*Verónica
Hernández deberá cerrar la investigación a la denuncia presentada por la
COPIPEV, la cual lleva 3 años de atrasos.
Xalapa, Ver. | 03 octubre de 2019
Tribuna Libre.- A 10 años del inicio
del saqueo de recursos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), calculado en
al menos 8 mil millones de pesos, ninguno de los dos exgobernadores y otros
presuntos responsables por este hecho han sido ha sido llevados ante la
justicia.
Los integrantes del Consejo Directivo no han
dado cuenta de sus acciones, a pesar de que durante años avalaron préstamos a
los gobiernos estatales usando recursos de la Reserva Técnica y, aunque fueron
denunciados penalmente, la carpeta fue archivada por parte de la Fiscalía
General del Estado (FGE) durante los períodos de Luis Ángel Bravo Contreras y
Jorge Winckler.
Sin embargo, ya existe un plazo límite para
dar resultados, según explicó la presidenta de la Coalición de Pensionistas
Independientes (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda, quien refirió que un juez
ordenó a la fiscal encargada de despacho, Verónica Hernández, concluir las
investigaciones.
En entrevista al acudir al Congreso del
Estado, explicó que el plazo dado a la FGE para presentar el dictamen
correspondiente fenece el 27 de octubre.
"Porque los anteriores fiscales no
hicieron nada absolutamente, y está nueva responsable de la Fiscalía tiene
hasta el 27 de octubre para presentar el dictamen, y es por todas las
irregularidades y anomalías que han ocurrido en el IPE, y que denunciamos
nosotros"
Acusó al "fiscal duartista" (Luis
Ángel Bravo) y al "fiscal yunista" (Jorge Winckler Ortiz) de no
avanzar en la indagatoria: "A ver si ahora con la encargada de la fiscalía
tiene que marchar porque es la orden de una juez".
Por otra parte, el abogado de la COPIPEV,
Juan José Llanes Gil del Ángel, admitió que la instancia investigadora no
ofreció avances de la querella contra el Consejo Directivo del IPE.
Añadió que el Consejo del IPE solicitó
audiencia con el entonces Fiscal Jorge Winckler Ortiz, aunque este encuentro
nunca se concretó, en una tónica similar a la postura asumida por Luis Ángel
Bravo Contreras.
EL
DESFALCO
Desde 2009, durante el Gobierno de Fidel
Herrera Beltrán los recursos de la Reserva Técnica, que para entonces eran de
poco más de 10 mil millones de pesos, fueron minados con préstamos para “cubrir
obligaciones del Estado”.
Primero fueron préstamos de 300 y 400
millones de pesos, pero Javier Duarte de Ochoa llegó a solicitar varios
préstamos por más de mil millones de pesos que no fueron devueltos.
En su último año de Gobierno, Duarte pidió
mil 582 millones 793 mil 327 pesos, con lo que se acumuló un déficit de 8 mil
287 millones 156 mil 963 pesos en la Reserva Técnica del IPE.
Recientemente un juez puso de plazo a la
Fiscalía de Veracruz el 27 de octubre para que resuelva la denuncia que
interpusieron jubilados el 1 de agosto de 2016 en contra de los 13 consejeros y
sus suplentes por la omisión de un deber legal al avalar el desfalco.
LOS
DENUNCIADOS
La representante de la Coalición de
Pensionistas Independientes (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda, informó que la
denuncia se interpuso contra los consejeros del IPE.
Entre ellos se encuentra Enrique Levet
Gorozpe, secretario general del FESAPAUV, así como la dirigente del Sindicato
de Trabajadores al Servicio del Estado (SETSE), Acela Servín Murrieta, quien
murió el pasado 2 de mayo de 2018 sin ser requerida por estas acusaciones.
La denuncia se presentó contra los entonces
consejeros, incluyendo al presidente Octavio Antonio Gil García; el secretario
técnico, José Adán Córdoba Morales; el comisario técnico Ricardo García Guzmán;
el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado; el secretario de Finanzas,
Antonio Gómez Pelegrín y la secretaria de Educación y Cultura, Xóchitl Adela
Osorio Martínez.
