuando el gobierno se gane la confianza de los
contribuyentes, el 100% de ellos pagará sus impuestos de manera correcta es
romántica, ingenua o de un
desconocimiento atroz de la realidad mexicana.
En México se evade al fisco, por la impunidad
que existe y por la ineficiencia e incapacidad del SAT para vigilar
adecuadamente a los contribuyentes. Si
se eliminan esos dos factores, y se desecha la absurda idea del sorteo de
revisiones, quizá el contribuyente sea más cuidadoso en su pago de
impuestos. Pero mientras tanto,
considerar que sólo porque el gobierno haga bien las cosas, los mexicanos
cambiarán una conducta añeja, está totalmente fuera de la realidad.
AMLO ya no está en campaña. Ya no necesita ganarse el aplauso fácil de
quien lo escucha. Debe de estar dedicado
a proyectar un gobierno profesional y eficiente. No debe prometer lo que sabemos que no podrá
cumplir, ni debe de perder el tiempo esperando unos años para comenzar a
resolver problemas delicados como los ya mencionados en la administración
fiscal del país.
Escuchar a un presidente electo hablar con
total desconocimiento y hacer compromisos irrealizables, únicamente genera más
incertidumbre. Nadie espera que AMLO
sea experto en todo. Lo que sí podemos
exigir es que AMLO escuche a los expertos en todo, y no haga compromisos al
aire, para ganar el aplauso de la concurrencia, sobre todo compromisos que no
podrá cumplir o compromisos que deben de comenzar a cumplirse de
inmediato. Curiosamente en su discurso
en Monterrey cometió ambos errores, ofreció compromisos irrealizables, y
también soslayó el inicio de una urgente y necesaria reforma fiscal, que
orientada a la simplificación combata también la impunidad y eleve la calidad
de los servicios del SAT.
Hay tiempo para corregir el rumbo, para
recapacitar. Sobre todo en temas neurálgicos como el fiscal, que es de dónde se
obtiene buena parte de los recursos que habrán de usarse para cumplir las
promesas de campaña del nuevo gobierno.
