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periodistas han sido asesinados en la entidad durante los últimos 8 años;
violencia contra el gremio es un "círculo vicioso".
Xalapa, Ver. | 10 septiembre de 2019
Tribuna Libre.- Salarios que, en promedio, oscilan entre los
100 pesos diarios (5 dólares), falta de profesionalización, políticos
reaccionarios y disputas entre cárteles de la droga, hacen de Veracruz un
círculo vicioso donde 23 periodistas han sido asesinados en los últimos 8 años.
El estado mexicano, ubicado en el Golfo de
México, es catalogado por organizaciones internacionales como la entidad más
peligrosa en el mundo para ejercer esta profesión; donde, a decir de expertos,
en cualquier momento puede acontecer una nueva desgracia, al igual que una
sequía, un huracán o un terremoto.
De acuerdo con registros documentados por la
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y la
organización Artículo 19, la mayoría de estos crímenes se han cometido en
municipios rurales, donde abundan “las condiciones precarias y reporteros que
trabajan de manera aislada; sin organización ni redes como las que se han
comenzado a dar en ciudades más grandes”.
A esta problemática se suma la impunidad. De
los 23 asesinatos perpetuados en los últimos tres gobiernos, únicamente cuatro
personas han sido sentenciadas por los crímenes contra Regina Martínez (28 de
abril de 201), Moisés Sánchez Cerezo (2 de enero de 2015) y Ricardo Monlui
Cabrera (19 de marzo de 2017).
La sentencia contra dos expolicías
municipales, un presunto autor material y un probable sicario al servicio de
líderes cañeros traduce un récord del 13 por ciento.
Ello no implica que los casos hayan sido
concluidos pues más involucrados por estos hechos permanecen libres.
El caso más reciente en Veracruz –que traduce
estos escenarios con detalle- se registró el 2 de agosto de 2019. Celestino
Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa, fue acribillado mientras veía
la televisión en su casa -que adaptó como tienda de abarrotes- en La Bocanita,
una comunidad de la costa veracruzana perteneciente al municipio de Actopan,
donde no hay señal telefónica.
Según la versión del gobierno estatal, el
periodista de 58 años de edad fue atacado por la espalda por dos personas que
aún están prófugas.
“Se hicieron cuatro disparos desde el
exterior y uno de los hombres ingresó al domicilio y disparó con el arma corta
a Celestino, lo que le causó un traumatismo craneoencefálico, múltiples
fracturas de cráneo, cuatro heridas en la región occipital y dos más a la
altura de clavícula. Lo entraron a rematar”, explicó el exfiscal general, Jorge
Winckler Ortiz.
Celestino era padre de cuatro hijos, dos de
ellos menores de edad. Él era pasante de la licenciatura de Derecho y técnico
en reparación de aparatos electrónicos. Su labor reporteril la desempeñó
durante 20 años sin recibir un salario, ni prestaciones de ley.
De acuerdo con familiares del vigésimo tercer
periodista ultimado en Veracruz, Celestino editaba y vendía el periódico por
toda la costa de la entidad. Su comisión por cada ejemplar vendido era de 1
peso.
El único beneficio que Celestino recibía del
diario impreso era una credencial que lo acreditaba como reportero y la promesa
de recibir un porcentaje por cada convenio publicitario que negociara con
ayuntamientos.
Ruiz Vázquez fue objeto de dos agresiones y
amenazas de muerte, ocurridas el 24 de octubre de 2018 y el 17 de noviembre del
mismo año. Por estos hechos, él denunció a cinco funcionarios del Ayuntamiento
de Actopan, incluido al alcalde, Paulino Domínguez Sánchez.
Aunque las investigaciones no habían
concluido por esas agresiones, el alcalde Paulino Domínguez había ofrecido a
José Luis Poceros, dueño del Gráfico de Xalapa, la cantidad de 10 mil pesos
para entregarlos a Celestino Ruiz, a cambio de que él se desistiera de su
denuncia y, de paso, dejara de criticar a su administración local.
“Debes desistirte de las denuncias y dejar de
publicar contra el alcalde de Actopan”, habría ofrecido el empresario en al
menos dos ocasiones, en las que citó al periodista en la redacción del diario,
en Xalapa. Celestino se negó. Pese a estos señalamientos, asentados en
denuncias por familiares, el caso cumple 40 días impune.
