*Para
dejar de ser dependiente del Poder Ejecutivo y poder así realizar una labor
adecuada y eficaz, en el combate a la corrupción, señaló el diputado a nombre
de diputados del PAN.
Xalapa, Ver. | 09 enero de 2018
Tribuna Libre.- Partiendo del reconocimiento que la corrupción en México, es uno de los
males que no sólo laceran a la sociedad, sino que además, es uno de los
factores que frenan el crecimiento y desarrollo del país, y que el binomio de
la corrupción y la impunidad atentan contra el Estado de Derecho y sus
instituciones, debilitando el estado democrático; el diputado del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería Molina,
presentó la iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 33 fracción XIX y
adiciona una fracción VII al artículo 67 de la Constitución Política del
Estado.
Esto, señaló el legislador del PAN, porque la
corrupción también es un obstáculo para el desarrollo económico y cierra las
posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Asimismo,
comprende conductas como nepotismo, extorsión, tráfico de influencias y uso
indebido de información privilegiada para fines personales, entre otras
prácticas.
Propone se adicione una fracción a la
Constitución Política estatal, con la finalidad de incorporar como un órgano
autónomo a la Contraloría General del Estado, la cual dejaría de ser parte de
la administración pública centralizada, y que el Contralor General del Estado
sea designado por las dos terceras partes del Congreso.
Asimismo, que la persona que se desempeñe
como Contralor General del Estado a la entrada en vigor de este Decreto, de ser
dictaminado favorablemente, por los legisladores veracruzanos, destacó
Rementería Molina, no podrá participar en el proceso de selección
correspondiente, lo que establece en los transitorios de esta iniciativa, que
fue turnada a las Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
Consideró, en su propuesta, y como parte de
un auténtico sistema estatal anticorrupción, se debe de dotar a la Contraloría
General del Estado, de autonomía constitucional, para dejar de ser dependiente
del Poder Ejecutivo y realizar, así, una labor adecuada y eficaz en el combate
a la corrupción.