Para lograr automatizar los procesos para obtener información pública en tiempo real se debe explotar el uso de las tecnologías
*Al
continuar los trabajos del Observatorio Participación Ciudadana y Cultura de la
Transparencia y la Legalidad. E-lecciones en tiempos de internet, los
especialistas señalaron que es tiempo de que se dé un paso más para concretar
el gobierno abierto.
Saltillo, Coahuila. | 06 octubre de 2018
Tribuna Libre.- Especialistas en materia de justicia y
gobierno abierto expresaron que el uso de las nuevas tecnologías es fundamental
para que se logre un avance más efectivo en el acceso a la información y a la
transparencia por parte de las instituciones gubernamentales, a fin de que los
ciudadanos puedan conocer a fondo dicha información y, con ello, tomar
decisiones informadas.
La coordinadora del Laboratorio de Gobernanza
de la Universidad de Nueva York, Dinorah Cantú Pedraza, aseguró que es
importante que se explote al máximo el uso de las tecnologías, para lograr
automatizar los procesos para la obtención de la información pública en tiempo
real.
Al participar en el Observatorio:
Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad.
E-lecciones en tiempos de internet, organizado por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que las instituciones actuales
siguen operando mecanismos de acceso a la información con modelos que se
diseñaron hace mucho tiempo, cuando el método de comunicación era la imprenta,
el cual cambió totalmente.
“El potencial es la tecnología. Cuando
decimos tecnología, ¿qué es? Bueno, es capacidad de procesar información, de
analizar información que antes no teníamos. Así, está el tema de automatizar
procesos en ese sentido, de generar redes, de tener un alcance instantáneo
mucho más rápido y en ese sentido está la inmediatez, tener acceso, información
a tiempo real”, sostuvo.
Por su parte, la directora de Investigación y
Políticas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Silvana
Fumega, señaló que la problemática actual, más allá del lanzamiento de la
alianza para el gobierno abierto, se centra en implementación del componente
tecnológico que.
“En este sentido es que se incluye esta idea
de los datos abiertos que, en líneas generales, son los datos el componente
mínimo con el cual se puede llegar a formar o a obtener información, y de ahí
es que se obtiene más conocimiento. Por ello, el componente mínimo de la
información es tener un formato que no tenga ningún tipo de restricción para
que pueda ser utilizado, reutilizado y distribuido sin ningún tipo de barrera
tecnológica o legal”, subrayó durante su intervención en la mesa 2 Datos
abiertos: tecnología para la accesibilidad a la justicia abierta. Experiencias
comparadas.
En su turno, el politólogo y profesor del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Eric Magar, comentó que el
acceso a la información y la transparencia constan de tres niveles: el primero
es básicamente la existencia de datos abiertos; el segundo es la replicabilidad
de las decisiones públicas; y el tercero es la participación ciudadana en este
proceso.
Finalmente, la comisionada del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, señaló que la gran tarea que tiene este
órgano es que el servicio público rinda cuentas, atiendan las necesidades de
las personas y se ponga al centro al ciudadano, para lo cual se ha pasado ya de
una transparencia reactiva a impulsar una política pública de transparencia
proactiva, a partir de potenciar la tecnología, para que se pueda procesar y
analizar la información.
En este tenor, recordó que en México la
política pública en materia de gobierno abierto inició desde el 2011, que
permitió la interacción de la sociedad civil con los órganos del Estado, por lo
que a partir de ese momento surgen una serie de acciones de distintos órganos
de gobierno de los tres poderes de la unión para concretar dicho objetivo.
De esta manera, y siguiendo la métrica del
gobierno abierto, desde el año 2017, en coordinación con el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se impulsó un programa que
fundamentalmente tiene como objetivo medir cuánto puede conocer un ciudadano de
lo que hace el gobierno y cuánto puede incidir en la toma de sus decisiones,
partiendo del principio de que “un ciudadano bien informado es un ciudadano
empoderado”.