Tribuna Libre.- Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz,
no es más torpe porque el día no tiene más horas, ni luce más ignorante porque
prefiere guardar silencio. Su desgracia es que encabeza el estado más violento
del país, y la desgracia es que es protegido del presidente Andrés Manuel López
Obrador, que pagó la confianza y el respaldo que le ha dado con el escarnio
masivo de las redes sociales.
El gobernador le dijo al Presidente una
mentira sobre la masacre del martes en Coatzacoalcos, y el Presidente la
repitió al país desde Palacio Nacional. Algo tiene que hacerse con el
gobernador, por su incapacidad de mando, falta de liderazgo, incompetencia como
político y lastre para López Obrador. Pensar en un proceso de destitución en el
Congreso debe ser una opción.
Veracruz necesita de un gobernador que
gobierne. Requiere de un líder que tenga a su equipo cohesionado, y no como
sucede ahora, en pugna permanente con el fiscal Jorge Winckler, que se ha
trasladado a la falta de colaboración entre él y el secretario de Seguridad
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien ha sostenido el gobernador,
respaldado por el Presidente, pese a haber sido destituido en el año 2016 de la
Procuraduría de Nuevo León por una presunta extorsión.
Es insólito que un estado donde la seguridad
es la prioridad máxima, el gabinete de seguridad esté peleado entre sí, al
grado de no hablarse entre ellos. Veracruz arrastra la violencia desde los
gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, pero se volvió un campo de
batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas desde diciembre
pasado, coincidiendo con la llegada de García Jiménez al poder.
Regresaron las matanzas, primero en
Minatitlán, donde 14 personas –incluido un bebé– fueron asesinadas en abril, y
el pasado martes en Coatzacoalcos, en el que hasta hoy suman 28 víctimas en un
atentado a un table dance, donde un grupo armado presuntamente vinculado al
CJNG tiró granadas, incendió la puerta y bloqueó las salidas de emergencia. En
delitos de alto impacto, como secuestro y robo con violencia, Veracruz está en
los primeros lugares del país.
Según la consultora GLAC, en el primer
semestre de este año Veracruz estaba en el primer lugar de secuestros; hasta
abril, la tasa por 100 mil habitantes era de 1.87 secuestros, contra la media
nacional, de 0.45. La incidencia delictiva se incrementó este año en 122 por
ciento, y la gestión de García Jiménez ha sido tan ineficiente que la Cámara
Nacional de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial locales propusieron
un juicio político contra él y el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza,
impuesto por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que presume tener el
control de ese municipio sureño.
El total descontrol que tiene el gobernador
en el estado no puede ser escondido por los esfuerzos presidenciales en la
comunicación política.
Ni siquiera en ese campo pudo ser capaz
García Jiménez, y proporcionarle información fidedigna a López Obrador sobre lo
que sucedió en Coatzacoalcos la víspera. En su conferencia de prensa, el
Presidente aseguró que el presunto autor material de la masacre había sido
puesto en libertad por la Fiscalía Estatal de Jorge Winckler. Documentos que se
hicieron públicos casi inmediatamente después de la afirmación del Presidente,
revelaron que fue la Fiscalía General de la República la que puso en realidad
en libertad al presunto asesino porque los delitos por los que lo habían
detenido no eran graves, sin verificar sus antecedentes.
Esa falla en el área de inteligencia y la
ausencia de una verificación en las bases de datos policiales, devolvió a la
calle a quien presuntamente provocó la muerte de decenas de personas, como
aparente represalia porque en ese bar de mala muerte en Coatzacoalcos, Caballo
Blanco, no vendían productos con el sello del CJNG. Cuatro días antes, el 24,
el mismo grupo privó de su libertad y asesinó a Agustín Javier Ronson, junto
con otra persona, por esa razón. Un dramático video sobre su asesinato, por
ahorcamiento, comenzó a circular desde este miércoles en las redes sociales.
Tras el secuestro del dueño del Caballo
Blanco, la Marina detuvo en Coatzacoalcos a uno de los líderes del CJNG.
Cualquiera con un mínimo de conocimiento de los grupos criminales podría haber
visto que la suma de los dos eventos anticipaba que habría una reacción
criminal. Eso fue lo que sucedió el martes. El CJNG volvió a dar una muestra de
fuerza y poder. Fue en Coatzacoalcos, donde el deterioro ha sido continuo desde
diciembre y que junto al cercano Minatitlán, la zona petrolera, se ha vuelto en
campo de batalla de los cárteles de la droga.
El estado está al día de hoy ingobernable.
Los empresarios han emprendido el éxodo, los robos a la industria se
multiplican. Sólo en Coatzacoalcos, de acuerdo con la ONG Ciudadanos Unidos,
hasta junio había desaparecido entre el 30 y 40 por ciento del sector
productivo, ante la exigencia del 'derecho de piso'. García Jiménez no ha hecho
nada para frenar el éxodo empresarial. Tampoco los cuerpos de seguridad
vislumbraron el riesgo de lo que se venía acumulando.
La violencia se ha extendido y la procuración
de justicia es inexistente. El gobernador, protegido por el Presidente.
García Jiménez se ha convertido en un
verdadero lastre para López Obrador y lo está arrastrando políticamente. Tiene
que sacudírselo.
Ese pie con gangrena le va a subir por el
cuerpo a menos que se lo corte.
Tener un pelele en un estado problemático no
le funcionó, pero es mejor pagar el costo que el Congreso, dominado por Morena,
lo lleve a juicio político y lo destituya, a que siga contaminando la cruzada
de López Obrador.