*La SFP
solicitó información a la Contraloría General, a cargo de Leslie Garibo, sobre
la adjudicación directa a Abisalud por 36 mdp.
Xalapa, Ver. | 30 julio de 2019
Tribuna Libre.- El Gobierno de Veracruz terminó “salpicado”
con la renuncia de Carlos Lomelí Bolaños, quien fue “súper delegado” de la
Secretaría de Bienestar en Jalisco.
De acuerdo con fuentes del gobierno estatal
la Contraloría General del Estado ha tenido que aportar información a la
Secretaría de la Función Pública (SFP) luego de que a finales de 2018 el
gobierno veracruzano concedió una adjudicación directa a una empresa
relacionada con Lomelí Bolaños.
Desde mayo pasado la dependencia federal,
cargo de Irma Eréndira Sandoval, comenzó 7 investigaciones contra dicho ex
funcionario ante hechos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas
califica dentro de las Faltas administrativas graves.
La dependencia federal investiga delitos que
pueden derivar en un procedimiento de tipo penal como el cohecho; la actuación
bajo conflicto de interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto
de interés y tráfico de influencias.
Lomelí Bolaños ha recibido jugosos contratos
no solo de Veracruz, también de otras entidades del país y del actual gobierno
federal, de ahí que son 5 las Contralorías estatales las que están aportando
información a la Federación.
Destaparon
contratos que llevaron a dimisión de ex delegado
Apenas el pasado 20 de mayo la organización
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció en un reportaje
que el ex súper delegado forma parte de una red de farmacéuticas que surtía
medicamentos al Gobierno Federal y a gobiernos estatales.
Uno de ellos fue la administración de
Cuitláhuac García que concedió a través de la Secretaría de Salud, a cargo de
Roberto Ramos Alor, un contrato directo
la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, por 36
millones 578 mil 757 pesos en diciembre de 2018, es decir apenas unos días
después de que comenzó el gobierno morenista el primero de diciembre de ese
año.
A la fecha Irma Eréndira Sandoval informó que
la SFP inició 7 investigaciones “que ya arrojan indicios y datos de posibles
conductas irregulares”, de las cuales 4 investigaciones se realizan sobre las
empresas relacionadas con Lomelí Bolaños y pueden derivar en procedimientos de
tipo penal.
Las otras 3 investigaciones se realizan por
“conductas contrarias a la legalidad” posiblemente atribuibles a Lomelí
Bolaños, mismas que son sancionables a través de procedimientos administrativos
disciplinarios.
De esta manera a través de un convenio de
colaboración la SFP ya ha requerido información a la Contraloría General del Estado,
a cargo de Leslie Garibo, respecto al contrato asignado de forma directa a
Abisalud para proveer medicamentos y material de curación al gobierno de García
Jiménez.
Hermetismo
total sobre contrato con Abisalud
De acuerdo con la fuente consultada, quien
solicita el anonimato, además de otorgar la información que solicite la
Federación se instruyó a los funcionarios estatales a mantener bajo reserva los
avances de las indagaciones que realiza la SFP a cargo de Irma Eréndira
Sandoval.
Por esta razón incluso la contralora general,
Leslie Garibo, ha optado por dejar de aparecer en eventos públicos en las
últimas dos semanas. Además, aunque se le ha pedido una entrevista en
reiteradas ocasiones a través de su enlace de prensa, esta nunca se concretó
debido a que la funcionaria “está muy ocupada por cuestiones de agenda”.
Tras darse a conocer la investigación de MCCI
titulada “El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí” el
gobierno estatal justificó que la Secretaría de Salud estaba en crisis por un
desabasto de medicamentos que rondaba el 80 por ciento.
Antes de que se hiciera del dominio público
la contratación de la empresa Abisalud el secretario, Roberto Ramos Alor,
informó que se presentaría una denuncia debido a que algunos lotes de medicinas
fueron dejados en almacenes hasta que caducaron, complicando la operatividad
para el nuevo gobierno estatal.
