Juan Tirado | 28 septiembre de 2019
Tribuna Libre.- Durante el Ejercicio Fiscal 2018, la
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) generó un presunto daño
patrimonial al erario público de Veracruz por $564 millones 724 mil pesos,
reveló el Informe de Resultados de dicha Cuenta Pública.
En la administración estatal de Miguel Ángel
Yunes Linares, la SEFIPLAN pagó bienes y servicios sin Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, sin expediente del proceso de adjudicación, sin
contrato de prestación de servicios con los anexos correspondientes ni
instrumento legal que lo regule.
Durante la fiscalización a la Cuenta 2018, el
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) descubrió que la dependencia estatal
celebró un contrato con la empresa Mayoristas en Informática Avanzada, S.A. de
C.V. por la “Prestación del servicio especializado de desarrollo e
implementación del Sistema de gestión electrónica de oficios versión 2.0 (GEO
2.0)”, por un monto de $36 millones de pesos.
Sin embargo, no presentó evidencia de haber
recibido y disponer de diversos requisitos legales, como análisis de campo del
problema, plan de trabajo del proyecto identificando fases y actividades,
narrativa general del análisis del proceso actual, diagrama general del proceso
y modelo de negocios.
Aunado a lo anterior, los auditores del ORFIS
detectaron $71 millones de pesos por concepto de provisiones contables, del cual
la Secretaría no presentó, además de que no se presentaron evidencias de la
documentación comprobatoria y justificativa que permita verificar que dichos
registros por pagos y aplicaciones a los proveedores debían afectar la
información contable y presupuestal.
Asimismo, se revisaron los capítulos 2000
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Subsidios y
Transferencias” y se identificaron erogaciones por $382 millones sin que se
anexara la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Respecto al capítulo 5000 “Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles” hubo pagos a proveedores para adquisición de bienes y
servicios por pagar a corto plazo por un importe de $56 millones de pesos, de
los cuales no anexaron documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
(Juan Tirado)