Además, contra el entonces secretario de
Salud, Fernando Benítez Obeso; el de Desarrollo Social, Alfredo Ferrari
Saavedra; el de Desarrollo Económico y Portuario, Gerardo Mancilla Arteaga.
La denuncia incluyó al entonces representante
sindical de la sección del SNTE, Manuel Arellano Méndez; el Líder sindical del
Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
(SDTEV), Enrique Cruz Canseco; el líder sindical del SUTSEM, Ricardo Diz Herlindo;
así como el representante sindical del Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo, Faustino García Fernández.
El recurso también incluye a sus suplentes,
como en el caso de Ángel Cruz Lagunes, Arturo Jaramillo Díaz de León, Francisco
Salvador Torres Peralta; Édgar Murrieta González, José Álvaro Pérez Vela, Luis
Sarabia Olguín, Casimiro Hernández Cuervo, Víctor Manuel Méndez Sánchez,
Oswaldo Daniel Ahumada Aguirre y Jorge Octavio Téllez Kawas.
DENUNCIA
ARCHIVADA
Pese a las acusaciones presentadas ante la
Fiscalía General del Estado entonces a cargo del procurador Luis Ángel Bravo
Contreras, la denuncia nunca avanzó. Incluso, al llegar Jorge Winckler Ortiz al
puesto los jubilados fueron informados después de presionar a las autoridades,
que la carpeta de investigación se había perdido.
Casi un año después de haberse interpuesto la
denuncia, los pensionados solicitaron a la Fiscalía información sobre el avance
de la carpeta y la respuesta fue requerirles la información para encontrar los
datos, según lo declarado por Adriana Chávez.
“Nos respondió pidiendo el nombre del fiscal
que lleva el caso y el número del expediente; evidenció su desconocimiento,
resulta que pedimos información y nos respondieron por correo electrónico que
les digamos cuál expediente, con cuál fiscal se encuentra, en qué fecha y todo
como si se hubiera perdido o no tuvieran aquí las carpetas de investigación”.
A ello se suma que los pensionados nunca
fueron citados para abundar en la investigación o para informarles sobre el
desarrollo de esta e incluso cuando acudieron a pedir una audiencia con
Winckler Ortiz, este ni siquiera los recibió.
NUEVA
FISCAL, NUEVAS PRESIONES
Apenas unos días después de la remoción de
Jorge Winckler Ortiz como fiscal de Veracruz, un juez de control de Pacho Viejo
ordenó a la Fiscalía, ahora en manos de Verónica Hernández Giadans, finalizar
la investigación correspondiente a la carpeta 246/2016.
Además, iniciar carpetas de investigación en
contra de los seis fiscales y tres directores de Servicios Periciales por
presunto delito de incumplimiento de deber legal y de llegar a ser
responsables, fincarles responsabilidad penal.
El plazo para finalizar la investigación
vence el 27 de octubre, cuando la Fiscalía deberá concluir con la carreta de
investigación, debido a que el juez consideró que hubo un retraso injustificado
y violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia.
Pese a ello, la directora del IPE, Daniela
Griego, señaló que hasta ahora no han sido requeridos por la Fiscalía General
del Estado para entregar información sobre esta denuncia.
“No conozco los términos de la denuncia de
Copipev, lo que nos requiera la Fiscalía con gusto aportaremos la información
que nos solicite, no hemos sido notificados ni requeridos al respecto, pero
supongo que después del cambio de fiscal nos requieran”.
Dijo que cuentan con los registros contables,
las actas del Consejo Directivo que son muestra de la toma de decisiones, pero
que será la Fiscalía quien determine este caso.
“Si nos requieren con gusto estaremos
aportando la información. Está en los registros que deja en el departamento de
lo contencioso, hemos hecho seguimiento”.
GOBIERNO
RECONOCE DEUDA CON EL IPE
A la par de la denuncia, desde el Gobierno de
Miguel Ángel Yunes Linares se reconoció el adeudo con el IPE, se prometió
saldar la deuda, pero tras dos años de administración nada de esto fue
cumplido.
