La solicitud ya está enviada!!!
*
"Criminal Fugitivo" así consta en la solicitud de extradición girada
por México ante el Reino Unido.
Ciudad de México. | 06 agosto de 2019
Tribuna Libre.- Karime Macías, expresidenta del DIF de
Veracruz y esposa del exgobernador de dicha entidad Javier Duarte de Ochoa,
podría alcanzar hasta 12 años de prisión por su presunta responsabilidad en el
desvío de recursos públicos a empresas fantasma cuando encabezó ese organismo,
aun cuando el plazo legal para procesarla por esos hechos termine en el año
2020.
Así lo revela la solicitud formal de
extradición que México presentó ante el Reino Unido por Karime Macías, y que
fue enviada al gobierno británico cinco meses después de que se giró la orden
de aprehensión en su contra. Según
consta en la copia de dicho documento, que no se había transparentado hasta
ahora, gracias a un recurso ganado ante el Instituto Nacional De Acceso a la
Información (INAI).
Esto luego de que la Secretaría de Relaciones
Exteriores se había negado en un inicio a proporcionar cualquier dado sobre el
proceso de extradición de Karime, e incluso a que se rehusara a confirmar si el
mismo ya había iniciado. No obstante, el INAI revocó parcialmente dicha
negativa, bajo el argumento de que se trata de un caso de interés público.
La nota diplomática enviada por México al
Reino Unido, en donde se solicita la formal extradición de Karime Macías, es un
documento de 42 páginas.
El documento recibido el 5 de octubre por el
gobierno británico, según se aprecia en el acuse, detalla de inicio que se solicita
el arresto y arranque del procedimiento de extradición de Karime Macías de
Duarte o Karime Macías Tubilla, en apego al tratado firmado entre ambos países
para la entrega de “criminales fugitivos”.
Y se explica que el 25 de mayo de 2018 un
juez penal del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de
Karime, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude y en agravio del
erario público estatal, ilícito que es castigable en ambos países, con lo que
se cumple el requisito establecido en el artículo 2 del tratado de extradición.
“Este delito que se le imputa (a Karime
Macías) conlleva como castigo una pena que va de los 5 a los 12 años de
prisión, con una media de 8 años y 6 meses de prisión. Considerando que las
conductas ilícitas que se señalan habían ocurrido a finales de 2012, significa
que los mismos no han prescrito hasta 2020”, añade el gobierno de México.
Además, la SRE pidió al gobierno británico el
aseguramiento de todas las pertenencias y objetos personales o de valor de
Macías, bajo el argumento de que podían representar potencial evidencia, o
pruebas del crimen que se le imputa.
Pese al pedido de extradición y a la orden de
aprehensión girada en su contra, Karime Macías vive actualmente en Londres con sus tres hijos, y está libre.
Aunque al menos hasta el año pasado habitaba en una de las zonas más exclusivas
de la capital londinense.
¿Por qué Karime está libre pese a la
solicitud de detención y al proceso de extradición en su contra? Eso es algo
que no se sabe oficialmente.
Cabe señalar que Karime Macías, por su parte,
promovió desde el año pasado una solicitud de asilo político ante el Reino
Unido, según lo revelado por su abogado Ricardo Reyes Retana. Esto luego de que
el entonces gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, había
revelado información sobre la ubicación precisa de la esposa de Javier Duarte
en Londres.
Karime Macías llegó al Reino Unido a mediados
de 2017, pero fue hasta el 27 de mayo de 2018 cuando el fiscal de Veracruz,
Jorge Winckler, anunció que habían obtenido de un juez una orden de aprehensión
en contra de Macías Tubilla, por su presunta responsabilidad en el desvío de al
menos 112 millones de pesos de recursos del DIF estatal, mediante la
utilización de al menos seis empresas fantasma.
El DIF Estatal, bajo la presidencia de Macías
Tubilla, otorgó contratos a una red de 33 empresas fantasma por más de 415
millones de pesos, buena parte de esos recursos previo a la elección federal de
2012. También se documentó que una parte
del dinero que llegó a esa red concluyó como financiamiento ilegal en la
campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
El argumento de la defensa de Macías es que
su cargo de presidenta del DIF era honorífico, por lo que en realidad no era
servidora pública, y que ella no tenía injerencia en los procedimientos de
contratación.
