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jueves, 3 de octubre de 2019

Nueva fiscal debe concluir investigación por saqueo al IPE


*Verónica Hernández deberá cerrar la investigación a la denuncia presentada por la COPIPEV, la cual lleva 3 años de atrasos.

Xalapa, Ver. | 03 octubre de 2019
Tribuna Libre.-  A 10 años del inicio del saqueo de recursos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), calculado en al menos 8 mil millones de pesos, ninguno de los dos exgobernadores y otros presuntos responsables por este hecho han sido ha sido llevados ante la justicia.

Los integrantes del Consejo Directivo no han dado cuenta de sus acciones, a pesar de que durante años avalaron préstamos a los gobiernos estatales usando recursos de la Reserva Técnica y, aunque fueron denunciados penalmente, la carpeta fue archivada por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante los períodos de Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Winckler.

Sin embargo, ya existe un plazo límite para dar resultados, según explicó la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda, quien refirió que un juez ordenó a la fiscal encargada de despacho, Verónica Hernández, concluir las investigaciones.

En entrevista al acudir al Congreso del Estado, explicó que el plazo dado a la FGE para presentar el dictamen correspondiente fenece el 27 de octubre.

"Porque los anteriores fiscales no hicieron nada absolutamente, y está nueva responsable de la Fiscalía tiene hasta el 27 de octubre para presentar el dictamen, y es por todas las irregularidades y anomalías que han ocurrido en el IPE, y que denunciamos nosotros"

Acusó al "fiscal duartista" (Luis Ángel Bravo) y al "fiscal yunista" (Jorge Winckler Ortiz) de no avanzar en la indagatoria: "A ver si ahora con la encargada de la fiscalía tiene que marchar porque es la orden de una juez".

Por otra parte, el abogado de la COPIPEV, Juan José Llanes Gil del Ángel, admitió que la instancia investigadora no ofreció avances de la querella contra el Consejo Directivo del IPE.

Añadió que el Consejo del IPE solicitó audiencia con el entonces Fiscal Jorge Winckler Ortiz, aunque este encuentro nunca se concretó, en una tónica similar a la postura asumida por Luis Ángel Bravo Contreras.

EL DESFALCO

Desde 2009, durante el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán los recursos de la Reserva Técnica, que para entonces eran de poco más de 10 mil millones de pesos, fueron minados con préstamos para “cubrir obligaciones del Estado”.

Primero fueron préstamos de 300 y 400 millones de pesos, pero Javier Duarte de Ochoa llegó a solicitar varios préstamos por más de mil millones de pesos que no fueron devueltos.

En su último año de Gobierno, Duarte pidió mil 582 millones 793 mil 327 pesos, con lo que se acumuló un déficit de 8 mil 287 millones 156 mil 963 pesos en la Reserva Técnica del IPE.

Recientemente un juez puso de plazo a la Fiscalía de Veracruz el 27 de octubre para que resuelva la denuncia que interpusieron jubilados el 1 de agosto de 2016 en contra de los 13 consejeros y sus suplentes por la omisión de un deber legal al avalar el desfalco.

LOS DENUNCIADOS

La representante de la Coalición de Pensionistas Independientes (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda, informó que la denuncia se interpuso contra los consejeros del IPE.

Entre ellos se encuentra Enrique Levet Gorozpe, secretario general del FESAPAUV, así como la dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (SETSE), Acela Servín Murrieta, quien murió el pasado 2 de mayo de 2018 sin ser requerida por estas acusaciones.

La denuncia se presentó contra los entonces consejeros, incluyendo al presidente Octavio Antonio Gil García; el secretario técnico, José Adán Córdoba Morales; el comisario técnico Ricardo García Guzmán; el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado; el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín y la secretaria de Educación y Cultura, Xóchitl Adela Osorio Martínez.

Además, contra el entonces secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso; el de Desarrollo Social, Alfredo Ferrari Saavedra; el de Desarrollo Económico y Portuario, Gerardo Mancilla Arteaga.

La denuncia incluyó al entonces representante sindical de la sección del SNTE, Manuel Arellano Méndez; el Líder sindical del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SDTEV), Enrique Cruz Canseco; el líder sindical del SUTSEM, Ricardo Diz Herlindo; así como el representante sindical del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Faustino García Fernández.

El recurso también incluye a sus suplentes, como en el caso de Ángel Cruz Lagunes, Arturo Jaramillo Díaz de León, Francisco Salvador Torres Peralta; Édgar Murrieta González, José Álvaro Pérez Vela, Luis Sarabia Olguín, Casimiro Hernández Cuervo, Víctor Manuel Méndez Sánchez, Oswaldo Daniel Ahumada Aguirre y Jorge Octavio Téllez Kawas.

DENUNCIA ARCHIVADA

Pese a las acusaciones presentadas ante la Fiscalía General del Estado entonces a cargo del procurador Luis Ángel Bravo Contreras, la denuncia nunca avanzó. Incluso, al llegar Jorge Winckler Ortiz al puesto los jubilados fueron informados después de presionar a las autoridades, que la carpeta de investigación se había perdido.

Casi un año después de haberse interpuesto la denuncia, los pensionados solicitaron a la Fiscalía información sobre el avance de la carpeta y la respuesta fue requerirles la información para encontrar los datos, según lo declarado por Adriana Chávez.

“Nos respondió pidiendo el nombre del fiscal que lleva el caso y el número del expediente; evidenció su desconocimiento, resulta que pedimos información y nos respondieron por correo electrónico que les digamos cuál expediente, con cuál fiscal se encuentra, en qué fecha y todo como si se hubiera perdido o no tuvieran aquí las carpetas de investigación”.

