*Al
presentar su Informe de Labores 2017-2018, la Magistrada Presidenta refrendó el
compromiso de la Sala Regional Monterrey con el cumplimiento de la Constitución
y de la ley.
Tribuna Libre.- “Rendir cuentas es deber connatural al
ejercicio de la función pública; la ciudadanía tiene, en todo tiempo, el
derecho a conocer nuestro quehacer, en lo material y en lo sustantivo”, expresó
la Magistrada Presidenta Claudia Valle Aguilasocho, al presentar el informe
anual de labores de la Sala Regional Monterrey.
En el Salón de Plenos de la Sala, ante el
Magistrado Presidente del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, la Comisión de
Administración, magistradas y magistrados de la Sala Superior y Salas
Regionales, funcionarias y funcionarios electorales, entre otros invitados,
Claudia Valle Aguilasocho señaló que la Sala Regional Monterrey cumplió su
compromiso de impartir justicia de calidad y garantizó que ninguna de las
violaciones alegadas en los más de 2,000 juicios resueltos se tornara
irreparable.
La magistrada presidenta subrayó que la
vocación y el compromiso del personal jurisdiccional y administrativo fueron
los factores que permitieron cumplir con el deber de impartir justicia completa
e imparcial en las elecciones federales y locales que tuvieron lugar en el
periodo del que se rindió cuenta.
“Esta Sala, considerada estadísticamente como
de cargas de trabajo moderadas, fue la Sala Regional que recibió el más alto
número de juicios de inconformidad federales y también el más alto número de
impugnaciones contra elecciones locales”, informó.
Valle Aguilasocho enfatizó que visibilizar el
trabajo llevado a cabo por el funcionariado tiene por objeto reconocer la tarea
realizada y dar a conocer a la sociedad el alto compromiso de quienes conforman
la Sala Monterrey.
Labor
jurisdiccional
En el periodo que se informó, que comprendió
del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018, la Sala Regional Monterrey
atendió 15 procesos electorales, de los cuales, 2 fueron comicios federales, en
los que actuó como órgano jurisdiccional de primera instancia, y 13 fueron
procesos electorales locales, en los que fungió como órgano de revisión
extraordinaria.
En total, se resolvieron 2,149 juicios, lo
que implicó la celebración de 287 sesiones, el dictado de 11,970 acuerdos y la
realización de 22,554 notificaciones. En más de 200 casos, se descartó el
reenvío de asuntos a los respectivos tribunales locales y la Sala asumió
jurisdicción.
En la decisión de los asuntos, la Sala
Regional Monterrey analizó y aplicó al menos 20 cuerpos normativos distintos, y
llevó a cabo el control constitucional de normas, a partir del cual, declaró la
inaplicación de diversas disposiciones del orden estatal, en ejercicio de la
facultad conferida en el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La litigiosidad más alta de los procesos
electorales concurrentes se centró en los resultados de la elección de
diputaciones federales y en las elecciones locales para renovar ayuntamientos.
“En escasas semanas las demandas presentadas superaron el millar”, señaló la
magistrada.
Los 62 distritos electorales uninominales
comprendidos en la II circunscripción fueron impugnados, en su mayoría, por más
de una fuerza política; y se controvirtieron por más de una causal de nulidad
el total de 3,910 casillas, de las cuales únicamente se anuló la votación
recibida en 6% de los centros de votación impugnados.
“Como lo muestran los números estadísticos,
como Sala privilegiamos la fuerza del voto”, afirmó Valle Aguilasocho.
Temáticas
jurídicas relevantes
Como prueba del compromiso de la Sala
Regional Monterrey con la inclusión, la pluralidad y la legalidad, la
magistrada presidenta destacó que se emitieron decisiones que permitieron
perfilar temáticas importantes como la paridad de género, la separación de
iglesia-estado, la propaganda en redes sociales, la reelección y separación
previa al cargo, los procedimientos sancionadores, y las coaliciones.
La magistrada presidenta agregó que los
criterios perfilados desde la Sala Regional muestran que el sistema electoral
se enriquece con el análisis y el debate; que se trata de un sistema dinámico,
y que se confirma que, en él, la ciudadanía tiene la última palabra en la
conformación de los órganos de representación y de poder.
Retos y
compromisos
Valle Aguilasocho recalcó que la
identificación de retos permite transitar a una mejora necesaria, por lo que
señaló como importante el análisis amplio de lo vivido en los procesos
electorales concurrentes de 2018, auspiciado por las propias autoridades
electorales, para conjuntar aprendizajes y superar en el corto plazo los
obstáculos que se presentaron en los comicios más amplios celebrados en la
historia del país.
La presidenta de la Sala Regional Monterrey
dijo que convencidos de que, como juzgadores, deben mantener una posición
autocrítica y una vocación de mejora, se empeñarían esfuerzos adicionales para
que la labor y función de los tribunales se conozca más. Para ello, indicó que,
en procesos electorales futuros, se dialogará con la ciudadanía, las
autoridades y los actores políticos para que, en un espacio abierto, se
compartan puntos de vista sobre las lecciones aprendidas y los retos.
“Como Sala tenemos un compromiso permanente,
posibilitar el acceso a la jurisdicción, respetando siempre el conflicto
político respecto del cual mantendremos una sana distancia, para ocuparnos del
problema jurídico planteado por las partes”, aseguró la presidenta de la Sala
Regional Monterrey antes de finalizar su informe.
La Sala Monterrey del TEPJF es la instancia
federal encargada de impartir justicia electoral dentro de la segunda
circunscripción electoral que comprende los estados de Aguascalientes,
Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y
Zacatecas. Está integrada por la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quien la
preside y los magistrados Yairsinio David García Ortiz y Jorge Emilio
Sánchez-Cordero Grossmann.