*Los
vacíos legales que prevalecen en el ejercicio de su labor cotidiana afectan su
seguridad cuando realizan el trabajo para el que fueron contratados.
Xalapa, Ver. | 21 noviembre de 2019
Tribuna
Libre.- La
diputada María Esther López Callejas, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, en el Congreso de Veracruz, presentó una Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado y al Código Penal estatal, con la finalidad de regular las
acciones que llevan a cabo las personas que se dedican al oficio de cerrajería
y por ende otorgarles un marco jurídico que les garantice que su labor está
dentro de la legalidad.
La legisladora dijo que estas modificaciones
a los ordenamientos legales señalados parten del hecho de que el Estado debe
proveer seguridad pública, que no se reduce a sólo garantizar el orden público
sino, también, el ejercicio de los derechos y las libertades de la ciudadanía.
La seguridad pública, indicó, se encuentra perfectamente definida en la Ley
como: “la función a cargo del Estado, que tiene como fines salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el
orden y la paz públicos”.
Agregó que “tutelar esos valores no es
sencillo, pero una de las actividades más importantes es la prevención del
delito, esto pues, debería ser el elemento central en la búsqueda de seguridad.
Las acciones que tienen que ver con la prevención del delito, deben basarse en
consultas con todos los sectores del gobierno y con la sociedad civil”.
Por ello y después de haber escuchado de
quienes se dedican al oficio de la cerrajería, su preocupación por los vacíos
legales que prevalecen en el ejercicio de su labor cotidiana, y que afecta su
seguridad cuando realizan el trabajo para el que fueron contratados y con el
fin de brindarles mayor certeza jurídica en el desempeño de su profesión.
De esta manera propone establecer un sistema
destinado a crear, operar y mantener la actualización del Registro de Monitoreo
de los Servicios Prestados por los Profesionales que se dedican al oficio de la
Cerrajería, en coordinación con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad (STPSP), mediante “métodos que garanticen el estricto respeto a
los derechos humanos; con apego a los principios de reserva y confidencialidad
en el servicio público”.
Señaló que así, la persona profesional que se
dedica al oficio de la cerrajería dentro del territorio veracruzano, deberá
notificar a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), cada que
preste un servicio, proporcionando los datos de su inscripción al Registro
Único, así como el de su certificación y, estará obligado a llevar un registro
de cada uno de estos.
Asimismo, plantea que la persona que solicite
los servicios de cerrajería, esté obligado y condicionado para recibir el
servicio de cerrajería, a proporcionar su nombre completo, número o folio del
documento oficial con el que se identifique, servicio solicitado, motivo del
servicio, fecha, hora y lugar donde se prestará el mismo. En caso de ser un
vehículo automotor, nombre del propietario, tipo, marca, color, número de
placas, la fecha, hora y lugar de realización del servicio; esto, en el marco
de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En lo que corresponde a la STPSP deberá
crear, operar y mantener actualizado el Registro Único de Personas
Profesionales que se dedican al Oficio de la Cerrajería en el estado, en
estrecha coordinación con la SSP, mediante métodos que “garanticen el estricto
respeto a los derechos humanos, con apego a los principios de reserva y
confidencialidad en el servicio público”.
También diseñar e implementar un programa
gratuito de certificación a personas profesionales que se dedican al oficio de
la cerrajería, con la finalidad de acreditar los conocimientos necesarios que
le permitan poder ejercer ese oficio, otorgándoles un certificado en el que
conste que son aptos para desarrollar esa actividad en la entidad veracruzana.
Finalmente, establecer en el Código Penal
estatal, que cuando el delito de robo se cometa utilizando ganzúas, chorlas,
llaves maestras o limadas, scanner o cualquier otro dispositivo electrónico
destinado para abrir, bloquear, inhibir o forzar cerraduras de cualquier tipo o
dispositivos de seguridad; el infractor recibirá de ocho meses a ocho años de
prisión.
Esta Iniciativa fue enviada para su estudio a
las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos
Constitucionales. Se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena, Del Lado
Correcto de la Historia, PRI-PVEM y PAN, así como el diputado Alexis Sánchez
García.