*Los
derechos salariales de los trabajadores no serán afectados.
Xalapa, Ver. | 06 febrero de 2018
Tribuna Libre.- De conformidad con los artículos 116 y 117,
último párrafo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, las remuneraciones de los Magistrados Electorales son fijadas en
el presupuesto anual por los Congresos locales, sin que puedan disminuirse
durante el tiempo que dure su encargo, pues deben gozar de las garantías
constitucionales con el fin de respetar su independencia y autonomía, lo que
incluye su seguridad económica.
En ese sentido, si bien las percepciones que
reciben los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) no pueden ser
diferenciadas ni disminuidas por actos provenientes de otros Poderes, ello no
impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión
presupuestal, el Pleno del TEV ejerza una autorregulación de las remuneraciones
de sus integrantes, bajo los principios establecidos en la propia Constitución.
Por tanto, en ejercicio de su autonomía e
independencia, los integrantes del Pleno del TEV informaron que reducirán
voluntariamente sus remuneraciones para el ejercicio fiscal 2019, decisión
adoptada bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez.
Cabe precisar que esta medida resulta
aplicable únicamente a la y los Magistrados Electorales que integran el Pleno
de este Tribunal, sin causar una afectación o repercusión en los derechos
laborales de los demás trabajadores de este organismo electoral, pues de modo
alguno impactará en sus ingresos.
Asimismo, para el ejercicio fiscal en curso,
se decidió suprimir todos los gastos de telefonía celular. De igual forma, no
se contratarán seguros de gastos médicos mayores, ni de vida, en beneficio de
persona alguna, lo que significa que todos los trabajadores del TEV, incluyendo
a los integrantes del Pleno, continuarán su atención médica en el Instituto
México del Seguro Social (IMSS).
De esta manera, se generará una economía en
el gasto operativo del Tribunal, sin afectar sus funciones sustantivas, lo que
beneficia la racionalidad del gasto público, acorde con las medidas de
austeridad republicana.
