*Intocable,
Fiscal Especializada María Isabel Hernández Cruz, pese a nexos con Zetas y
filtración de fotos de empresaria decapitada.
Xalapa, Ver. | 13 agosto de 2019
Tribuna Libre.- El 18 de febrero de 2019, Jorge Winckler
Ortiz aseguró que la Fiscalía de Veracruz no toleraría actos ilegales de sus
trabajadores y prometió castigo para quienes filtraron tres fotografías al
interior del Semefo del cadáver decapitado de la empresaria Susana Carrera
Asencio, secuestrada y asesinada en Coatzacoalcos.
Por estos hechos, la Fiscalía General del
Estado (FGE) inició una carpeta de investigación y un expediente administrativo
contra tres funcionarios. Uno de ellos fue María Isabel Hernández Cruz,
entonces fiscal regional de la zona sur Coatzacoalcos, que en 2012 fue señalada
penalmente de formar parte de una “nómina” financiada por Los Zetas.
“La Fiscalía General no tolerará situaciones
como esta, que constituyen una revictimización y un incumplimiento del deber de
secrecía dentro del trabajo de investigación, por lo que se procederá penal y
administrativamente en contra del responsable”, informó la dependencia en un
comunicado.
Pero las promesas de justicia se quedaron en
el discurso. E-Consulta Veracruz comprobó mediante documentos de transparencia,
que, pese a su calidad de investigada, Hernández Cruz nunca fue suspendida y
solo fue rotada de puesto en al menos dos ocasiones.
El pasado 9 de agosto la FGE publicó un
boletín sobre una reunión entre fiscales, mandos de la Guardia Nacional y
empresarios ganaderos, llevada a cabo en el municipio de Cotaxtla.
Este hecho, contraviene con el artículo 475
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz, que, en su capítulo tercero, denominado De la suspensión, separación
y reingreso, versa:
“La suspensión sin goce de sueldo de las
servidoras y servidores públicos adscritos a la Fiscalía General procederá
cuando se declare formalmente que ha lugar a formación de causa o proceso penal
contra alguno de ellos, de acuerdo con las prescripciones de la Ley”.
El ABC
del probable encubrimiento por caso empresaria
El 18 de febrero de 2019, personas con acceso
restringido al Servicio Médico Forense (SEMEFO) filtraron a medios de
comunicación fotografías de la empresaria Susana Carrera Ascencio, que yacía
sobre una plancha ensangrentada y se apreciaba maniatada de pies y manos.
Carrera Asencio fue asesinada luego de haber
sido privada de la libertad durante una semana por secuestradores que pedían
más de 4 millones de pesos por su rescate. Su cuerpo fue localizado el 14 de
febrero en la colonia Benito Juárez, de la ciudad de Coatzacoalcos.
El día que estas fueron viralizadas en redes
sociales, la FGE informó que por esos hechos abrió una carpeta de investigación
en la Fiscalía Regional de la zona sur Coatzacoalcos y un expediente
administrativo en la Visitaduría para dar con los responsables.
En tanto, Namiko Matzumoto Benítez,
presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que se
fue iniciada la queja de oficio DAV/0265/2019 para que la Fiscalía investigara
este caso y diera con los responsables de ese material sensible.
El 19 de febrero, el fiscal anticorrupción,
Marcos Even Torres Zamudio, reiteró en entrevista que la FGE abrió una carpeta
de investigación y que de encontrar responsabilidades el organismo a su cargo
emprendería una investigación contra los funcionarios señalados.
“Si dentro de esto aparece la posible
comisión de un ilícito, tendría que dar la vista pertinente a la Fiscalía
Especializada. Hasta este momento nosotros no tenemos el elemento, estamos
esperando la realización de la investigación, y derivado de ello, se abrirá la
carpeta correspondiente porque no es un acto digno”, detalló.