Municipios
rurales, un círculo vicioso para reporteros: Investigador
Alberto Javier Olvera Rivera, investigador de
la Universidad Veracruzana (UV) y merecedor del premio Martin Diskin, otorgado
por La Asociación de Estudios Latinoamericanos, entiende la violencia contra
periodistas locales como un círculo vicioso donde ellos ejercen su profesión.
“El círculo consiste en que el periodista
sobrevive de convenios con los alcaldes. Los alcaldes, para que firmen un
convenio, deben tener alguna razón poderosa y esa razón generalmente suele ser
ataques de los propios periodistas hacia los funcionarios; ataques que pueden
ser justificados o injustificados, no lo sabemos. En todo caso es una especie
de chantaje el que se establece y esto conduce al establecimiento de convenios
que permiten que la crítica deje de ejercerse”, explicó.
Para el académico del Instituto de
Investigaciones Histórico Sociales de la UV, este modelo, con sus vicios, puede
rastrearse desde el siglo XIX. “Evidentemente (estas prácticas) conducen a un
periodismo poco profesional, poco ético, en donde el periodista de a pie
termina siendo el elemento más débil, descartable tanto para los dueños de los
medios como para los políticos”.
Olvera Rivera hace una mención particular
sobre los periodistas agredidos en Veracruz. “No todos estos periodistas son
heroicos, muchos no lo son en absoluto: son personas que viven, digamos, de esa
profesión ejerciendo a veces de una manera poco ética. La pregunta que nos
tendríamos que hacer es si es posible vivir de la profesión periodística en el
plano micro local de otra manera; es decir, si es posible un periodismo
verdaderamente objetivo, distinto, civil, que no recurra a estos métodos de
relaciones incestuosas entre medios y el poder”.
Agregó que la precariedad en el periodismo
local se debe entender en dos aristas: una precariedad económica, estructural;
derivada de la pobreza de los mercados micro regionales, y otra precariedad
política, “ahí el periodista, cualquiera que sea su naturaleza, está
directamente expuesto a la reacción de los políticos locales”.
Enfatizó que la precariedad del periodismo
local subsiste en un modelo histórico donde la intolerancia de políticos
locales y la nueva presencia del crimen organizado, como un factor de poder
local, explicarían el incremento de la violencia contra este tipo de
profesionales.
“Es un modelo que va a ser muy difícil
cambiar, un modelo que para poderse superarse necesita introducir nuevos
actores en el campo de la comunicación; y esos nuevos actores tienen que ser
forzosamente organizaciones civiles y organizaciones extra regionales que
puedan tener u ofrecer espacios de comunicación distintos”, opinó.
Profesionalización,
una puerta de escape ante la violencia: Ceapp
Ana Laura Pérez, presidenta de la Comisión
Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), reconoció que, aunque
este organismo ha tratado de conciliar entre funcionarios locales y periodistas
“hay compañeros que no tienen contacto con nosotros y no tienen la protección
ni la orientación que les pudiéramos dar”.
En ese sentido, la funcionaria resaltó que su
apuesta es la profesionalización de periodistas. “Se debe hacer mucho énfasis
en cómo abordar la información, qué medidas de autoprotección tomar, a qué
instancias recurrir en caso de riesgo. Muchos compañeros laboran sin comprender
de fondo la responsabilidad que lleva ser periodista”, declaró.
Alberto
Olvera opinó que el subsidio de gobiernos a medios de comunicación debe
orientarse hacia la profesionalización del gremio.
“Un signo de profesionalización es que un
medio tenga un cuerpo estable de reporteros y opinadores profesionales. Que el
subsidio entonces tenga un sentido constructivo, es decir, permitir la
estabilidad económica y la predictibilidad, digamos de los ingresos, de un
medio de comunicación que le permita contratar a los mejores periodistas y eso
sería también un piso firme para la autonomía política de los medios de
comunicación; el que los reporteros no tuvieran que depender de los convenios
que se establecen con los presidentes municipales, autoridades locales, o
políticos locales”.