A ello se suma que los pensionados nunca fueron citados para abundar en la investigación o para informarles sobre el desarrollo de esta e incluso cuando acudieron a pedir una audiencia con Winckler Ortiz, este ni siquiera los recibió.

NUEVA FISCAL, NUEVAS PRESIONES

Apenas unos días después de la remoción de Jorge Winckler Ortiz como fiscal de Veracruz, un juez de control de Pacho Viejo ordenó a la Fiscalía, ahora en manos de Verónica Hernández Giadans, finalizar la investigación correspondiente a la carpeta 246/2016.

Además, iniciar carpetas de investigación en contra de los seis fiscales y tres directores de Servicios Periciales por presunto delito de incumplimiento de deber legal y de llegar a ser responsables, fincarles responsabilidad penal.

El plazo para finalizar la investigación vence el 27 de octubre, cuando la Fiscalía deberá concluir con la carreta de investigación, debido a que el juez consideró que hubo un retraso injustificado y violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia.

Pese a ello, la directora del IPE, Daniela Griego, señaló que hasta ahora no han sido requeridos por la Fiscalía General del Estado para entregar información sobre esta denuncia.

“No conozco los términos de la denuncia de Copipev, lo que nos requiera la Fiscalía con gusto aportaremos la información que nos solicite, no hemos sido notificados ni requeridos al respecto, pero supongo que después del cambio de fiscal nos requieran”.

Dijo que cuentan con los registros contables, las actas del Consejo Directivo que son muestra de la toma de decisiones, pero que será la Fiscalía quien determine este caso.

“Si nos requieren con gusto estaremos aportando la información. Está en los registros que deja en el departamento de lo contencioso, hemos hecho seguimiento”.

GOBIERNO RECONOCE DEUDA CON EL IPE

A la par de la denuncia, desde el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se reconoció el adeudo con el IPE, se prometió saldar la deuda, pero tras dos años de administración nada de esto fue cumplido.

Con la renovación del inquilino de Palacio de Gobierno, los pensionados mantienen la esperanza del pago de poco más de 8 mil millones de pesos que fueron sacados indebidamente de la Reserva Técnica.

La directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, señaló que ya hay pláticas con la Secretaría de Finanzas y Planeación para ver la forma de pago y que hay interés en abonar a esta deuda.

Sin embargo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recientemente negó que la deuda del Gobierno con el IPE sea de 8 mil millones de pesos, aunque dijo que hay disposición de diálogo.

"El adeudo no es de 8 mil millones de pesos, pero sí es una cantidad considerable y la nueva administración ha avanzado".

Incluso presumió que su Gobierno ha regularizado algunos bienes del IPE porque no tenía las escrituras como la estancia Garnica porque había indefinición sobre de quién era, pero del pago nada ha dicho.

JUSTICIA PARA PENSIONADOS, PENDIENTE

Además de esta denuncia, los jubilados también obtuvieron en 2018 una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la agresión cometida contra ellos durante una marcha en el periodo en que Javier Duarte aún era gobernador de Veracruz.

En la recomendación 16/2016 se solicitó al Gobierno de Veracruz reparar el daño a los adultos mayores que fueron agredidos con toletes y otras armas, y ofrecerles una disculpa pública, que según García Jiménez está dispuesto a ofrecer aunque no dijo cuándo.

De esta recomendación tendrían que haber derivado denuncias penales y de tipo administrativo contra mandos medios y superiores de la SSP, como el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; el ex director de la Fuerza Civil; el secretario de Gobierno, Flavino Ríos, además de otros servidores públicos del Instituto de Pensiones del Estado (FGE) y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), como es el caso de su ex titular, Luis Ángel Bravo Contreras; sin embargo, no hay información sobre el cumplimento de esto.

En cuanto al a Fiscalía General, entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, la CNDH determinó que la Fiscalía General solo entrevistó a los agentes, pero no a mandos medios y superiores “evitando con ello la determinación de responsabilidades y el conocimiento de la verdad”.

Señaló que a los mandos medios solo se les entrevistó en calidad de testigos y en la única acta circunstanciada que abrió la Fiscalía no integró nuevas diligencias y no consideró elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación.

Además, determinó que existió una inadecuada procuración de justicia generando que los hechos denunciados continúen impunes pues la única carpeta de investigación no dio seguimiento a diligencias médicas y se negó a participar con la CNDH, ya que a pesar de que personal del organismo se presentó en la Fiscalía para solicitar acceso a los expedientes, los hicieron esperar cinco horas, tras lo cual la respuesta fue negativa.

“La Fiscalía obstaculizó las facultades de investigación de este organismo, y su limitada colaboración han permitido conocer con precisión si se efectuaron las diligencias necesarias para conocer la verdad de los hechos”. 

Tampoco se dio seguimiento a la denuncia presentada por un jubilado, ante la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, pues desde 2016 se encuentra en integración.

En cuanto a la reparación del daño, la CNDH recomendó otorgar rehabilitación con atención médica y psicológica, para aliviar o contrarrestar los efectos de los actos cometidos en su contra.

Al Gobernador, la CNDH le advirtió que tenía 3 meses para reparar integralmente el daño e inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a los pensionados que fueron agredidos el 23 de diciembre de 2015.

Y colaborar con CNDH para la queja que presentará ante la Contraloría General para investigar y determinar responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la agresión.

Así como colaborar para la denuncia ante la FGE para investigar y determinar responsabilidades penales contra los servidores públicos de la SSP que hayan participado en los hechos, entre estos el ex director de Fuerza Civil.

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