*Dos
Comisiones Permanentes no se reunieron en dos años, ni emitieron un solo
dictamen.
Tribuna Libre.- De las 40 comisiones permanentes del Congreso
de Veracruz, la de Pesca y Acuacultura, de Promoción Comercial y Fomento a la
Inversión, así como de y de Límites
Territoriales Municipales, que presiden en su mayoría diputados del Partido
Acción Nacional (PAN), resultaron
improductivas.
El Informe Legislativo 2018 del Instituto
Nacional para la Competitividad, revela que cada diputado local cuesta a los
veracruzanos 14 millones 643 mil pesos anuales, pese a ello, el trabajo de la
mayoría es deficiente.
Son los diputados Arturo Esquitín, Vicente
Benítez, Nicolás de la Cruz, Daniel Olmos Barradas, Sergio Rodríguez, Patricia
Cueto Rogelio Rodríguez, Guadalupe Osorno y Teresita Zuccolotto, quienes
integran los tres grupos de trabajo.
El parlamento abierto, así como el compendio
que registra la presentación de iniciativas de la LXIV Cámara (2016-2018),
permite tener un parámetro de productividad de los grupos de trabajo que se
crearon en el Congreso en la legislatura local.
Las comisiones más productivas son la de
Justicia y Puntos Constitucionales, la de Hacienda Municipal, y Gobernación, en
contraparte hay un grupo de diputados que no presentaron ningún dictamen, o
tiene más temas pendientes que los acuerdos que se votaron en el pleno.
El artículo 61 del reglamento interior del
Poder Legislativo establece que La competencia de las comisiones permanentes
deriva de su denominación, con relación a las respectivas áreas de la
administración pública estatal y municipal, así como de las normas que rigen el
funcionamiento del Congreso, u otras disposiciones legales.
Los datos, que son públicos en el portal -y
que se actualizaron el pasado 5 de agosto-, cuantifican las iniciativas y
reuniones de comisiones que se han llevado a cabo en los últimos 21 meses.
Las comisiones de Acuacultura y Pesca, de
Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, no emitieron un solo dictamen, ni
en coordinación con otro grupo de trabajo; los integrantes de la de Límites
Territoriales Municipales se reunión en una sesión de trabajo, en noviembre del
2017.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo
establece, en su artículo 34, la obligación de las Comisiones permanentes y
especiales, publicar su programa anual de trabajo, así como las convocatorias,
orden del día y documentos de apoyo, con 24 horas de anticipación de cada
sesión. Los tres grupos carecen de un plan a desarrollar en el bienio.
En marzo del 2017, se adicionaron los
párrafos que establece el compromiso de las Comisiones permanentes y
especiales, de publicar la lista de asistencia, documentos, actas, registro de
votación, minutas, acuerdos, dictámenes, comunicaciones, producto de cada una
de las sesiones, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
celebración de las sesiones.
Veracruz es la sexta entidad en producción de
pescado, pese a lo extenso de su litoral y del escurrimiento de ríos. La
comisión de Acuacultura y Pesca, integrada por el panista Arturo Esquitín, el
panalista Vicente Benítez y el perredista Nicolás de la Cruz, no se reunieron
para actualizar la legislación o buscar opciones para incrementar la
manufactura.
En el caso de la comisión de Promoción
Comercial y Fomento a la Inversión, que preside Daniel Olmos Barradas, y que
integran Sergio Rodríguez y Patricia Cueto, no registró ninguna actividad,
incluso, podría duplicar funciones con la de Zonas Económicas Especiales, que
se creó en la pasada Cámara y que solo emitió dos dictámenes.
La de Límites Territoriales Municipales, en
la que tiene representación Rogelio Rodríguez y Guadalupe Osorno de Morena, y
Teresita Zuccolotto del PAN, sesionaron en noviembre del 2017, pero no
emitieron ningún dictamen.
Las
menos productivas
La estadística oficial, revela que el grupo
de Juventud y Deporte sólo emitió un dictamen con comisiones unidas, por el que
se establece que todas las autoridades del Estado se encuentran obligadas,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a hacer todo lo posible para
que las personas jóvenes con discapacidad no sean discriminadas y cuenten con
las condiciones adecuadas para la realización de una vida digna y plena.
La de Desarrollo Artesanal, creó la Ley para
el fomento y el desarrollo de la actividad piloncillera, fue el único dictamen
que emitió.
La de Desarrollo Metropolitano, emitió un
acuerdo para que los Ayuntamientos del Estado en la elaboración del
correspondiente Plan Municipal de Desarrollo propongan estrategias de
desarrollo sustentable, integral y continuo, a mediano y largo plazos. Y la
obligación de crear de una Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo
Municipal.
La comisión de Zonas Especiales, generó dos
dictámenes, el primero era crear una ventanilla de gestión empresarial, en
donde tendrán un sistema de redes informáticas abiertas, compatibles e
interoperables para la implementación de la Ventanilla Única, para que los
inversionistas puedan simplificar y agilizar los trámites necesarios para
construir, desarrollar, operar y administrar la Zona que les corresponda.
Además, se planteó que la estrategia de crear
las Zonas Económicas Estatales a través de la reforma a la Ley de Fomento
Económico permitirá dar continuidad a las políticas públicas necesarias para
lograr el objetivo planeado.
La de Organización Política y Procesos
Electorales sólo emitió dos acuerdos, el primero para definir la violencia
política (contra las mujeres) y señalar las obligaciones de los actores
políticos, de los partidos políticos, de los servidores públicos, de los
aspirantes y candidatos independientes, así como prohibir la violencia política
en los actos de precampaña y de campaña, además de incorporar el tipo penal de
Violencia Política en razón de Género.
Además, se aprobó que los candidatos
independientes podrían registrar su planilla de regidores y se planteó el
derecho a la asignación de regidurías por el principio de representación
proporcional, en la integración de los Ayuntamientos.
La comisión de Desarrollo Social, Humano y
Regional, dictaminó prohibir los entornos que perviertan el sufragio a partir
del manejo electorero de los programas sociales.
Pidió y reforzar la imparcialidad de
servidores y funcionarios públicos, precisamente la de aquellos que, por su
elevada jerarquía y perfil político, deben predicar con el ejemplo y
abstenerse, de forma categórica, de realizar prácticas infundadas e
intervencionistas en las elecciones.