*Los
recursos materiales y presupuestales de la Dirección General de Atención a
Migrantes pasarán a formar parte del nuevo Instituto Veracruzano de Atención a
Migrantes.
*Derechos
y prestaciones laborales del personal que se transfiere al Instituto, serán
reconocidos con estricto apego a la ley.
Tribuna Libre.- La Ley número 680 de atención a personas
migrantes y sus familias para el Estado de Veracruz, entró en vigor a partir
del 6 de octubre, por lo que las asignaciones presupuestarias públicas
destinadas a la atención a migrantes, serán consideradas de interés público y
no podrán ser disminuidas ni transferidas para otros conceptos en el ejercicio
fiscal correspondiente.
De esta manera, se deben sostener las
acciones en favor de los migrantes y evitar desaparecer las oficinas que les
brindan atención, como se ha dado a entender por parte de algunos integrantes
de la nueva administración estatal, consideró la diputada presidenta de la
Comisión de Población y Atención a Migrantes, en el Congreso local, Miriam
Judith González Sheridan.
La ley número 680 establece que las
dependencias y entidades de la administración pública estatal, en ejercicio de
sus respectivas atribuciones y en coordinación con las autoridades federales en
la materia, diseñarán e implementarán políticas públicas y programas especiales
para la atención de las necesidades de las personas migrantes y sus familias en
cuanto a salud, educación, cultura, impartición y administración de justicia,
desarrollo laboral y económico, y todas aquellas destinadas a crear condiciones
que favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.
Mencionó que a partir de ahora, se debe
organizar la estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a
Migrantes, mismo que creará y mantendrá actualizado el registro de migrantes,
con el fin de generar información adecuada para la instrumentación de políticas
públicas conforme lo que se dispone en los artículos 46, 47 y 48 de la presente
Ley.
“La falta de inscripción en el Registro no
condicionará la prestación de los servicios previstos en la esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables”, aclaró.
La Diputada recordó que el nuevo ordenamiento
garantiza la protección y promoción de los derechos de todas las personas
migrantes que salen, retornan, se establecen o transitan por el Estado, con
independencia de su situación migratoria.
Asimismo, que con el nuevo ordenamiento legal
se establecen las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus
familias en la entidad, la cual estará centrada en el respeto irrestricto de
sus derechos humanos.
Con base en la nueva ley, los migrantes
podrán acceder a los servicios públicos prestados por las dependencias
estatales y municipales del Estado conforme a la presente Ley y demás
normatividad aplicable; recibir un trato respetuoso, digno y de calidad por
parte de las autoridades; inscribirse de manera libre, voluntaria y gratuita en
el Registro y obtener una cédula de identificación oficial expedida por el
Instituto e inscribirse de manera libre, voluntaria y gratuita en el Padrón y
participar de los beneficios que ello reporte.
Las personas migrantes y sus familias,
aseveró la legisladora, tienen derecho de acceder a los servicios educativos
provistos en la Entidad por los sectores público y privado, independientemente
de su situación migratoria, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
La Diputada definió que, en la prestación de
los servicios educativos, ningún acto administrativo podrá establecer
restricciones a los extranjeros, mayores a las establecidas de manera general
para los mexicanos.
Asimismo, que los migrantes, con
independencia de su situación migratoria, tienen derecho de acceder a las
instituciones de procuración e impartición de justicia, las cuales respetarán
en todo momento el derecho al debido proceso y los derechos de asistencia a
víctimas del delito.
A partir de ahora, se deberá conformar el
Consejo Consultivo de Atención a Migrantes, que deberá estar encabezado por el
secretario de Gobierno, deberá contar con un secretario ejecutivo, mismo que
será el titular del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; un vocal
ejecutivo, que será el director del Consejo Estatal de Población, así como
vocales oficiales que serán los titulares de las secretarías de Educación,
Salud, Trabajo, Previsión Social y Productividad, Seguridad Pública, Desarrollo
Social, Turismo y Desarrollo Económico y Portuario; así como el o la presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el fiscal general del Estado, la
directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y el director del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
July Sheridan recordó que el Ejecutivo del
Estado deberá emitir el reglamento de la presente Ley y llevar a cabo las
adecuaciones reglamentarias correspondientes, en un plazo no mayor de sesenta
días, contados a partir de la entrada en vigor de ésta, por lo que espera que
se emita a la brevedad posible.
Finalmente, resaltó que los recursos
materiales y presupuestales con los que cuenta actualmente la Dirección General
de Atención a Migrantes, pasarán a formar parte del Instituto y que los
derechos y prestaciones laborales del personal que se transfiere al Instituto,
serán reconocidos con estricto apego a la ley.