“Creo yo que si eso fuera una garantía, sería
en cambio una base, que potencialmente induciría a la profesionalización del
periodismo, pero lo que observamos es que no hay hoy, una idea, una política
pública”, agregó.
Impunidad,
el mal constante en crímenes de periodistas
Alberto Olvera, destacó la impunidad que
prevalece en los crímenes contra periodistas, un mal que, precisó, es
equiparable a todos los otros crímenes que padece el Estado y la nación.
“Creo yo que lo que refleja el caso de los
periodistas es un problema nacional de absoluta incapacidad de las
instituciones de justicia, tanto para investigar, como para llevar a cabo
procesos jurídicos creíbles, limpios y que marquen una tendencia hacía la
sanción jurídica del delito”.
El académico subrayó que, en el caso de
Veracruz, se suma un pleito entre el gobierno estatal y la Fiscalía General del
Estado (FGE) “que ha conducido a peor todavía, a que se marque una fractura
entre instancias. Es decir, tenemos una zona de desastre”.
Ana Laura Pérez, agregó que, al no haber
investigaciones concluidas, tampoco se puede determinar qué muertes de
periodistas se derivaron de su profesión o por otras causas. “Con estas
condiciones en cualquier momento puede suceder una desgracia. Esto se puede
repetir y no queremos seguir con estas estadísticas”, concluyó.
Las
muertes de 23 periodistas, en Veracruz
E-Consulta Veracruz presenta el recuento de
las muertes de periodistas en Veracruz, crímenes de los cuales el actual
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez prometió lo mismo que sus antecesores,
Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa: justicia.
Noel López Olguín, de 45 años de edad,
reportero en el semanario Noticias de Acayucan desapareció un 8 de marzo de
2011, su cuerpo fue hallado el 1 de junio de ese mismo año en el municipio de
Chinameca, al sur de la entidad.
Miguel
Ángel López Velasco,
su esposa Agustina Sola y su hijo Misael López Solana, fueron acribillados en
su casa el 20 de junio de 2011. López Velasco, fue reportero y editor de nota
roja por 30 años, así como columnista y subdirector del periódico Notiver, en
el puerto de Veracruz.
El hijo de Milo Vela -como López Velasco
firmaba sus columnas- Misael López, tenía 21 años y comenzaba una carrera como
fotógrafo en el diario Notiver.
Yolanda
Ordaz de la Cruz,
de 48 años de edad; reportera de Notiver, fue privada de su libertad el 24 de
junio de 2011. Su cuerpo apareció 48 horas después decapitado en un predio de
Boca del Río.
Regina
Martínez Pérez,
de 48 años de edad. Corresponsal del semanario Proceso. Fue asesinada en el
interior de su casa el 28 de abril del 2012. Las autoridades desestimaron el
crimen, relacionándolo con un crimen pasional.
Los reporteros Guillermo Luna Varela, fotógrafo de Notiver; Gabriel Huge Córdova, fotógrafo de Notiver; y Esteban Rodríguez
reportero del periódico AZ, fueron asesinados y abandonados en un canal de
aguas negras del municipio de Boca del Río, Veracruz. El hallazgo se dio el 3
de mayo del 2012, una semana después del asesinato de Regina Martínez.
Víctor
Manuel Báez Chino,
reportero del Portal de Veracruz, fue asesinado el jueves 14 de junio del 2012,
su cuerpo fue encontrado a una cuadra del Palacio de Gobierno.
Gregorio
Jiménez de la Cruz,
43 años de edad, reportero del diario Notisur. Desapareció el 6 de febrero de
2014. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero del 2014. El gobernador Javier
Duarte de Ochoa aseguró que fue asesinado por “problemas personales”; sus
familiares acusan que fue por publicar un reportaje.
Moisés
Sánchez Cerezo,
director de La Unión. Tras ser privado de su libertad el 2 de enero de 2015, su
cuerpo apareció el 24 de enero de 2015, decapitado. El entonces gobernador
Javier Duarte, lo describió como “un taxista”. Falleció a los 59 años de edad,
la misma edad de Ricardo Monlui Cabrera.
Armando
Saldaña Morales,
de 53 años de edad, reportero de la estación La Ke Buena. Fue asesinado el 4 de
mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con impactos de bala y señales de
tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz.
