*Para
el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024.
Xalapa, Ver. | 03 diciembre de 2018
Tribuna Libre.- A las 00:01 horas de este 1 de diciembre
rindió la protesta de ley, ante el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura,
el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo anterior, de conformidad con el
artículo 45 de la Constitución Política del Estado y para el periodo
comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024.
Tras dar inicio a la sesión solemne, el
presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, comisionó a
los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Sergio Hernández Hernández, Gonzalo
Guízar Valladares, Brianda Kristel Hernández Topete, Erika Ayala Ríos y Andrea
de Guadalupe Yunes Yunes, para acompañar al interior del Recinto Oficial de Sesiones,
al Ejecutivo estatal.
Las diputadas Cristina Alarcón Gutiérrez,
Florencia Martínez Rivera e Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Juan
Manuel de Unánue Abascal, y Juan Carlos Molina Palacios, hicieron lo propio con
el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Edel
Humberto Álvarez Peña.
Posteriormente, el diputado Pozos Castro
reanudó la sesión y se realizaron los honores a la bandera.
Acto seguido, el ingeniero García Jiménez,
ante el Pleno de la LXV Legislatura, rindió la protesta de ley en los términos
siguientes:
"Protesto guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las
leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si
así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden”.
Ante la presencia de senadores, diputados
federales, presidentes municipales, Colectivos de Desaparecidos y
organizaciones de la sociedad civil, dirigió un mensaje desde la tribuna del
Congreso del Estado, donde hizo pública la Declaratoria de Crisis en Materia de Derechos Humanos por
Desaparición de Personas con lo que se establecerá un programa emergente de
ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia y la verdad, así
como la reparación del daño, por violaciones de derechos humanos en materia de
desaparición de personas.
El mandatario estatal entregó una copia de
esta Declaratoria al presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel
Pozos Castro e informó que, de igual manera, entregará una copia al próximo
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Añadió que las administraciones
gubernamentales de Veracruz anteriores no cumplieron con su función, por lo que
ahora no solo manifiestan tener esa problemática, “nuestro Gobierno acepta y
reconoce que a las víctimas no se les ha hecho justicia, por lo que se les
brindará acceso a la justicia, a la
verdad, a la reparación del daño y en ese contexto, localizar a todas las
personas desaparecidas”.
Este programa tendrá, como acciones más
relevantes, la creación del Centro o Instituto Forense, para atender la
magnitud de la crisis y así procesar los hallazgos con la finalidad de darles
identidad a las personas que no han sido identificadas.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas contará con una policía especializada que acompañará la búsqueda y la
Dirección General de Desarrollo Político será convertida en una Dirección de
Cultura de Paz y Derechos Humanos que deberá elaborar un diagnóstico real sobre
la situación de desapariciones en Veracruz.
En otro sentido, extendió la invitación a los
poderes Legislativo y Judicial para que aporten, con lo que esté a su alcance y
en estricto respeto a la división de poderes, a trabajar en la unidad para el
tránsito hacia el Veracruz que el pueblo pide.
Anunció que solicitará a esta Soberanía una
petición para la disminución real del salario de altos funcionarios de su
Gobierno. En una percepción de 23, 13, 9 y 7 por ciento, respectivamente, desde
el titular del Ejecutivo, los funcionarios de su Gabinete hasta directores de
área.
Además –señaló- se eliminará el pago de
telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores, contratación de
seguridad, rentas de casas, compra de vehículos para uso personal, “así como
otras prebendas indebidas a costa del erario, se acabaron los privilegios para
la clase gobernante”, abundó.