No obstante, para el mes de junio el
funcionario estatal se molestó al ser cuestionado sobre la adjudicación directa
para la empresa relacionada con el ex súper delegado en Jalisco, declarando que
“ningún chile le embonaba” a los reporteros.
Posteriormente otros funcionarios y diputados
locales de Morena intentaron justificar que se tenía que superar el desabasto
que dejó el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
El 23 de mayo la legisladora de la comisión
de Salud y Asistencia, Magaly Armenta Oliveros, excusó que ante la urgencia por
el desabasto el 18 de diciembre de 2018 se concedió la adjudicación directa a
la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud S.A de C.V.
“Por ser el proveedor que se comprometió a
hacer la entrega inmediata de medicamentos antes del 31 de diciembre por cierre
presupuestal”, declaró la legisladora, aseverando que se trataba de una empresa
habilitada, con registro de Ley y sin impedimento alguno para poder prestar
estos servicios y en cuya acta constitutiva no aparecía el nombre del ex funcionario
federal.
Guardan
secreto procesal
Por su parte, en sus intervenciones públicas
ante distintos medios nacionales la titular de la Secretaría de la Función
Pública, Irma Eréndira Sandoval, insiste en que el actual gobierno federal no
busca “Quinazos”, de ahí que el secreto procesal en torno al caso Lomelí será
respetado.
En una entrevista difundida este lunes con RT
Irma Eréndira Sandoval enfatizó: “No (se pueden conocer avances) porque están
protegidas por secreto procesal, pero inmediatamente que estén firmes y con resultados las daremos a conocer para
todos ustedes”.
Previamente garantizó que se hará cumplir la
Ley Federal de Austeridad Republicana a partir de las investigaciones que se
iniciaron desde el 22 de mayo de 2019, previo a la renuncia del ex delegado el
pasado 12 de julio.
La misma funcionaria federal confirmó que se
recaba información de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP); de la Unidad de inteligencia Financiara, de la Secretaría de
Salud Federal y de las contralorías estatales de 5 entidades federativas, así
como la información de las distintas unidades de la SFP.
El pasado 15 de julio la funcionaria observó
que las contrataciones de las empresas relacionadas con Lomelí podrían violar
los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, lo que constituyen los delitos mencionados.
“Se tomaron medidas preventivas para permitir
las diligencias y garantizar el secreto procesal de forma clara”, dijo en un
mensaje posterior a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
La investigación de MCCI detalla que las
empresas del ex súper delegado, de sus familiares y de sus allegados, han
recibido contratos del actual gobierno federal por 164 millones de pesos.
Además, también tienen operaciones en
entidades como Nayarit, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México,
Sonora, Aguascalientes y Veracruz por
más de 2 mil millones de pesos del año 2013 al 2019.
La empresa Abastecedora de Insumos para la
Salud firmó el contrato con Veracruz cuando en la actualidad dicha compañía es
propiedad del exsecretario particular de Carlos Lomelí, José Hiram Torres
Salcedo, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Hay que destacar que a la fecha los titulares
de las oficinas del gobierno como la Secretaría de Salud deben de informar a la
Sefiplan, cuyo titular es José Luis Lima Franco, sobre el gasto que realizan en
este tipo de adquisiciones, evitando incurrir en este tipo de errores.
A partir de la Ley de Austeridad para el
Estado avalada a finales de diciembre de 2018 y de los lineamientos generales
de austeridad y contención del gasto publicados en febrero del año en curso,
las dependencias estatales como la Secretaría de Salud deben de reportar las
contrataciones y compra de material a la Secretaría de Finanzas.
No obstante la adjudicación directa con
Abisalud ocurrió antes de que cobraran vigor estas disposiciones impulsadas por
el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
Así los servicios de la compañía ligada con
Lomelí provocaron que Veracruz pasara de un 15 por ciento de abasto en
medicinas a un 55 por ciento, aunque a finales de este mes de julio los
miembros de la oposición insisten en que el desabasto de medicinas es
generalizado en nosocomios y clínicas de la entidad.