Con la renovación del inquilino de Palacio de
Gobierno, los pensionados mantienen la esperanza del pago de poco más de 8 mil
millones de pesos que fueron sacados indebidamente de la Reserva Técnica.
La directora del IPE, Daniela Griego
Ceballos, señaló que ya hay pláticas con la Secretaría de Finanzas y Planeación
para ver la forma de pago y que hay interés en abonar a esta deuda.
Sin embargo, el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez recientemente negó que la deuda del Gobierno con el IPE sea de 8 mil
millones de pesos, aunque dijo que hay disposición de diálogo.
"El adeudo no es de 8 mil millones de
pesos, pero sí es una cantidad considerable y la nueva administración ha
avanzado".
Incluso presumió que su Gobierno ha
regularizado algunos bienes del IPE porque no tenía las escrituras como la
estancia Garnica porque había indefinición sobre de quién era, pero del pago
nada ha dicho.
JUSTICIA
PARA PENSIONADOS, PENDIENTE
Además de esta denuncia, los jubilados
también obtuvieron en 2018 una recomendación por parte de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) por la agresión cometida contra ellos durante una
marcha en el periodo en que Javier Duarte aún era gobernador de Veracruz.
En la recomendación 16/2016 se solicitó al
Gobierno de Veracruz reparar el daño a los adultos mayores que fueron agredidos
con toletes y otras armas, y ofrecerles una disculpa pública, que según García
Jiménez está dispuesto a ofrecer aunque no dijo cuándo.
De esta recomendación tendrían que haber
derivado denuncias penales y de tipo administrativo contra mandos medios y
superiores de la SSP, como el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez; el ex director de la Fuerza Civil; el secretario de Gobierno, Flavino
Ríos, además de otros servidores públicos del Instituto de Pensiones del Estado
(FGE) y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), como es el caso de su
ex titular, Luis Ángel Bravo Contreras; sin embargo, no hay información sobre
el cumplimento de esto.
En cuanto al a Fiscalía General, entonces a
cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, la CNDH determinó que la Fiscalía General
solo entrevistó a los agentes, pero no a mandos medios y superiores “evitando
con ello la determinación de responsabilidades y el conocimiento de la verdad”.
Señaló que a los mandos medios solo se les
entrevistó en calidad de testigos y en la única acta circunstanciada que abrió
la Fiscalía no integró nuevas diligencias y no consideró elementos suficientes
para abrir una carpeta de investigación.
Además, determinó que existió una inadecuada
procuración de justicia generando que los hechos denunciados continúen impunes
pues la única carpeta de investigación no dio seguimiento a diligencias médicas
y se negó a participar con la CNDH, ya que a pesar de que personal del
organismo se presentó en la Fiscalía para solicitar acceso a los expedientes,
los hicieron esperar cinco horas, tras lo cual la respuesta fue negativa.
“La Fiscalía obstaculizó las facultades de
investigación de este organismo, y su limitada colaboración han permitido
conocer con precisión si se efectuaron las diligencias necesarias para conocer
la verdad de los hechos”.
Tampoco se dio seguimiento a la denuncia
presentada por un jubilado, ante la Fiscalía Especializada en delitos
relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, pues
desde 2016 se encuentra en integración.
En cuanto a la reparación del daño, la CNDH
recomendó otorgar rehabilitación con atención médica y psicológica, para
aliviar o contrarrestar los efectos de los actos cometidos en su contra.
Al Gobernador, la CNDH le advirtió que tenía
3 meses para reparar integralmente el daño e inscribir en el Registro Estatal
de Víctimas a los pensionados que fueron agredidos el 23 de diciembre de 2015.
Y colaborar con CNDH para la queja que
presentará ante la Contraloría General para investigar y determinar
responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la agresión.
Así como colaborar para la denuncia ante la
FGE para investigar y determinar responsabilidades penales contra los
servidores públicos de la SSP que hayan participado en los hechos, entre estos
el ex director de Fuerza Civil.