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Condena de nueve años, negociada * EPN y
PGR, coludidos * En duda, que pague por
otros delitos * Exhiben Ligas de Futbol
negocio del Clan de la Succión * Central
Park, transa de Nahle, Robles, Quintanilla, Fosado * Otro duartista al gobierno de Cuitláhuac * Enésima paliza a Lupe y ahora sí denunció
Tribuna Libre.- Nueve años, quizá menos, y Javier Duarte
volverá a robar. Una sentencia impúdica —un tercio del tiempo que debió purgar
en prisión— lo exime de resarcir el daño real causado a Veracruz, pagando por
la quiebra financiera, por los miles de millones hurtados y por el estrago
social, describiendo que el régimen de impunidad para eso está. Nueve años de
cárcel es, la verdad, un premio al ladrón.
Acogido a un procedimiento abreviado, el
rufián tácitamente preñó a la ley. No llegó al juicio oral. Se ciñó a las
barbaridades del nuevo —y ruin— sistema penal acusatorio que permite a los
pillos canjear una condena corta, simulada, vilmente tejida a cambio del
disfrute de los bienes sustraídos y el dinero del erario. Y la promesa de sí
volver a pecar.
Por la vía fast track, el ex gobernador de
Veracruz abrevió un juicio que de antemano sabía perdido. Lo hundía el monto
descomunal de dinero desviado, mansiones aquí y allá, las de Ixtapa y Cancún,
ranchos en Valle de Bravo y Fortín, las de Woodlands y Maricopa, las de Miami y
Maryland, o el hotel en España, o los terrenos en Campeche, o las casas de Las
Lomas y Santa Fe, o los departamentos de lujo en Torre Pelícano, Boca del Río,
Veracruz.
Y qué decir del dispendio. Toda una novela
puede plasmarse con tinta y papel, retratando a Javier Duarte y la runfla de
cómplices, la mujer, doña Karime Macías Tubilla, suegro incómodo que responde
al nombre de Tony Macías —Jesús Antonio Macías Yazegey— y doña Yazmín Tubilla
Leatyf, la cuñada Mónica Ghihan y el concuño José Armando Rodríguez Ayache, y
los Mansur, los Janeiro, los Ortega, los Bandín, unos de estirpe y otros
convertidos en nuevos ricos, todos, sin embargo, transpirando el tufo a delito,
el robo tatuado en la piel, la corrupción y el atraco como carnet de identidad.
Huellas y rastros hubo y de sobra. Así suene
trillado, habrá de decirse que Javier Duarte robaba con tal impudicia que no se
cuidó de desviar la atención. Ahí, las empresas fantasma, pasadas por la fe de
notarios a modo que sin más plasmaron en sus libros haber tenido ante sí a
supuestos inversionistas, potentados que no lo eran, cuando se trataba de
pobres y hasta miserables que apenas tienen para comer.
Con esa fe notarial se conformó la red de
negocios que sirvió para ir extrayendo, vía pagos por servicios no prestados,
por obra no construida, por producto no vendido, varios miles de millones de
pesos del erario del gobierno de Veracruz.
De las empresas fantasma, bajo la guía de
Karime Macías, se dispersó el dinero robado hacia empresas de papel,
inmobiliarias dentro y fuera de México, inmobiliarias fantasma, que no
construyen, que no venden, que no compran, que sólo servían para recibir la
millonada para su consabido lavado en el sistema financiero.
Otro miles de millones no se canalizaron a
empresas fantasma. Salió el efectivo, contenido en cajas de cartón, trasladados
en helicóptero desde Xalapa o Veracruz a la Ciudad de México. Ahí descendía en
un helipuerto de un edificio privado y de ahí a las cuentas de cómplices
mayores, y al PRI.
Cuatro testimonios hundieron a Javier Duarte:
el de Antonio Tarek Abdala Saad, tesorero en sus primeros años de
administración; el del contador del clan, Alfonso Ortega; el de Moisés Mansur
Cisneros, el que entregó una tarjeta adicional a Karime Macías para comprar de
todo, queriendo no dejar huella, en tiendas de lujo, y el de José Juan Janeiro
Rodríguez, operador de la trama, cerebro del robo descomunal.
Y aun
así, la PGR lo salvó.