Juan
Mendoza Delgado,
de 46 años de edad, director del portal Escribiendo la verdad. Desapareció el
01 de junio de 2015. Su cuerpo, fue hallado en las horas siguientes.
Rubén
Espinosa Becerril,
de 31 años de edad, fotógrafo del semanario Proceso y Cuarto Oscuro. Fue
asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de
México. Su muerte es atribuida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Anabel
Flores Salazar,
reportera del periódico El Buen Tono, con sucursal en Córdoba. Un grupo de
hombres armados privó de su libertad la madrugada del lunes 8 de febrero cuando
se encontraba en su domicilio. Horas después de reportada como desaparecida, su
cuerpo fue hallado en los límites de Veracruz y Puebla.
Manuel
Torres González,
ex corresponsal de TV Azteca Veracruz, fue asesinado sobre la vía pública el 14
de mayo del 2016 cuando salía de la Delegación de Tránsito Estatal, en el
centro del municipio de poza Rica.
Pedro
Tamayo Rojas,
de 43 años de edad, fue asesinado el 20 de julio del 2016 afuera de su
domicilio, en el centro del municipio Tierra Blanca. El reportero fue agredido
mientras atendía su negocio, un puesto de hamburguesas.
Ricardo
Monlui Cabrera,
columnista y director de los portales Política de Córdoba y Política de Xalapa,
fue asesinado a balazos el 19 de marzo de 2017 cuando salía de un restaurante
de la ciudad de Yanga, en la zona centro del estado de Veracruz. El periodista
también trabajaba como asesor de varios dirigentes cañeros y agrícolas, entre
ellos de Juan Carlos Molina, líder de la CNC en el Estado de Veracruz.
Por su crimen, la Fiscalía del estado obtuvo
condena de 50 años de prisión para Ángel Rojas Benítez “La Paloma”, presunto
autor material.
Edwin Rivera Paz, un periodista y migrante
hondureño que se encontraba refugiado en Acayucan, fue asesinado a balazos el 9
de julio de 2017. Familiares del comunicador confirmaron que seis meses antes
él tuvo que salir de su país, tras la muerte de colega el periodista Igor
Ibarra.
Edwin
Rivera
trabajaba en Honduras como director de cámaras para el programa "Los Verduleros",
y en otros proyectos periodísticos al lado de Igor Ibarra, quien fue asesinado
a inicios de año en aquel país.
Cándido
Ríos Vázquez,
reportero de La Voz de Hueyapan, fue asesinado en el municipio de Hueyapan de
Ocampo el 22 de agosto de 2017 cuando platicaba con el ex agente municipal de
Corral Nuevo y el ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio
Alegría, quien fue otro de los muertos.
Ríos Vázquez, conocido como “Pabuche” inició
su carrera empírica como reportero en el municipio de Coatzacoalcos, donde
publicaba un semanario llamado El Cuarto Poder. A la muerte de su socio,
regresó a su lugar de origen y montó una hoja de papel llamada La Voz de
Hueyapan, en ese espacio “escribía lo que él llamaba tropelías y raterías de
los funcionarios, un periodismo combativo”.
Una de sus últimas coberturas de Pabuche, ya
en el Diario de Acayucan, fue sobre el saqueo al material pétreo del lecho del
río de su pueblo. “Cándido fue el único en la región que levantó la voz y
defendió su rio”, le reconoce Pérez Cortés.
Gumaro
Pérez Aguilando,
reportero policíaco y empleado del Ayuntamiento de Acayucan, fue asesinado el
21 de marzo de 2018 en una escuela de ese municipio donde se desarrollaba el
festival navideño de su hijo. Gumaro Pérez fue señalado por reporteros de la
región de tener relaciones con presuntos integrantes de la delincuencia.
Celestino
Ruiz Vázquez,
reportero de El Gráfico de Xalapa, fue acribillado el 2 de agosto de 2019
mientras veía la televisión en su casa, ubicada en la comunidad La Bocanita, en
el municipio de Actopan.
El reportero de 58 años de edad fue agredido
en su domicilio en dos ocasiones y amenazado de muerte. A la fecha hay una
denuncia contra cinco funcionarios de Actopan por esas agresiones, incluido el
alcalde, Paulino Domínguez.
E-Veracruz