El 5 de marzo, medios de comunicación
circularon una versión de que Isabel Hernández, José Luis Becerra Rodríguez
-delegado de Servicios Periciales en Coatzacoalcos- y José de la O -delegado de
la Policía Ministerial- habían sido despedidos de la Fiscalía. Ese hecho nunca fue desmentido por la
dependencia.
De acuerdo con el directorio de servidores de
la FGE -en su apartado de transparencia- María Isabel Hernández Cruz fue
nombrada el 20 de marzo Fiscal Especializada en la Unidad Especializada en
Combate al Secuestro (UECS).
Un trabajador de la Fiscalía -que solicitó el
anonimato- refirió que Jorge Winckler puso sobre la mesa, con colaboradores
cercanos, el cese de Hernández Cruz, pero su propuesta fue rebatida por su
mentor, el fiscal, Marcos Even Torres. “Son dos personas las que en realidad
son el cerebro aquí adentro. Y Even es uno de ellos”, compartió.
Esta referencia cobró fuerza el 9 de agosto
con un comunicado de la Fiscalía sobre una reunión de Jorge Winckler con mandos
de la Guardia Nacional, fiscales especializados y empresarios ganaderos de
Cotaxtla y municipios aledaños a la zona centro costera de la entidad.
“Estuvieron presentes el Fiscal Regional de
la zona centro Veracruz; el director de la Unidad Especializada en Combate al
Secuestro (UECS), Alejandro Landa Hernández; el director general de la UECS,
Jorge Arturo Rodríguez Pucheta y la Fiscal Coordinadora Especializada en
Combate al Abigeato, María Isabel Hernández Cruz”, se detalló.
La
carrera ascendente de Isabel Hernández y su vínculo con Los Zetas
A la par de que Isabel Hernández ascendía de
puestos en la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), en la región de
Córdoba, el cartel de Los Zetas amasaba un feudo en esa zona, que llegó a ser
liderada por Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias “El Lucky”, “El Z16”, o “El
Apá”, presunto jefe regional, capturado en diciembre de 2011.
Entre mayo de 2010 y marzo de 2015, Hernández
Cruz fungió como agente del ministerio público en Tezonapa, Orizaba, Fortín y
Córdoba. En julio de 2015, fue designada Fiscal de Distrito de la Unidad
Integral De Procuración De Justicia Del XIV Distrito Judicial, en Córdoba.
La permanencia y ascenso en la PGJ de Isabel
Hernández y su oficial secretario Uriel Moreno Mendoza fue avalado pese a la
revelación de una presunta red de complicidades de los Zetas con empresarios,
políticos y funcionarios de la PJG –hoy Fiscalía de Veracruz-, durante el
gobierno de Javier Duarte, sentenciado por lavado de dinero y asociación
delictiva.
Lo anterior, fue relatado en declaraciones
ministeriales rendidas por tres presuntos operadores de Los Zetas, capturados
el 10 de octubre de 2012, en el puerto de Veracruz, por elementos de la
Secretaría de Marina.
Los detenidos fueron Cristopher Fuentes
Letelier, alias “El Chuletón”; Gerardo Trejo Cruz, “El Trejo”, e Ignacio Valdez
Ramírez, “El Chilango”. Los tres confesaron que recibían órdenes del comandante
Javid o “El Pájaro”, a quien identificaron como “segundo comandante” del cártel
en la zona de Córdoba, Fortín y Orizaba.
En un reportaje publicado por Jorge Carrasco
en la revista Proceso, edición 1881, se expuso el contenido de las
declaraciones de los tres “zetas” integradas en la carpeta de investigación
947/2012 VER-FIEAFTVS-10, donde el nombre de Isabel Hernández y otros
funcionarios son ventilados.
Las declaraciones daban detalles de la
organización de diversos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión a líderes
cañeros, el cobro de derecho de piso, secuestros y el control de “todo el
personal de sicarios que llamamos estacas”, así como dueños de bares en
Córdoba.