Lleva año y medio en prisión. Debiera purgar
7.5 años más. O tramitar en cosa de tres años su libertad anticipada. Sobre eso
alardea el ex gobernador, a través de abogados que mienten y siembran la duda,
que ocultan lo que dice la ley, sabiendo que mientras haya otros juicios —el de
peculado y el de desaparición forzada, vigentes y movidos por la Fiscalía de
Veracruz—, órdenes de aprehensión, una denuncia en la Corte Penal Internacional
de La Haya por las aguas destiladas que suplantaron a los medicamentos para
quimioterapia en niños con cáncer, Javier Duarte no puede reducir sus días de
cárcel.
Javier Duarte es engendro del nuevo PRI.
Destaca entre la generación de sátrapas llevados al poder, hábil en el asalto a
las arcas públicas, por el desdén a la ley, por la sangre fría para robar.
Ladrón confeso, adquirió tal status cuando
admitió ser responsable en los delitos de uso de recursos de procedencia
ilícita y asociación delictuosa. Negoció culpabilidad. Aceptó condición de rufián.
Sentencia a modo, tramada por la PGR no ayer
ni en las últimas semanas sino desde los días en que se mantenía a salto de
mata en Guatemala, urdida para venderlo como el ladrón que por supuesto es, y
mostrar al gobierno de Enrique Peña Nieto ajeno a la corrupción.
Pudo entonces ser deportado por su ingreso
ilegal a Guatemala pero EPN siguió la ruta de la extradición, limitando al
gobierno yunista y su cúmulo de información sobre las trapacerías del ex
gobernador de Veracruz.
Miguel Ángel Yunes Linares lo sigue y
persigue desde antes de ser gobernador. Ha recolectado dentro y fuera de
México datos y cifras hasta elaborar el
mapa del fraude, la red de prestanombres, la ruta de las operaciones
financieras, el destino del dinero robado.
Sobre Duarte pesan las denuncias de la
Auditoría Superior de la Federación por el desvío de recursos federales; las
que lo vinculaban con peculado, abuso de autoridad, o las que implicaban a sus
peones.
A Karime Macías, su esposa, le resulta
responsabilidad por el desvío de 150 millones de pesos en el DIF estatal.
Dice el abogado Gabriel Regino, aquel que
fuera jefe policíaco en tiempos de Marcelo Ebrard al frente del gobierno del
Distrito Federal, que en la PGR tuvo Javier Duarte su mejor defensa. Y que pudo
ser acusado por peculado para obligarlo a devolver lo robado, pero no lo hizo.
Y que el lavado de dinero no fuerza al acusado a resarcir el daño. Y que la
variación del delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa tuvo la
intención de concederle los beneficios de una libertad anticipada. “Si la PGR
hubiera mantenido la acusación en contra de Javier Duarte por delincuencia
organizada —precisa—, él no podría obtener ningún beneficio preliberacional. Es
decir, se tendría que chutar los nueve años (de cárcel) completitos”.
Pero la PGR actuó a medias. Fue cómplice. La
Fiscalía de Veracruz fue tibia. La PGR le suavizó la pinza. La Fiscalía de
Veracruz enmudeció cuando debió hablar. Viendo la maniobra, la variación del
delito, debió advertir la treta del gobierno peñista. Pero prefirió callar.
Cuentan hoy Yunes y el fiscal Jorge Winckler
que así reduzca su condena Duarte, lo esperan otras denuncias. Y así seguirán.
Sólo que aquello de la desaparición forzada, el peculado, otros delitos, ya no
será tarea suya. Habrá que ver qué dice y qué hace Morena cuando llegue al
poder.
Cuitláhuac García Jiménez, el futuro
gobernador, no es enemigo de Javier Duarte. Tibio, terso, sólo imita las
respuestas evasivas de su dueño, Andrés Manuel López Obrador. Si uno lo ve
“chivo expiatorio”, el otro también. Si el Dios Peje categoriza el caso Duarte
como un show, Cuitláhuac dice que es show. Si el Mesías de Morena acusa que
todo es PRI-AN, Cuitláhuac sostiene que es un engaño del PRI-AN. ¿Dónde habrá
extraviado el cerebro este señor?
Uno y otro, don AMLO y don Cui, se nutren en
el duartismo. Sus votos, el 1 de julio, vienen de la operación de las rémoras
de Fidel Herrera y Javier Duarte, los Héctor Yunes, los Cisne Silva, los Mota,
las Tavas, las Porras.
