Tribuna Libre.- Son los primeros resultados de denuncias
promovidas por la Auditoría Superior. La PGR reconoce negligencia en estos
casos, y riesgo en otros como La Estafa Maestra.
La Procuraduría General de la República (PGR)
obtuvo al menos 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del
gobierno de Javier Duarte por su probable responsabilidad en el delito de
peculado. Esto como resultado de las denuncias por desvíos de recursos
federales interpuestas ante el Ministerio Público por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF).
Se trata de los primeros casos promovidos por
la ASF, en donde la PGR consigue completar la investigación y enviársela con
éxito a un juez. En total la Procuraduría ha abierto entre 70 y 80 carpetas de
investigación y averiguaciones previas por denuncias de los auditores, muchos
de los cuales permanecieron por años sin avances, o incluso fueron mal
integradas de forma premeditada.
Lo anterior fue dado a conocer por el titular
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de
PGR, Felipe Muñoz Vázquez, en una reunión con periodistas en la sede de dicha
dependencia.
El funcionario explicó que, para acelerar el
esclarecimiento de las denuncias que la ASF ha interpuesto en contra de la
administración de Javier Duarte, se conformó un equipo especial con
funcionarios de ambas instituciones.
“Lo que hicimos fue formar un grupo de
agentes del Ministerio Público, concretamente tres, un director general, dos
peritos en contabilidad y dos auditores y nos trasladamos a Veracruz.
Establecimos una oficina y empezamos a integrar los casos”, dijo.
El resultado es la judicialización (antes
conocida como consignación) exitosa en las últimas semanas de varias de estas
carpetas de investigación, que se tradujeron en órdenes de aprehensión en
contra de doce exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte.
El subprocurador no reveló la identidad de
los involucrados para no entorpecer las investigaciones ni violar el principio
de presunción de inocencia, sin embargo, aclaró que son exfuncionarios que
tenían facultades para manejar los recursos provenientes de partidas federales,
y que de acuerdo con la Auditoría fueron desviados sin que se pudiera acreditar
su destino ni devolución.
“Entre estos funcionarios no se encuentra
Javier Duarte, sin embargo, los casos continúan bajo investigación y si en su
momento resultan responsables se solicitaría a Guatemala una excepción al
principio de especialidad (que impide que una persona extraditada sea acusada
por nuevos delitos), para poder proceder en su contra”, dijo el subprocurador.
Los exfuncionarios en contra de los que se
giraron las órdenes de captura son acusados por PGR de ser probables
responsables del delito de peculado. Dicho ilícito se encuentra contemplado en
el artículo 223 del Código Penal Federal, y lo comete el servidor público que
distraiga recursos públicos para su beneficio o el de terceros. Dependiendo del
monto denunciado es un ilícito que puede alcanzar desde tres meses hasta 14
años de prisión. El proceso se puede seguir en libertad.
Negligencia
y corrupción
En junio pasado Animal Político publicó que
ya eran más de 70 las carpetas de investigación y averiguaciones previas (como
se les denominaba en el viejo sistema penal) abiertas en la PGR por denuncias
de los auditores en contra del gobierno de Javier Duarte. Hasta ese momento no
había un solo caso resulto.
El mal manejo de recursos en dicho gobierno,
de acuerdo con los reportes de la ASF, se presentó en prácticamente todas las
partidas federales. Desde las destinadas para salud, hasta las de educación y
seguridad. También se retuvieron ilegalmente recursos destinados al
fortalecimiento de los municipios. Algunas de las denuncias fueron presentadas
desde hace más de cuatro años.
Además algunas de las denuncias, que datan de
hace más de cuatro años, fueron por la simulación en que incurrieron
funcionarios del gobierno de Duarte, al haber devuelto a las cuentas bancarias
los recursos que faltaban, para luego volver a retirarlos.
El subprocurador de Delito Federales de PGR,
Felipe Muñoz, explicó que cuando llegó
al cargo a finales de 2016 ordenó una revisión de muchos de estos casos, y
encontraron que varios de ellos no tenían ningún tipo de trabajo de
seguimiento, mientras que otros presentaban errores evidentes, posiblemente
intencionales.
“Había carpetas de investigación que cuando
llegamos, ni siquiera estaban integrándose, y que cuando estaban integradas
pareciera que la intención era que no salieran bien. Y lo digo así tal cual.
Había carpetas de investigación a las que no se les había hecho nada. Nada”,
sostuvo el funcionario.
Muñoz también aclaró que en algunos casos en
específico la integración de las investigaciones fue lenta debido al retraso
con el que la propia Auditoría aportaba los elementos que le eran requeridos.
Por ello se decidió conformar un equipo específico de trabajo para el caso
Veracruz, con el cual se ha logrado agilizar las investigaciones.
Duarte
y La Estafa Maestra, casos en riesgo
El subprocurador de la PGR reveló que entre
los casos abiertos por desvíos en Veracruz denunciados por la Auditoría hay
poco más de 30 cuya resolución y consignación ha sido premeditadamente
congelada por la Procuraduría.
Se trata de la misma situación en la que se
encuentran otras denuncias de la Auditoría presentadas ante la PGR, entre ellas
16 relacionadas con los desvíos de recursos federales a través de universidades
públicas y empresas fantasma, y que Animal Político documentó en el reportaje
de “La Estafa Maestra”.
La razón, según la explicación que el
funcionario proporcionó, es que en la integración de varios de estos casos la
PGR recabó datos bancarios (prueba fundamental para los mismos) solicitándolos
directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Sin embargo, a finales de 2017 la Suprema
Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en el que se indica que la
obtención de datos bancarios – que implica romper secreto bancario – requiere
obligatoriamente la autorización previa de un juez de control, algo con lo que
no se contó en los casos previamente investigados.
En ese contexto, el subprocurador dijo que
enviar a los jueces dichas averiguaciones como ya están integradas acarrea el
riesgo de que los datos sean declarados ilícitos y las acusaciones se caigan,
situación que ya ocurrió en el juicio contra Duarte por lavado de dinero, donde
se aplicó este criterio de forma retroactiva.
“Tenemos que esperar a que la Corte se
pronuncie en definitiva si este criterio va a prevalecer retroactivamente para
decidir qué hacemos. Estamos salvaguardando estas averiguaciones previas para
saber qué sucederá con ese criterio, porque si no hasta la Estafa Maestra
dejará de ser Estafa Maestra” señaló el subprocurador.