Pero un negocio ilícito que consolidó Raúl
Lucio Hernández Lechuga “El Lucky” fue el robo de tráileres que pasaban por las
carreteras fronterizas de los estados de Veracruz y Puebla. En este delito,
expusieron los sicarios, Isabel Hernández era pieza clave y a cambio recibía un
pago mensual de 50 mil pesos.
“Tenemos personas de la procuraduría
trabajando para nuestra organización. De los que me acuerdo y conocí son el
licenciado Abraham Becerril Hernández, quien fue subprocurador de Justicia en
Córdoba y precandidato del PRI a esa alcaldía”. De él dijo que “recibía una
nómina de 100 mil pesos mensuales. Nos presta sus bodegas, donde guardamos los
tráileres robados y a las personas que levantábamos o secuestrábamos”. Mencionó
también a María Isabel Hernández Cruz, agente del Ministerio Público en
Córdoba. “El licenciado Abraham Becerril Hernández nos mandaba con ella para
que nos devolviera los tráileres de la empresa de Los Zetas que detenían y
ponían a disposición. Le pagamos por su apoyo la cantidad de 50 mil pesos mensuales”,
extracto de la declaración de Cristopher Fuentes Letelier, alias “El Chuletón”,
publicada en la revista Proceso.
Dentro de una lista amplia de funcionarios de
la PGJ presuntamente financiados por Los Zetas, sobresale el nombre de Uriel
Moreno Mendoza, hombre cercano a Isabel Hernández, que en 2012 fungía como su
secretario del ministerio público, en Córdoba.
Sobre Moreno Mendoza, “Cristopher Fuentes
Letelier, alias “El Chuletón”, declaró “es el que hacía los trámites para
devolvernos las unidades. Le pagamos... 10 mil pesos mensuales”. Aseguró que la
mercancía que les era devuelta la almacenaban en una bodega propiedad de
Becerril Hernández (subprocurador de justicia).
Mano derecha de Isabel Hernández responsable
de investigarla por filtración de fotografías
Detrás de Isabel Hernández siempre ha estado
Uriel Moreno Mendoza, quien pasó de ser su oficial secretario en el ministerio
público de Córdoba (2012) a su sucesor en la Fiscalía Regional de la zona sur
Coatzacoalcos, cuando Isabel fue movida de ese puesto.
Moreno Vázquez fue designado el 20 de agosto
de 2019, Fiscal regional de la zona sur de Coatzacoalcos.
De acuerdo con lo referido por Jorge Winckler
-el 18 de febrero de 2019- es la Fiscalía regional de la zona sur la que
investiga la probable responsabilidad de Isabel Hernández por el caso Susana
Carrera. A la fecha, no hay informes sobre la conclusión de esa investigación.
Isabel Hernández también hizo campaña para
los Yunes
En febrero de 2019, cuando se analizaba en el
congreso de Veracruz el juicio político contra Jorge Winckler Ortiz, fueron
difundidas fotografías de fiscales que se sumaron a mítines políticos de Miguel
Ángel Yunes Márquez, excandidato perdedor a gobernador por la alianza
PAN-PRD-MC. Entre los fiscales afines al PAN estaba Isabel Hernández Cruz.
En la fotografía también aparecen el entonces
fiscal auxiliar de la Fiscalía Regional Veracruz, Alejandro Carlos Díaz
Infante; el fiscal auxiliar Manuel Pérez Peralta; la fiscal primera, Delma
Yameli González Escobar; el fiscal segundo, César Gustavo Martínez Sampeiro;
fiscal octavo, Xóchitl Jazmín Straffon Santos; fiscal noveno, Carmela Martínez
Flores; y la encargada de la Subunidad de Boca del Río, Janet Santos Castro.
Jorge Winckler tomó posesión como fiscal
general en diciembre de 2016, a propuesta del entonces gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares, de quien fue abogado particular. Desde entonces el procurador es
señalado de emplear el organismo a su cargo en favor del grupo político del
expriista, Yunes Linares.