Y en el centro del complicidad, la PGR y Peña
Nieto.
Nueve años es nada. Y si no hay otros
juicios, si AMLO lo deja pasar, en tres años volverá a reír.
Es el premio al ladrón.
Archivo muerto
Metidos en el fango, el alcalde Carranza y
sus patrones del Clan de la Succión no dan una en su ambición desmedida de hacer
realidad el Central Park Miguel Hidalgo. En lo legal los jaqueó José Ribón
Zárate al obtener para la Liga Municipal de Futbol la suspensión provisional en
el juicio de amparo entablado para preservar sus derechos —incluida la posesión
del estadio Revolución— y que obliga al ayuntamiento de Coatzacoalcos a
demostrar, acreditar, sustentar con documentos —escritura pública más allá del
ambiguo fundo legal— que es propietario de la extensa franja en que intenta
desarrollar el espacio ecológico con recursos de Petróleos Mexicanos. En lo
moral, la debacle es demoledora, atizada por una carta abierta publicada en el
periódico El Universal en que 14 dirigentes de ligas de futbol —Ribón, Rocher,
Ember, Márquez, Vidal, entre otros— le explican al futuro presidente, Andrés
Manuel López Obrador, la trastada demencial de Carranza, los Robles, los
Quintanilla —Arturo, compadre de la senadora energética Rocío Nahle—, el
constructor Oscar Fosado, el inefable secretario del ayuntamiento, Miguel
Pintos, y el resto de la caterva morenista, y hasta de los funcionarios que
representan a Pemex, Enrique Rendón Burgos y Jorge Martínez Contreras, que con
la careta de un proyecto ecológico se frotan las manos por un negociazo de tres
bandas: disponer del terreno como si fuera suyo; arrancarle un moche de seis
ceros a los 60 millones aportados por Pemex, vía el programa PACMA y vía la
constructora Fosmon, y construir las áreas comerciales aledañas al Central
Park, que es transa marca Quintanilla, y que una vez que las renten serán un
plus. Obvio, el Presidente Peje los va a proteger, pues viniendo de la pandilla
de Nahle y José Pablo, Roselia y Mónica Robles, los atracos merecen impunidad y
disimulo. Y como del lado de los deportistas tampoco se dejan, el caso seguirá
en los tribunales federales donde se irán multiplicando los amparos,
cronológicamente planeados, hasta que se le agoten sus días de poder al
manejable Víctor Carranza, que por cierto lleva ya nueve meses sin saber para
dónde queda el norte y hacia a dónde apunta el sur, con la brújula severamente
averiada. Hay en curso tres amparos, los 1123, 1124 y 1132/2108, y vienen
muchos más… Asesoraba a Ramón Ferrari Pardiño en la Sedarpa y era duartista.
Hoy va al cuadro grande de Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, próximo gobernador
de Veracruz. Con Víctor Hugo Chagra Guerrero se va cumpliendo la promesa de
incorporar a mandos medios del duartismo una vez que Cuitláhuac asuma el poder.
Chagra Guerrero procede del PRI. En 2000 se soltó la lengua ante el entonces
candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, diciendo que no sólo creía
fielmente en su compromiso con México sino que había que cifrar toda esperanza
en el Nuevo PRI. Tiempo después, Ramón Ferrari lo hizo su asesor en la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesquero, justo cuando el
duartismo tenía el poder, y hoy Cuitláhuac lo hace subsecretario de Agricultura
de Veracruz. O sea, Morena reclutando piezas del PRI. Y luego la comunidad
chaira se irrita cuando se les embarra aquello de que si antes hubo PRI-AN, hoy
hay PRI-MOR. ¿O no?… Muchas felpas soportó Lupe, pero esta no. Esta vez
denunció. Un número, el 580/38/2018, corresponde al expediente que concentra la
denuncia por agresión. Cita los hechos, la golpiza del 12 de febrero, en
Coatepec. Marco exigía la devolución de una residencia que registró a nombre de
su mujer, mansión con río incluido, con un arroyo, con cafetales. Fue nido de
amor, pero ya separados, en proceso de divorcio, Lupe la pretende retener. Algo
así como una indemnización por las palizas recibidas. Y peor cuando a Marco ya
le late el corazón por otro amor. Mientras, el juicio va…