Tribuna Libre.- Un grupo de particulares acusaron que
autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) han dilatado las
investigaciones por el despojo de un predio denominado Santa Fe—Playa Norte, en
el que uno de los implicados es el mismo fiscal Jorge Winckler Ortiz.
Desde el 16 de octubre de 2017, ante la
Unidad Integral del Distrito Judicial de la ciudad de Veracruz presentaron
formal denuncia de hechos, por la que se abrió la Carpeta de Investigación
UAT/0-XV11/3886/17/VER, sin que se hayan realizado averiguaciones después de un
año.
El motivo, señalan, es porque Jorge Winckler
habría ordenado frenar la integración del caso, toda vez que él es, al mismo
tiempo que fiscal del estado, apoderado legal de la sociedad acusada del
despojo.
Winckler,
detrás de la historia
De acuerdo con la denuncia de hechos, cuya
copia tiene ONEA, tres mujeres (de las que omitimos sus nombres) fueron
despojadas a mediados del año pasado de dos lotes con más de 40 hectáreas por
parte del Consorcio Intra SA de CV.
Consorcio Intra es una empresa integradora
con objeto en el ramo de la construcción. Es propiedad de la familia Ruiz
Anitúa, según consta en documentos del Registro Público de Comercio de
Veracruz.
En la denuncia por despojo se advierte que el
abogado de Javier Ruiz Anitúa, uno de los accionistas, es el actual fiscal
general del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
“A mediados del año en curso (2017), el señor
Javier Antonio Ruiz Anitúa, en complicidad con su abogado Jorge Winckler Ortiz,
se coludieron para apoderarse de la totalidad del predio, alegando ser dueños
de la totalidad del mismo (…) impidiéndole el paso a sus terrenos tanto a mis
representadas las legítimas propietarias de las fracciones 1-D y 2-C como a los
demás propietarios”, se lee en la querella.
Otra parte de la denuncia refiere que “cuando
se les ha dicho que se les va a denunciar penalmente (a quienes vigilan los
lotes), dos personas de nombre Mario Marino Reyes y Onésimo Capistrán Sosa, se
burlan diciendo ‘metan a la cárcel al Lic. Jorge Winckler, a ver si pueden’,
que es el único que los manda y que la única manera de que puedan entrar es si
él les da permiso”.
Según la defensa de las personas inconformes,
la Carpeta de Investigación UAT/0-XV11/3886/17/VER se mantiene “congelada” a
pesar de la posible configuración de los delitos de despojo, amenazas, abuso de
autoridad e incumplimiento de un deber legal en el que estaría involucrado el
fiscal de la familia Yunes.
Lo que es un hecho es que luego de un año, la
fiscalía del caso no ha realizado las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos denunciados y, por tanto, ha dilatado el
ejercicio de la acción penal.